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CARTA SEMANAL   

Cronología de un golpe institucional, con autogolpe en marcha

02 de Enero de 2016 | 3 comentarios | 20895 visitas | Ver imagen original | A+ | A -
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Cronología de un golpe institucional, con autogolpe en marcha

Las últimas actuaciones de la saliente Asamblea Nacional han sido severamente criticadas y calificadas como una salida del Gobierno Nacional, del PSUV y del GPP dirigida a mantenerse en el poder frente a la derrota electoral del 6D que los llevó a perder su mayoría parlamentaria y que marca el declive de la Revolución Bolivariana.

La instalación del controvertido Parlamento Comunal,  la designación y juramentación de los 13 magistrados principales y 21 suplentes del Tribunal Suprema de Justicia, la reforma parcial de la Ley de Defensa Pública, la designación de Susana Barreiros como nueva Defensora Pública, la denuncia de un supuesto fraude cometido en el CNE y la   introducción de un recurso contencioso electoral ordinario contra la proclamación de 22 diputados de la oposición, con la espuria decisión de suspender los efectos de las elecciones en el estado Amazonas,   han sido  vistos dentro y fuera del país,  como una forma desesperada de destruir la institucionalidad del país, utilizando argumentos constitucionales falsos para de esa forma mantener la hegemonía del Ejecutivo, sobre el resto de los poderes gestando un golpe constitucional.

Sobre la reciente decisión de una Sala Electoral con Magistrados ilegalmente designados y con sentencia fuera de horario y en periodo vacacional, ha sido rechazada  de un extremo a otro del espectro político, y desde todos lados  se han manifestado en contra y es así como, tenemos lo dicho en APORREA ( el portal de la revolución) por autores como Edgar Perdomo Arzola, quien en su artículo denominado "TSJ Hamponato Judicial" , señala con severa dureza que:

Al menos este será el escándalo judicial en Venezuela del año 2015 que finaliza, que repercutirá a nivel internacional, dañando más la alicaída economía venezolana: lo relacionado con la impugnación contra la decisión del pueblo soberano el 6D nos guste o no, que el mafioso CNE no pudo trampear por la paliza recibida donde quedó plasmada la arrechera del pueblo venezolano por este desastre económico que se esta viviendo. Y ahora una manipulada y descarada impugnación aceptada por una sala electoral en vacaciones, integrada por unos magistrados recién nombrados en forma ilegal nos pone la piel de gallina ante el avance del hamponato judicial, estamos ante una solicitud de impugnación basada en unos supuestos votos nulos cosa nunca vista en la historia electoral venezolana, enervados en gran parte por la parte perdedora (diputados no elegidos), utilizando el mismo procedimiento ( sin aviso, y sin protesto)donde pasaron a punta de billetes a los candidatos del partido JOVEN en Guayana a la suma de los votos del psuv. Esta impugnación está asquerosamente impulsada por las presiones abiertas del ala más corrupta, del alto gobierno bolivariano para que se dicte un fallo condenatorio, que no aguanta la más mínima revisión de las facultades de derecho de las mejores universidades del mundo

Por otra parte y desde el otro extremo, el doctor Jorge Rosell, exmagistrado del TSJ al ser consultado por EL IMPULSO, expresó que al acordarse una medida cautelar de suspensión provisional de las elecciones realizadas en el Circuito 1 del estado Amazonas, y a la vez suspender los efectos del acto comicial (totalización de los votos, adjudicación de cargos y proclamación de los diputados electos) fue tomada por unos sedicientes “magistrados”  designados de forma espuria ya que  “en primer lugar dichos candidatos no llenan el perfil exigido por la Constitución, segundo, no se cumplió con el procedimiento establecido en la ley. Este es un procedimiento que debe desarrollarse por lo menos en mes y medio, sin embargo lo agotaron en menos de tres días”. Señaló que todos los ilegítimos nombramientos son inválidos, sujetos a su revocación por el mismo órgano que los designó, es decir la Asamblea Nacional.Dicha revocación tendrá que hacerse a través de una mayoría calificada de las dos terceras partes, como lo establece el artículo 265 de la Constitución, mayoría obtenida por la MUD y que el oficialismo trata de burlar a través de estas trapisondas del PSUV”.

Igualmente , Gerardo Aponte Carmona, abogado, ex rector de la Universidad de Margarita comentó ante estas actuaciones de la Asamblea Nacional que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia número 74 del 25 de enero de 2006, especifica que un falseamiento de la Constitución ocurre cuando se otorga “a las normas constitucionales una interpretación y un sentido distinto del que realmente tienen, que es en realidad una modificación no formal de la Constitución misma”.

Agrega Aponte que hoy en día, vivimos un momento republicano en que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pretenden con la colaboración incorrecta del resto de los poderes, la modificación institucional que implica transformar de manera radical el Estado. “Con estas actuaciones se pretende utilizar fraudulentamente las previsiones de orden constitucional para fines distintos a los realmente establecidos en ella, pues mediante la manipulación de la leyes y con la habilitante, se busca favorecer el cambio radical del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia de orden eminentemente civil en un Estado Socialista, Centralizado y eminentemente Militarista”. Agrega que “ese trastrocamiento generado por el falseamiento de los principios constitucionales, permitirá la desaparición paulatina del sistema democrático, la alternabilidad republicana, y todo el proceso y sus avances en materia de descentralización; para dar paso a un Estado Centralizado que dependerá en exclusiva de la decisión del Jefe del Estado”.

“Esto no es posible constitucionalmente, pero se está llevando a cabo mediante la aplicación de un entramado legal evidentemente inconstitucional. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en la sentencia comentada al inicio, expone que esto que ahora vivimos ocurrió en la Alemania de la Constitución de Weimar, “el uso fraudulento de los poderes conferidos por la ley marcial, en términos de dudosa legitimidad, forzando al Parlamento alemán a conceder a los lideres fascistas, la plenitud del poder constituyente, otorgando un poder legislativo ilimitado”.

Por su parte Andrés Velásquez, diputado de La Causa R, en su turno de palabra en la Asamblea Nacional, tildó de “descarada” la decisión de designar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por esta “Asamblea moribunda”. Calificó la sesión extraordinaria como “la sesión del miedo, del miedo que le tienen al pueblo, que dijo que son minoría”, y como “un asalto desesperado, un acto de desmantelamiento de la institucionalidad del país”.

Comentó que “fueron tan descarados que no guardaron ni la forma ni la norma constitucional para nombrar de manera chimba a estos magistrados, que algunos no cumplen con la norma establecida en la Constitución de no tener afiliación política. Es inmoral. Es deshonestidad”.

Mientras que Luis Vicente León, profesor universitario y presidente de Datanálisis, señalaba que la actitud que ha tomado el gobierno tras la derrota del 6D, de confrontación y radicalización de la revolución a través del uso del poder institucional, obviamente ayudará al gobierno a torear a la Asamblea Nacional, pero que un intento de bloqueo total lo pondría en riesgo grave y podría ser muy peligroso, ante la presión de la mayoría y la comunidad internacional”.

Explicaba Luis Vicente León que “pese a los riesgos, es evidente que el gobierno jugará duro para evitar el avance institucional de la oposición y el TSJ es uno de los factores claves”, añadiendo que “el país ha pasado tantos años sin balance de poder, que el proceso de aprendizaje y adaptación será lento y costoso”. Por lo que el debate que tendremos en el 2016 es por decidir un Referéndum Revocatorio o una Asamblea Constituyente,

El abogado José Vicente Haro, constitucionalista, explicó en una entrevista exclusiva que diera al diario El Nacional que la Asamblea Nacional saliente está abusando de sus atribuciones constitucionales y ha violentado la Constitución y que el nuevo Parlamento podría hacer una declaratoria de nulidad de las designaciones de los magistrados realizadas por la Asamblea Nacional saliente porque no reúnen los requisitos establecidos en el artículo 263 de la Constitución por lo tanto son ilegales y podrán ser removidos a través de un procedimiento constitucional que incluye al Poder Ciudadano, integrado por el defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor General.

Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes figuran tener un postgrado en materia jurídica, ser ciudadano de reconocida honorabilidad, no ser familiar en primer grado de funcionarios en altos cargos públicos, como el Presidente y el vicepresidente de la República, ministros, Contralores, entre otros, y haber ejercido la abogacía y la docencia universitaria por un mínimo de 15 años.

Según Haro, la premura en la designación de magistrados busca reforzar el control que tiene el partido de gobierno sobre los Poderes Públicos, entre ellos: el Judicial y Electoral, que son "claves para la toma de decisiones políticas en el país", por lo que la bancada opositora tendría que estudiar  mecanismos que logren que el partido de gobierno no siga teniendo el control que tiene sobre los demás Poderes porque esto sería una piedra de tranca para su acción, por lo que la nueva Asamblea Nacional deberá investigar qué mecanismos toma: si la Reforma Constitucional o la convocatoria de una Constituyente para garantizar la autonomía de los Poderes Públicos.

Para el también abogado Gustavo Astorga, quien también estuviera en la magistratura,, con la designación de los nuevos Magistrados se está violando el artículo 264 de la Constitución Nacional que reza así:Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos por un único período de doce años. La ley determinará el procedimiento de elección. En todo caso, podrán postularse candidatos o candidatas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El Comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual efectuará una tercera preselección para la decisión definitiva. 

Los ciudadanos podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados ante el Comité de Postulaciones Judiciales, o ante la Asamblea Nacional”.  

Según Astorga los nombramientos tienen vicios de ilegalidad porque no se cumplieron con los tiempos, ni tampoco con las formas para la elección de los nuevos magistrados que en algunos casos tampoco respetan las exigencias establecidas en el Artículo 263 que establece que para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia se requiere: 1. Tener la nacionalidad venezolana por nacimiento.  2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad.  3. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones. 

Agrega Gustavo Astorga que esta situación generara un conflicto de poderes donde el Ejecutivo y el Judicial acuerdan una alianza en contra del Legislativo con la finalidad de obstruir sus competencias vetando y obstaculizando su acción legislativa y contralora generando una grave situación de ingobernabilidad que llevaría al país a pasar momentos muy difíciles.

Para reencontrar el equilibrio de los poderes, Astorga plantea que la nueva Asamblea Nacional debería impugnar la designación de los 34 nuevos magistrados, entre principales y suplentes y su inhibición con la finalidad de designar Jueces Ad Hoc que conozcan los casos y decidan, ya que los nuevos magistrados no pueden ser causa y parte y el no inhibirse pueden ser recusados.

 El parlamento Comunal Nacional

A medida que avanzaba la designación de los nuevos magistrados comuneros de todo el país y diputados a la Asamblea Nacional protagonizaron un debate para avanzar en las discusiones en torno al funcionamiento del parlamento comunal el cual debe consolidar su estructura antes del 4 de enero de 2016, según lo señalara la diputada Blanca Eeckhout.

Pero ¿qué es el Parlamento Comunal? Según el artículo 21de la Ley de Comunas “El Parlamento Comunal es la máxima instancia del autogobierno en la Comuna, y sus decisiones se expresan mediante la aprobación de normativas para la regulación de la vida social y comunitaria, coadyuvar con el orden público, la convivencia, la primacía del interés colectivo sobre el interés particular y la defensa de los derechos humanos, así como en actos de gobierno sobre los aspectos de planificación, coordinación y ejecución de planes y proyectos en el ámbito de la Comuna", Como se puede observar este artículo define su ámbito espacial de una comuna y no define un Parlamento Comunal Nacional como lo puntualiza el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como parte de un proyecto más amplio del Estado Comunal el cual supuestamente se ampara en el artículo 5 de la Constitución y representa “un poder que le permita al pueblo disponer de recursos, jefaturas, toma de decisiones, leyes, forma de vida”, por lo que va a llamar a una consulta nacional donde serán discutidos aspectos como la directiva, los principios, las funciones y su legitimidad, enmarcados en un documento, al ser considerado como la máxima instancia de autogobierno en la comuna y no para restarle competencias a la AN. Nicolás Maduro, dijo que le dará "todo el poder al Parlamento Comunal, y va a ser una instancia legislativa del pueblo desde la base".


Para Germán Saltrón, el Parlamento Comunal es una garantía establecida en el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual "la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público". También cita el artículo 70, que establece a las asambleas de ciudadanos o la empresa comunitaria, entre otras organizaciones sociales, como medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía.

Sin embargo el coro jurídico establece que el Parlamento Comunal Nacional no ha sido propiamente creado por la ley y viola varios aspectos de la Constitución. "Es inconstitucional", inexistente en el ordenamiento jurídico venezolano y pretende desconocer la soberanía nacional"."Los ciudadanos solo pueden participar en el Estado Comunal a través de instancias organizadas por el gobierno nacional y para cumplir con el socialismo".

Mientras que otros articulistas señalan que es una estrategia del gobierno chavista cuando pierde una alcaldía o una gobernación: crean organizaciones paralelas, a veces con más recursos, para no perder el impulso de la revolución, como ocurrió en el estado Miranda, al ganar Henrique Capriles: crearon Corpo-Miranda, en la alcaldía de Caracas y en los estados Amazonas y Lara

Como colofón tenemos que fueron denunciados bajo el cargo de Rebelión Civil ante el Ministerio Público, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello,.

La denuncia fue hecha por los ex magistrados Cecilia Sosa Gómez y Román José Duque Corredor ante la Fiscalía General de la República y según el escrito presentado se señala que los mencionados ciudadanos buscan "impedir que se cumpla con la institucionalidad e integridad de los poderes públicos, en concreto de la Asamblea Nacional, amenazando impedir su instalación el 5 de enero, arrebatándole sus competencias constitucionales y sustituyéndola inconstitucional y subversivamente por un espurio Parlamento Comunal Autónomo, no elegido mediante el sufragio en la forma prevista en la Constitución ni en la Ley Electoral".

Según los ex magistrados desde el inicio de la campaña electoral el mandatario nacional ha llamado a sus partidarios para acciones al margen de la Constitución, solicitándoles entre otras acciones que se preparen para la "batalla", anunciando "que saldrá a la calle" y "que si ganaba la oposición habría un baño de sangre". "Estoy empeñado en hacer la revolución para demoler el viejo estado burgués y construir el nuevo estado social, popular, socialista, de democracia directa, gobierno del pueblo, pero de verdad-verdad", dijo poco antes de las elecciones, por lo que hicieron referencia a pruebas de videos y audios.

El escrito lo fundamentan que en el Artículo 143, ordinal 1 del Código Penal que dicta que “Serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años (…) Los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el Gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando".

Por lo que, solicitan ante la Fiscalía General de la República que se inicie la correspondiente investigación que puede conducir a antejuicio de mérito contra los ciudadanos Maduro y Cabello; así como la garantía judicial de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, protegiéndose así el derecho de los ciudadanos que la eligieron.

Nosotros desde Reporte Confidencial hemos explicado  que la Asamblea Nacional tiene el derecho de revisar la legalidad del estado y generar los cambios que sean necesarios.


Para nosotros (RC)  el principio de legalidad es fundamental en el ejercicio del poder público en el marco de la Constitución, las leyes vigentes y su jurisdicción, y no a la voluntad de los individuos. Un gobernante no puede actuar de manera contraria a lo establecido por la Constitución, que recopila las normas esenciales del Estado. El hecho que un mandatario haya sido elegido por votación popular no le da derecho a generar un estamento legal a su real entender, sino que todas sus medidas de gobierno deben estar sometidas al imperio de la ley.

"En las democracias, el principio de legalidad es protegido por la división de poderes. Existe un ordenamiento jurídico que impide que el poder que interpreta las leyes sea el mismo que las propone o que las ejecuta. De lo contrario, un gobierno que cree las leyes a su antojo y que se encargue además de custodiar de manera directa su cumplimiento, siempre estará dentro del principio de legalidad aún cuando cometa atropellos, ya que las leyes serán meros instrumentos gubernamentales, mas no de la legitimidad”.

A manera de conclusiones, tenemos que el país se encuentra frente a un conflicto de poderes que podría desembocar en un Golpe Institucional gestado por la actual Asamblea Nacional y el Ejecutivo Nacional al querer cambiar el status quo establecido en la Constitución Nacional a través de interpretaciones falsas de su articulado, interviniendo el poder legislativo sustituyéndolo por un supuesto Parlamento Comunal Nacional que no existe y secuestrando el TSJ al designar a un grupo de Magistrados que solo responden a los intereses del Ejecutivo, pisoteando de esta forma la Carta Magna y la voluntad de un pueblo que se expresó en las urnas el pasado 6 de diciembre y aun cuando tuviera legalidad carece de legitimidad, porque la voluntad popular con su voto así lo estableció.

Los esperamos en nuestra próxima Carta del Director;

BRAULIO JATAR ALONSO

Director de Reprote Confidencial 

 
Fecha de la Noticia: 02 de Enero de 2016
Hora: 08:50:01
Fuente: CARTA DEL DIRECTOR
Publicado Por: RC
 
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COMENTARIOS
3
Esto le cae al pelo aplicarselo a Leopoldo...!
03 de enero de 2016 a las 02:55
"...El escrito lo fundamentan que en el Artícu.lo 143, ordinal 1 del Código Penal que dicta que “Serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años (…) Los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el Gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando..." ¿Verdad Balucho...?
2
Antonio Plaza
03 de enero de 2016 a las 12:50
Excelente Braulio. Gracias pe darnos una vision clara desde el punto de vista legal a todos los Venezolanos. Lo renvio a mis contactos. Saludos. Un abrazo
1
Manuel Teruel
03 de enero de 2016 a las 08:31
Mas claro no canta un gallo!
 
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