Mr. President: ¿pueden los inversionistas confiar en quien expropió al lado de Chávez?

Mr. President: ¿pueden los inversionistas confiar en quien expropió al lado de Chávez?

Por Braulio Jatar / El Tiempo Latino

En los medios internacionales vuelve a escucharse una palabra tentadora cuando se habla de Venezuela: inversión. Se habla de oportunidades, de reconstrucción, de capital que regresa. Pero antes de pedir confianza, Mr. President, conviene hacerse una pregunta incómoda y esencial: ¿pueden los inversionistas confiar en quienes fueron actores directos del ciclo de expropiaciones más agresivo de la historia reciente del país?

Uno de esos actores es Jorge Rodríguez. Su trayectoria no es un misterio. Hijo de Jorge Antonio Rodríguez, figura histórica de la izquierda radical venezolana, Jorge Rodríguez no  es un espectador del poder, sino parte de su núcleo duro. Fue alcalde de Caracas, luego ocupó posiciones centrales en el aparato político y hoy controla la Asamblea Nacional, siempre al lado del poder real, primero con Chávez y luego con Maduro.

Para cualquier inversionista serio, la biografía importa. Y en este caso, importa mucho. Porque hay imágenes que no se borran con discursos de apertura. En 2010, Hugo Chávez recorría Caracas señalando edificios privados, ordenando su expropiación en vivo, sin proceso previo ni indemnización clara.

No era una escena improvisada. A su lado estaba Jorge Rodríguez, identificando los inmuebles, confirmando su uso, validando la orden. Entonces venía el grito que se convirtió en método de Estado: “¡Exprópiese!”.

Ese momento no es una anécdota folclórica. Es la expresión cruda de una forma de ejercer el poder. Y el problema para el capital no es ideológico, es jurídico. La inversión no teme al cambio político; teme a la arbitrariedad. Y la arbitrariedad, cuando se normaliza, destruye cualquier noción de seguridad jurídica.

Hoy se habla de reconciliación y de reglas nuevas. Pero el contexto en el que surge ese discurso no puede ignorarse. La detención de Nicolás Maduro a comienzos de enero de 2026 alteró abruptamente el equilibrio interno del poder y obligó a sus operadores a moverse rápido.

En paralelo, el país arrastra un pesado lastre institucional. Según la ONG Foro Penal, solo entre 2014 y 2025 se registraron alrededor de 18.000 detenciones por motivos políticos. Al inicio de 2026, más de 700 personas seguían privadas de libertad por razones políticas. Ese dato no es ajeno al clima de negocios. Un sistema que usó el derecho penal como herramienta de control político difícilmente puede ofrecer, de la noche a la mañana, garantías contractuales creíbles.

Por eso la pregunta no es si Venezuela necesita inversión. La necesita con urgencia. La pregunta es si quienes hoy prometen seguridad jurídica están dispuestos a desmontar el andamiaje que permitió expropiar, confiscar y perseguir sin consecuencias. Sin memoria, no hay confianza. Sin garantías reales de no repetición, no hay inversión sostenible.

Mr. President, la confianza no se decreta. Se construye. Y en Venezuela, esa construcción pasa inevitablemente por responder una verdad incómoda: no se puede pedir fe a los inversionistas mientras los mismos nombres del “¡exprópiese!” siguen administrando el poder.

Braulio Jatar
Abogado, editor, escritor y profesor.
Activista de derechos humanos y de la causa migrante.
Ex preso político (2016–2021).