Author: Braulio jatar

Los salvadoreños también votan con los pies
Por Braulio Jatar | El Tiempo Latino, Washington D.C.

Desde que Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador en junio de 2019, un relato persistente ha dominado las conversaciones sobre migración centroamericana: que su mano dura contra las pandillas ha logrado lo que otros gobiernos no pudieron, detener el éxodo de salvadoreños hacia Estados Unidos.
Esta narrativa, repetida incansablemente, se ha convertido en uno de los pilares del capital político de Bukele. Sin embargo, el análisis de los datos objetivos lleva a una conclusión distinta: sus conciudadanos no han dejado de emigrar, y tampoco hay evidencia de que muchos estén regresando por voluntad propia.
El gráfico de encuentros fronterizos, con agentes de los Estados Unidos, compilado por Jeffrey Swindle y Matthew D. Blanton nos muestra algo revelador: las tendencias migratorias salvadoreñas no son excepcionales, sino que siguen patrones similares a los de sus vecinos Honduras y Guatemala.

Las tres líneas —amarilla para El Salvador, roja para Honduras y azul para Guatemala— dibujan una coreografía casi sincronizada a lo largo de toda la década analizada. Sus ascensos, caídas y picos más pronunciados se dan con una sorprendente simultaneidad regional. No obstante, salta a la vista que la línea correspondiente a El Salvador ya no supera a la de sus vecinos. Hoy, es Honduras la que marca los picos más altos.
Cuando Bukele tomó posesión en junio de 2019, marcado por la primera línea vertical en el gráfico, El Salvador ya estaba experimentando un aumento en encuentros fronterizos, tendencia compartida con sus vecinos. Más revelador aún: tras la implementación del Estado de Excepción en marzo de 2022 —segunda línea vertical—, la disminución observada en los encuentros de migrantes salvadoreños con la patrulla fronteriza estadounidense es prácticamente idéntica a la experimentada por guatemaltecos y hondureños.
Contrario a lo que sugiere la propaganda oficial, los salvadoreños responden a los mismos factores que impulsan a sus vecinos en la región. El desempleo, la pobreza persistente y la falta de oportunidades económicas. Problemas que el gobierno de El Salvador tampoco ha resuelto de forma estructural.
Nadie puede negar que Bukele ha transformado la realidad salvadoreña en términos de seguridad ciudadana. Barrios que durante décadas estuvieron bajo el control de la MS-13 y Barrio 18 hoy experimentan una tranquilidad desconocida por generaciones. Sin embargo, este logro ha venido acompañado de detenciones arbitrarias, la suspensión prolongada de garantías constitucionales y una criminalización basada en la apariencia —particularmente contra jóvenes con tatuajes—, factores que, lejos de desalentar la migración, han generado nuevos motivos para huir del país.
Este círculo vicioso resulta especialmente trágico para los deportados Salvadoreños que emigraron hace años —muchos con tatuajes adquiridos durante su vida en Estados Unidos— ahora enfrentan una doble amenaza: la persecución por parte de las autoridades migratorias bajo la administración Trump y, al ser deportados, la presunción de culpabilidad en su propio país. Son vistos no como retornados, sino como sospechosos.
El verdadero desafío para El Salvador no es únicamente reducir la violencia pandilleril —un logro indiscutible del gobierno de Bukele, aunque alcanzado a costa de graves retrocesos en materia de derechos humanos—, sino construir un país donde los salvadoreños puedan imaginar un futuro digno. Un país donde los jóvenes no sientan que emigrar es su única salida. Un país donde el respeto al Estado de derecho y las oportunidades económicas sean realidades tangibles, y no promesas eternamente aplazadas.
El Salvador no es excepcional. Sus ciudadanos siguen votando con sus pies, emprendiendo el peligroso camino hacia el norte en números proporcionalmente similares a sus vecinos, revelando que la verdadera solución al desafío migratorio sigue siendo esquiva, incluso para el gobierno más popular de América Latina.

DDHH sin alma: El caso de Isabel Amor en Chile.
Por Braulio Jatar (ETL)
En el escenario de Chile, se despliega un drama shakespeariano bajo los fríos vientos del invierno. Isabel Amor, activista destacada por los derechos humanos y defensora de la diversidad sexual, se ve confrontada por un pasado que no le pertenece. Hija de Manuel Antonio Amor Lillo, su relación familiar agridulce se ha convertido en el epicentro de su propia tragedia.
Tras el golpe de estado contra el presidente Salvador Allende en 1973, el cirujano Amor Lillo fue designado responsable de un hospital de campaña situado en el Estadio Nacional que, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, se convirtió en un notorio centro de detención y tortura. En 2024, la justicia condenó al médico a tres años de prisión, subrayando que le era imposible ignorar las detenciones y torturas ejecutadas en el recinto. Sin embargo, no se le atribuye una participación directa en estos hechos.
Apenas dos días después de haber sido nombrada directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) en la región de Los Ríos, Isabel fue destituida. Su despido estuvo marcado por una controversia ligada a un borrador de entrevista para la revista Sábado de El Mercurio, donde supuestamente no asumió con suficiente firmeza la responsabilidad de su padre en los eventos delictivos por los que fue sentenciado.
Isabel Amor nunca ha ocultado sus lazos familiares ni sus convicciones personales. Durante el reportaje, aún no publicado, expresó su creencia en la versión de su padre, quien sostiene que no tuvo participación directa en los actos de tortura. Esta postura, que Isabel defiende, se basa en la coincidencia entre las afirmaciones del condenado y los hechos establecidos en su sentencia. Esta lealtad filial, seguida de su remoción del cargo, parece ser una pena adicional impuesta a la condena de su progenitor, suscitando graves cuestionamientos éticos
¿Es justo que Isabel Amor sea evaluada profesionalmente por sus vínculos familiares y sus creencias personales sobre la culpabilidad de su padre? ¿Debe alguien renunciar a su familia para desempeñar un cargo público? ¿Es posible mantener la compasión y la comprensión mientras se defienden principios de justicia inflexibles?
Este caso nos impone una vez más, reflexionar profundamente sobre nuestros principios y prácticas en materia de derechos humanos y la pendiente reconciliación que sigue siendo un importante déficit en la historia chilena.
Es crucial que nadie dude que la defensa de los derechos fundamentales no debe llevar a la deshumanización de la sociedad, ni mucho menos motivar decisiones injustas por parte del Estado. Los derechos humanos no deben ser tratados como deudas eternas, atrapados en un ciclo interminable de traspasos y reclamaciones, como si fueran parte de una cadena incesante de endosatarios.

Boric despierta y derrumba a Allende 50 años después
Por Braulio Jatar Alonso
El Tiempo Latino (Washington)
En la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, el presidente chileno Gabriel Boric sorprendió a todo el país recitando de memoria el histórico discurso de Salvador Allende del 11 de septiembre de 1973. La escena, transmitida en vivo por la televisión nacional y amplificada por altavoces alrededor del Palacio de La Moneda, devolvió la voz del presidente mártir a los espacios donde cayó bajo el fuego de las fuerzas golpistas. Una escena potente, poética y simbólicamente conmovedora.
Es comprensible imaginar que, motivado por la solemnidad del momento, Boric concibiera la idea de convertir la última residencia de Allende —ubicada en la calle Guardia Vieja, en la comuna de Providencia— en un museo histórico. Para ello, convocó a sus colaboradores más cercanos: la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, la ministra de Defensa y nieta del expresidente, Maya Fernández Allende, y la senadora Isabel Allende Bussi, su hija. Todos, conmovidos por la carga simbólica, habrían abrazado esta visión patrimonialista: convertir en memoria estatal el patrimonio familiar del más importante líder de la izquierda chilena.
Pero en medio de la efervescencia emocional, se omitió un detalle de proporciones constitucionales.
La Constitución Política de la República de Chile, en su Artículo 36, establece la prohibición expresa para los Ministros de Estado de “celebrar o caucionar contratos con el Estado” durante su ejercicio. La Ley Orgánica Constitucional N°18.575, sobre las bases de la Administración del Estado, refuerza esta restricción en su Artículo 56, que prohíbe que funcionarios públicos celebren contratos con organismos del Estado si tienen vínculos familiares o conflicto de interés. A esto se suma la Ley N°20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de intereses, que impide cualquier operación que beneficie económicamente a un funcionario o su familia directa a costa de los recursos del Estado.
Pues bien: el contrato de compraventa de la casa de Salvador Allende fue firmado tanto por Maya Fernández como por Isabel Allende, ambas en funciones públicas. La operación se habría concretado por el equivalente a 933 millones de pesos chilenos (cerca de 1 millón de dólares), y lo más grave: el inmueble seguiría siendo ocupado por la familia Allende, incluso luego de transferido al fisco. Es decir, además de la compra, había una cláusula de usufructo implícito.
A nadie se le ocurrió pensar —ni siquiera a los acérrimos críticos del capitalismo— que una mejor opción habría sido donar el inmueble al Estado chileno como gesto histórico. Por el contrario, la negociación asumió las formas más crudas del libre mercado: se vendía la memoria, pero se seguía disfrutando del bien.
Como era previsible en un Estado de Derecho como Chile, la operación produjo una cadena de consecuencias institucionales. La primera en caer fue la ministra Marcela Sandoval, quien presentó su renuncia en enero tras el escándalo. Luego le siguió la propia Maya Fernández, quien dejó el Ministerio de Defensa en marzo. Finalmente, el 3 de abril de 2025, el Tribunal Constitucional resolvió por mayoría que Isabel Allende Bussi incurrió en una infracción grave a la Carta Magna y fue destituida de su cargo como senadora, quedando inhabilitada para ejercer funciones públicas por cinco años.
De esta manera, el sueño simbólico de Boric —nacido probablemente entre lágrimas, banderas y discursos durante la conmemoración de los 50 años— terminó convirtiéndose en un derrumbe institucional y familiar. No sólo se afectó la imagen de Salvador Allende, sino también la credibilidad de su descendencia política.
Una tragedia sin épica. Un homenaje que terminó en escándalo. Y una lección sobre cómo incluso las más nobles intenciones pueden naufragar cuando la legalidad se ve como un trámite prescindible.

El reciente Informe de Desarrollo Humano 2024 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aborda una paradoja clave en Chile: mientras el país ha logrado avances significativos en indicadores de desarrollo humano, como la reducción de la pobreza y el aumento de la esperanza de vida, enfrenta grandes dificultades para implementar cambios que respondan a las demandas sociales​ (Cooperativa.cl)​ (Radio Pauta 100.5).

Desafíos para el cambio

Una de las principales conclusiones del informe es la persistente disfuncionalidad en la relación entre la ciudadanía, las élites políticas y los movimientos sociales. Aunque el 88% de los chilenos desea cambios, existe una marcada preferencia por que estos se produzcan de manera gradual​ (Radio Universidad Chile)​ (Tele13 Radio). Este deseo de cambios pausados parece ser una reacción al agotamiento generado por intentos fallidos de reformas abruptas, como los recientes procesos constitucionales y los estallidos sociales​ (El País).

Desconfianza y polarización

El informe revela que la desconfianza en los liderazgos políticos es uno de los principales obstáculos para el progreso en Chile. Un 67% de los ciudadanos cree que los líderes políticos priorizan sus propios intereses, carecen de experiencia y no comprenden los problemas reales de la gente​ (Radio Universidad Chile). Además, la polarización del debate público agrava esta situación, impidiendo el consenso necesario para avanzar en reformas cruciales, como las del sistema de pensiones y salud​ (Radio Pauta 100.5).

Oportunidades y futuro

A pesar de estos desafíos, el informe también resalta oportunidades. La sociedad chilena sigue mostrando un fuerte compromiso con la democracia y una creciente intolerancia hacia la desigualdad. Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades, es fundamental reconstruir la confianza en las instituciones mediante resultados concretos en protección social y derechos​ (Tele13 Radio).

Este informe ofrece una visión profunda sobre las dificultades de Chile para adaptarse a los cambios sociales y económicos, y subraya la necesidad de un liderazgo más conectado con la realidad de los ciudadanos. Es crucial que tanto las élites como la ciudadanía comprendan que los cambios requieren tiempo, pero también voluntad política y acuerdos pragmáticos​ (Radio Universidad Chile).

Braulio Jatar responde a las declaraciones del diputado Gonzalo Winter sobre la inmigración venezolana

El comunicador venezolano critica el uso político de la inmigración por parte de la izquierda chilena

El abogado y comunicador chileno / venezolano Braulio Jatar se ha visto obligado a responder a las declaraciones del diputado Gonzalo Winter de la izquierda chilena, quien afirmó que la derecha de Chile, encabezada por Sebastián Piñera, promovió la inmigración irregular hacia el país bajo el cálculo político, de que “todos votarían luego por candidatos de derecha”.

Jatar califica estas declaraciones como “irresponsables” y afirma que le repugnan en lo personal. El ex preso político de  Maduro señala que en Estados Unidos hay más de medio millón de venezolanos, en Colombia hay 2,5 millones y en Ecuador hay alrededor de 500.000, y que en ninguno de estos países la derecha los llamó.

Según Jatar, el problema radica en que el gobierno de izquierda en Venezuela desplaza a los venezolanos a todos los lugares posibles, lo que ha llevado a que haya más de 8 millones de venezolanos desplazados en más de 80 ciudades en todo el mundo, todos desplazados por el gobierno al que la izquierda chilena ha defendido hasta el último instante.

El también activista de derechos humanos  hace un llamado al diputado Winter para que abogue por los  DDHH  de estas familias desarraigadas, que hoy en día del padre no tienen la posibilidad de celebrar en familia y que en muchos casos apenas pueden sobrevivir y llevar algo de comida para sus propias bocas y las de sus hijos y familias que dejan atrás.

Jatar advierte a Winter y a todos aquellos que usen la inmigración y el dolor de estas familias como arma política que no va a aceptar que sigan utilizándolos, ya que con ello violan los derechos fundamentales de los seres humanos.

“La necesidad de una Policía Metropolitana Armada para Santiago de Chile: Un análisis basado en evidencia y experiencias internacionales”

Introducción:

La seguridad ciudadana es un derecho fundamental y una responsabilidad primordial del Estado. Sin embargo, en la Región Metropolitana de Santiago de Chile, el aumento de la delincuencia ha generado una creciente preocupación sobre la capacidad de Carabineros, la policía nacional, para hacer frente a este desafío. Este artículo analiza la situación actual y propone la creación de una Policía Metropolitana Armada para Santiago como una solución efectiva, basándose en evidencia estadística y ejemplos de las cinco policías municipales más importantes del mundo.

Situación actual:

Según el Informe Trimestral de Estadísticas Delictuales de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD, 2023), durante el primer trimestre de 2023 se registraron 146.712 delitos en la Región Metropolitana de Santiago, lo que representa un aumento del 8,4% en comparación con el mismo período del año anterior. La tasa de victimización trimestral alcanzó un preocupante 11,2%, superando el promedio nacional de 7,9%. Estos datos reflejan la persistencia y gravedad de la crisis de seguridad en la capital chilena.

Además, según el mismo informe, los delitos de mayor connotación social (DMCS) en la Región Metropolitana aumentaron un 11,3% en comparación con el primer trimestre de 2022. Los robos con violencia o intimidación tuvieron un incremento del 15,7%, mientras que los robos de vehículos motorizados aumentaron un 13,2%. Estas cifras evidencian la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de prevención y control del delito en Santiago.

Estándares internacionales y casos de éxito:

La ONU recomienda un mínimo de 300 policías por cada 100.000 habitantes para garantizar una adecuada prevención y respuesta al delito (UNODC, 2017). Sin embargo, según datos de Carabineros de Chile (2022), en la Región Metropolitana hay apenas 220 efectivos por cada 100.000 habitantes. Esta escasez de personal se traduce en tiempos de respuesta prolongados ante llamadas de emergencia, que promedian los 20 minutos, muy por encima del estándar internacional de 5 a 10 minutos (Frühling, 2020).

A continuación, se presentan las cinco policías municipales más importantes del mundo, considerando el número de efectivos por habitante y el tiempo de respuesta como parámetros clave:

1. Policía Metropolitana de Tokio (Japón): Con 43.273 oficiales para una población de 13,96 millones, cuenta con 310 policías por cada 100.000 habitantes. Su tiempo de respuesta promedio es de 6 minutos (Tokyo Metropolitan Police Department, 2021).

2. Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, EE.UU.): Cuenta con 415 policías por cada 100.000 habitantes, con un total de 35.783 oficiales para una población de 8,62 millones. El tiempo de respuesta promedio es de 7 minutos (NYPD, 2022).

3. Policía Metropolitana de Londres (Reino Unido): Tiene 32.954 oficiales para una población de 9,00 millones, lo que representa 366 policías por cada 100.000 habitantes. Su tiempo de respuesta promedio es de 8 minutos (Metropolitan Police Service, 2021).

4. Policía Metropolitana de Bogotá (Colombia): Cuenta con 350 efectivos por cada 100.000 habitantes, con un total de 26.740 oficiales para una población de 7,64 millones. El tiempo de respuesta promedio es de 10 minutos (Secretaría de Seguridad de Bogotá, 2021).

5. Policía de la Ciudad de Los Ángeles (LAPD, EE.UU.): Tiene 9.974 oficiales para una población de 4,02 millones, lo que representa 248 policías por cada 100.000 habitantes. Su tiempo de respuesta promedio es de 9 minutos (LAPD, 2022).

Estas policías municipales destacan por su efectividad en el manejo de la seguridad ciudadana en grandes urbes, gracias a su adecuada dotación de personal y tiempos de respuesta optimizados.

Conclusión:

La evidencia presentada, tanto en términos de la situación actual en Santiago de Chile como de las experiencias exitosas de las principales policías municipales del mundo, respalda firmemente la necesidad de crear una Policía Metropolitana Armada para la capital chilena. Esta medida permitiría una mayor cercanía con la comunidad, un mejor conocimiento del terreno y una respuesta más rápida y efectiva ante el delito. Es fundamental empoderar a los municipios y proporcionarles las herramientas necesarias para proteger a sus ciudadanos. La seguridad es un derecho que no puede seguir postergándose, y la Policía Metropolitana Armada de Santiago representa un paso crucial hacia esa meta.

Referencias:

– Carabineros de Chile. (2022). Informe Anual de Gestión 2021. Santiago, Chile.

– Frühling, H. (2020). Políticas públicas en materia de seguridad ciudadana durante el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014). Política criminal, 15(29), 1-25.

– Los Angeles Police Department (LAPD). (2022). Statistical Digest 2021. Los Angeles, USA.

– Metropolitan Police Service. (2021). Annual Report and Statement of Accounts 2020/21. London, UK.

– New York Police Department (NYPD). (2022). Annual Report 2021. New York, USA.

– Secretaría de Seguridad de Bogotá. (2021). Informe de Gestión 2020. Bogotá, Colombia.

– Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD). (2023). Informe Trimestral de Estadísticas Delictuales, primer trimestre de 2023. Santiago, Chile.

– Tokyo Metropolitan Police Department. (2021). Police Statistics 2020. Tokyo, Japan.

– United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2017). Guidelines on Crime Prevention and Criminal Justice.