Escritos Jurídicos

ICE: una cronología de muertos y heridos que exige respuestas

Por Braulio Jatar Alonso (NotiAmerica)

Wilber Rafael Garcés Pérez tiene 28 años, es venezolano y trabajaba haciendo entregas de comida en Austin, Texas. El 20 de septiembre un agente de ICE le disparó por la espalda durante un operativo vehicular. La bala permaneció alojada cerca de su columna durante once días. El 1 de octubre tuvieron finalmente que operarlo para retirársela.

ICE sostiene que Garcés intentó huir y que utilizó su vehículo contra los agentes. Él afirma que intentaba detenerse y que un vehículo federal chocó el suyo antes del disparo. El agente que disparó no llevaba una cámara corporal activa. Garcés apareció después ante un juez en silla de ruedas y con un brazo inmovilizado. Sigue detenido y enfrenta cargos federales.

El 7 de enero, en Minneapolis, la ciudadana estadounidense Renée Good, de 37 años y madre de tres hijos, murió después de que un agente de ICE disparara tres veces contra su vehículo. El Gobierno sostuvo inicialmente que había intentado atropellar al funcionario. Un análisis de videos realizado por Reuters mostró que el primer disparo ocurrió cuando el automóvil comenzaba a pasar junto al agente.

Una semana después, el venezolano Julio César Sosa-Celis recibió un disparo de un agente de ICE en Minneapolis. DHS informó inicialmente que el funcionario había disparado para defenderse de un ataque. Posteriormente, documentos del FBI indicaron que los hombres involucrados habían soltado una escoba y una pala y se alejaban cuando el agente disparó. Meses después, un agente de ICE fue acusado de realizar declaraciones falsas sobre aquel episodio.

El 24 de enero murió Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos y ciudadano estadounidense. En este caso los disparos provinieron de agentes de Border Patrol y CBP, no de ICE. DHS presentó inicialmente a Pretti como una amenaza armada. Videos revisados por Reuters mostraron que tenía un teléfono en la mano cuando comenzó el forcejeo y que un agente había retirado su arma antes de los primeros disparos.

El 7 de julio, un agente de ICE mató en Houston al mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años. ICE afirmó que intentó atropellar a un agente. Tres pasajeros que viajaban con él declararon posteriormente que Salgado se había detenido y que ningún funcionario estaba frente al vehículo cuando comenzaron los disparos.

Seis días después, el 13 de julio, un agente de ICE mató en Biddeford, Maine, al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero. Tenía permiso de trabajo y, según autoridades y familiares, ni siquiera era la persona que los agentes estaban buscando.

Después de esas dos muertes ICE suspendió temporalmente los controles vehiculares. Al día siguiente Trump ordenó reanudarlos.

Ahora ICE acaba de prohibir las persecuciones a alta velocidad y exige mayores controles, cámaras corporales y vehículos debidamente identificados para determinados operativos. La decisión llega después de muertos, heridos y versiones oficiales que en varios casos terminaron confrontadas por videos, testigos o documentos judiciales.

Aplicar la ley migratoria es una facultad del Estado. Disparar contra personas durante operativos migratorios obliga a algo igualmente elemental: investigar cada caso, conocer quién disparó, disponer de cámaras, entregar las imágenes y determinar responsabilidades.

Wilber Garcés sobrevivió. Durante once días llevó en su espalda la bala disparada por un agente del Estado. Su caso no comenzó esta historia. Es simplemente el último capítulo conocido.

¿Quién es Trump para decidir cuándo votan los venezolanos?

Por Braulio Jatar Alonso  (El Tiempo Latino Washington)

Donald Trump acaba de decir que todavía es “demasiado pronto” para celebrar elecciones en Venezuela. En los últimos meses ha vinculado repetidamente el futuro venezolano con la llegada de las grandes compañías petroleras estadounidenses y con la recuperación de la producción de crudo.

Las exportaciones venezolanas de petróleo cayeron casi 9% en septiembre, hasta unos 1,08 millones de barriles diarios. Sin embargo, mientras Venezuela vendió menos petróleo al mundo, las exportaciones hacia Estados Unidos aumentaron de 553.000 a 629.000 barriles diarios. Chevron, por su parte, mantuvo unos 283.000 barriles diarios desde sus empresas mixtas.

Estados Unidos tuvo un papel decisivo en la salida de Maduro y sería absurdo desconocerlo. También sería ingenuo desconocer que Washington tiene intereses estratégicos legítimos en Venezuela, como los tienen China, Rusia, Europa y cualquier potencia que observa las mayores reservas petroleras del planeta.  

María Corina Machado ha sostenido precisamente que solo un gobierno democrático puede ofrecer seguridad duradera a quienes quieran invertir en el petróleo venezolano. También ha cuestionado la transparencia de los acuerdos petroleros y continúa reclamando elecciones.  .

Trump pide tiempo para las elecciones venezolanas justamente cuando él se prepara para enfrentar el juicio electoral de los estadounidenses en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Su aprobación cayó a 32% en la encuesta Reuters/Ipsos de septiembre y los demócratas aparecían con ocho puntos de ventaja sobre los republicanos en intención nacional de voto para el Congreso.  

La mayoría republicana actual es además muy estrecha. Al 1 de octubre había 218 republicanos, 214 demócratas, un independiente y dos vacantes en la Cámara de Representantes. En el Senado la relación era 53 republicanos frente a 45 demócratas y dos independientes junto con ellos.

¿Qué ocurriría si los republicanos pierden la Cámara? No significa que Trump será destituido. Significa que una nueva mayoría tendría capacidad para investigar a su gobierno, emitir citaciones y, si existieran fundamentos suficientes, iniciar un nuevo impeachment.

La Cámara puede acusar por mayoría simple, pero una destitución requeriría después el voto de dos tercios del Senado, algo mucho más difícil con la actual composición política.

Dentro de pocas semanas, Trump tendrá que aceptar lo que decidan los ciudadanos estadounidenses sobre el Congreso que deberá gobernar con él. Esa misma regla elemental debe valer para Venezuela.

Los venezolanos podemos necesitar aliados. Podemos requerir inversiones, mercados, seguridad y apoyo internacional. Lo que no necesitamos es cambiar un poder que decidió durante años cuándo podíamos votar por otro poder extranjero que ahora pretenda decidir exactamente lo mismo.

María Corina Machado y todos los dirigentes venezolanos tienen delante una responsabilidad histórica: poner los intereses nacionales por encima de cualquier gobierno extranjero, sea amigo, aliado o adversario.

Washington puede negociar petróleo con Venezuela y puede defender sus propios intereses y los venezolanos debemos defender los nuestros. Entre esos intereses está uno que no debería estar sujeto a negociación: decidir mediante el voto quién gobierna Venezuela.

TPS de venezolanos en EEUU tiene tres lenguas

Por Braulio Jatar

Mientras el 5 de septiembre el juez federal Edward Chen restituía el TPS para venezolanos hasta octubre de 2026, ocho buques de guerra estadounidenses con 1,200 misiles navegaban por el Caribe en una operación militar sin precedentes contra el régimen de Maduro “Si Venezuela fuera agredida pasaríamos inmediatamente al período de lucha armada”, dice Maduro.

Esta paradoja ilustra perfectamente por qué el debate migratorio venezolano “tiene tres lenguas” que no se entienden entre sí, creando una contradicción que expone la incoherencia de las políticas estadounidenses.

La contradicción en tiempo real

“Si el mensaje es ‘les vamos a devolver la democracia’, no tengo porqué extender el TPS; o el otro es ‘como no tenemos plan para rescatarles la democracia, los voy a dejar aquí con TPS'”. Esta observación cobra nueva dimensión cuando Estados Unidos despliega simultáneamente la mayor demostración de fuerza naval en décadas mientras extiende protección temporal a los venezolanos que huyen del mismo régimen que amenaza militarmente.

Washington habla de “máxima presión” militar para derrocar a Maduro mientras el sistema judicial estadounidense garantiza que los venezolanos permanezcan indefinidamente en territorio americano. ¿Cuál es el mensaje real? ¿Derrocar el régimen o acomodar permanentemente a sus víctimas?

Las tres lenguas en conflicto abierto

La lengua política promete democratización con recompensas de 50 millones de dólares por la captura de Maduro Estados Unidos desplegó fuerzas militares en el mar Caribe para combatir cárteles de la droga latinoamericanos y retórica sobre restablecer la democracia. Pero después de años de promesas incumplidas, esta narrativa aporrea la credibilidad cuando se enfrenta a la realidad operativa.

La lengua militar habla ahora con claridad inédita. El despliegue incluye destructores clase Arleigh Burke con misiles Tomahawk, submarinos nucleares, y 10 cazas F-35 que se sumaron tras incidentes con aeronaves venezolanas Bajo el Título 50 del Código estadounidense.

 Trump tiene autoridad para ejecutar operaciones militares sin informar previamente al Congreso Despliegue de EEUU en el mar Caribe prepara el terreno para acciones contra el régimen de Maduro. Esta es presión militar real, no retórica.

La lengua judicial, mientras tanto, opera en una realidad paralela. El fallo del juez Chen otorga certeza legal a más de 600,000 venezolanos, ignorando completamente que existe una operación militar activa contra el país de origen de estos mismos beneficiarios.

La incoherencia como política

Esta contradicción no es accidental, es sistémica. Mientras buques estadounidenses interceptan narcotraficantes venezolanos en aguas internacionales el TPS garantiza que los ciudadanos del mismo país permanezcan protegidos en territorio americano. La lógica es insostenible: no se puede simultáneamente preparar una intervención militar para “liberar” Venezuela y mantener un TPS eterno para sus nacionales.

La realidad es que ninguna de las tres lenguas resuelve el problema venezolano. La política promete sin entregar, lo militar amenaza sin actuar decisivamente, y lo judicial protege indefinidamente sin considerar las implicaciones geopolíticas de esa protección permanente.

La pregunta incómoda

Si Estados Unidos tiene capacidad para “terminar con Maduro en un corto tiempo” Despliegue de EEUU en el mar Caribe prepara el terreno para acciones contra el régimen de Maduro según admiten sus propios expertos militares, ¿por qué necesita un TPS eterno? Y si realmente no tiene intención de actuar militarmente, ¿por qué mantiene la retórica de liberación democrática?

Las tres lenguas institucionales no solo hablan idiomas diferentes, sino que se contradicen abiertamente, o chicha o limonada diría una abuela de nuestra Venezuela.

Del Decreto 381 a la Constitución de 2019: la dictadura cubana se escribe en piedra, pero la justifica la candidata de la izquierda chilena

Por Braulio Jatar Alonso
Abogado, comunicador, expreso político y defensor de derechos humanos

La Constitución cubana de 2019 no es un simple texto jurídico que organiza el poder político. Es, en su esencia, el producto más perfeccionado de una arquitectura legal diseñada desde 1959 para blindar un proyecto de dominación política absoluta.

Su origen se encuentra en el Decreto 381 del gobierno revolucionario de Fidel Castro, un acto fundacional que desmontó la institucionalidad republicana y subordinó el sistema de justicia al poder ejecutivo.

Este instrumento legal, promulgado en 1959 apenas meses después del triunfo de la Revolución, desmanteló el Tribunal Supremo de la República y lo sustituyó por un Tribunal Supremo Revolucionario, cuyos miembros fueron designados directamente por el Ejecutivo

Este decreto, junto a la Ley Fundamental de 1959 que reemplazó la Constitución democrática de 1940, marcó el inicio de una reconfiguración autoritaria del Estado.

La Constitución vigente, aprobada en 2019, no oculta su naturaleza. En su preámbulo, proclama que el orden constitucional cubano se guía por el pensamiento marxistaleninista, el legado de Fidel Castro y la “unidad nacional” bajo el liderazgo indiscutido del Partido Comunista de Cuba (PCC).

El texto afirma estar “identificado con los postulados del concepto de Revolución, expresado por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”. Desde la primera línea, la Constitución establece un marco de obediencia ideológica incompatible con los principios democráticos universales.

“El sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución.” (Artículo 4)

Aquí no se protege un sistema político entre otros posibles, sino que se consagra como eterno e inmodificable. Esta cláusula petrifica el modelo ideológico e impide constitucionalmente cualquier transición democrática. Más aún, legitima la violencia en nombre de la defensa del régimen.

“El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado.” (Artículo 5)

Esta norma convierte al PCC no solo en partido único de facto, sino en órgano supremo del Estado por mandato constitucional. El pluralismo político no solo está ausente: está proscrito.

“El Estado reconoce la libertad de pensamiento… La libertad de prensa se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. Los medios fundamentales… son de propiedad socialista…” (Artículos 54 y 55)

Aunque se reconocen formalmente las libertades de pensamiento y expresión, su ejercicio está condicionado al respeto a los fines del socialismo. En la práctica, se trata de libertades vigiladas, delimitadas por la ideología oficial. No hay prensa independiente, ni propiedad privada de medios, ni protección para la disidencia.

A comienzos de 2025, la candidata presidencial de la izquierda chilena y ganadora de las primarias del sector, Jeannette Jara —militante del Partido Comunista desde los 14 años— declaró que “Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro… hay un partido único, pero no es el único sistema así, y cada pueblo tiene que definir su gobierno”.

Aunque reconoció que Venezuela es un “régimen autoritario”, eximió expresamente a Cuba de esa calificación, atribuyendo su crisis interna exclusivamente a los efectos del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

Aceptar ese modelo como una variante válida del sistema democrático es no solo conceptualmente erróneo, sino moralmente peligroso. La democracia no es un decorado institucional ni un slogan cultural: requiere pluralismo político, derechos garantizados y alternancia en el poder.

Por: Braulio Jatar
Reporte Confidencial | Abril 2025

La negligencia médica que cambió la vida de un trabajador migrante

Cuando José Ramos, conocido cariñosamente como “Kike”, entró por primera vez a mi oficina, lo hizo con una historia que reflejaba la cara más dura de nuestro sistema de salud chileno. Un repartidor venezolano en Santiago, trabajador como tantos otros migrantes que han llegado a Chile buscando oportunidades, víctima no solo de un accidente trágico sino de algo peor: la indiferencia institucional y posible negligencia médica en La Florida.

El accidente y la presunta denegación de atención médica

Hace apenas unos meses, “Kike” fue embestido por un automóvil mientras trabajaba como repartidor en La Florida, Región Metropolitana. El accidente fue devastador, pero lo que ocurrió después resulta aún más perturbador. Al llegar al hospital público, según su testimonio a finales de 2024, se le negó la atención médica adecuada por no poder costear un procedimiento valorado en 30 millones de pesos chilenos.

La consecuencia fue irreversible: la amputación de cuatro dedos de su mano izquierda, cuando según expertos consultados, existían posibilidades médicas reales de salvarlos mediante cirugía reconstructiva.

TC Abogados asume caso de repartidor migrante a punto de prescribir

El caso llegó a nuestras oficinas en TC Abogados cuando estaba a días de prescribir legalmente. Otros profesionales del derecho ya habían desestimado sus posibilidades de obtener justicia o compensación. Sin embargo, decidimos escuchar su caso y asumir su representación, porque creemos firmemente que el acceso a la justicia no puede tener precio ni estar condicionado por la nacionalidad.

Avances en la mediación: Sistema de Salud reconocería fallas en procedimiento médico

Según ha informado de manera extraoficial @cronicasdechile en su portal www.cronicasdechile.com, el caso está avanzando significativamente tras dos audiencias de mediación. De acuerdo con esta fuente especializada en información judicial, en la segunda audiencia de mediación se habría conseguido un logro fundamental: el Sistema de Salud chileno reconocería -al menos implícitamente- las fallas procedimentales en el manejo médico del caso.

Este reconocimiento de negligencia médica vendría acompañado de una oferta concreta para cubrir todas las futuras intervenciones quirúrgicas que “Kike” necesita, incluyendo:

• Cirugías reconstructivas necesarias
• Tratamiento de rehabilitación completo
• Inserción de una prótesis de última generación que le permitiría recuperar parte de la funcionalidad perdida en su mano izquierda

Oferta económica insuficiente por daños permanentes

Crónicas de Chile también ha reportado que se habría presentado una propuesta económica de indemnización que, hasta el momento, no ha sido aceptada por la víctima ni por sus representantes legales de TC Abogados. Y con razón: la vida de una persona, su capacidad laboral como repartidor, su dignidad y proyecto de vida futuro, no pueden reducirse a cifras arbitrarias cuando hablamos de daños permanentes e irreversibles.

Un caso emblemático sobre acceso a la salud para migrantes en Chile

Este caso trasciende lo personal para convertirse en un ejemplo emblemático de lo que ocurre cuando los sistemas de salud fallan a quienes más los necesitan. ¿Cuántos “Kikes” existen actualmente en nuestro país? ¿Cuántas personas vulnerables, migrantes o nacionales, enfrentan situaciones similares de negligencia médica sin encontrar quien las escuche o represente legalmente?

Próximos pasos: Tercera audiencia de mediación en mayo 2025

Según indica Crónicas de Chile, la tercera audiencia de mediación está programada para el próximo mes de mayo. Desde TC Abogados seguiremos trabajando incansablemente para que José “Kike” Ramos obtenga:

1. Una compensación económica justa por el daño irreparable causado
2. Cobertura total de las prótesis y tratamientos futuros
3. Reconocimiento formal de las fallas en los protocolos de atención
4. Garantías de no repetición para otros migrantes en situación similar

Porque cuando hablamos de derechos humanos fundamentales y acceso universal a la salud, no deberían existir ciudadanos de primera y de segunda categoría en ningún sistema sanitario que se precie de respetar los estándares internacionales.

Compromiso con las causas difíciles

Desde TC Abogados reafirmamos nuestro compromiso con aquellos casos de negligencia médica que otros bufetes consideran perdidos o sin viabilidad. La justicia para los migrantes trabajadores, cuando es verdadera, encuentra siempre un camino, aunque este parezca, en principio, imposible de transitar.

Braulio Jatar (@brauliojataralonso) es abogado especialista en derechos humanos y director de TC Abogados.

Para más información sobre este caso o situaciones similares de presunta negligencia médica, contacte al equipo legal de TC Abogados al +56 988 422516

La sentencia de la Corte Suprema sobre el régimen de visitas de condenadas por crímenes de lesa humanidad: Un recordatorio de la universalidad y atemporalidad de los derechos humanos

Por Braulio Jatar

La reciente sentencia de la Corte Suprema de Chile, que confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel acogiendo un recurso de amparo a favor de 15 internas condenadas por crímenes de lesa humanidad, nos invita a reflexionar sobre la universalidad y atemporalidad de los derechos humanos.

Como defensor de los derechos humanos, celebro esta decisión que reafirma el principio fundamental de que estos derechos son inherentes a todas las personas, sin distinción alguna, incluso para aquellos que han cometido delitos graves. La dignidad humana no se pierde por las acciones cometidas, y el Estado tiene la obligación de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de todos los individuos bajo su custodia.

La modificación del régimen de visitas por parte de Gendarmería, sin una justificación adecuada, constituyó una acción ilegal que afectó la dignidad de las internas, en su mayoría personas de edad avanzada y algunas con problemas de salud. Esta decisión no solo vulneró su libertad ambulatoria y seguridad individual, sino que también desconoció el carácter universal e atemporal de los derechos humanos.

Es importante recordar que los derechos humanos no están sujetos a la discrecionalidad de las autoridades ni a las circunstancias particulares de cada caso. Su aplicación debe ser consistente y basada en principios fundamentales como la igualdad, la no discriminación y el respeto a la dignidad humana. Ninguna persona, por más repudiables que sean sus actos, debe ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La sentencia de la Corte Suprema sienta un precedente importante en la defensa de los derechos humanos en el sistema penitenciario chileno. Envía un mensaje claro a las autoridades de que sus acciones deben estar enmarcadas en el respeto a los derechos fundamentales y que cualquier vulneración a estos será sancionada por la justicia.

Como sociedad, debemos comprender que el respeto a los derechos humanos no es selectivo ni condicional. Su universalidad y atemporalidad son pilares fundamentales para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Solo a través de la defensa consistente de estos principios podremos avanzar hacia un futuro en el que la dignidad humana sea el eje central de todas nuestras acciones.

En conclusión, la sentencia de la Corte Suprema nos recuerda que los derechos humanos son un valor intrínseco de cada persona, independientemente de sus acciones o circunstancias. Como sociedad, tenemos el deber de velar por su respeto y cumplimiento, incluso en los contextos más desafiantes. Solo así podremos construir un mundo más justo y humano para todos.

Consulte texto completo de la sentencia.

(Fuente: Poder Judicial).