Opiniones

El terrorismo estocástico contra los inmigrantes en Chile

Por Braulio Jatar Alonso (NotiAmerica)

Hay una expresión que Chile debería comenzar a conocer: terrorismo estocástico. No es una figura penal. Es un concepto utilizado para describir cómo determinados discursos públicos, repetidos de manera constante contra un grupo, pueden aumentar la probabilidad de que alguien termine actuando violentamente contra sus integrantes.

No hace falta ordenar una agresión. Basta construir un enemigo, atribuirle los problemas de la sociedad y repetir suficientemente el mensaje. No sabemos quién actuará ni cuándo, pero se crea el ambiente para que ocurra.

Eso me preocupa cuando observo parte del debate migratorio chileno.

Un reciente proyecto de ley ingresado por los senadores Iván Flores, Danisa Astudillo, Paulina Núñez y Paulina Vodanovic busca sancionar penalmente los matrimonios y acuerdos de unión civil celebrados con fines migratorios.

La iniciativa aparece después de conocerse que los AUC entre chilenos y extranjeros aumentaron significativamente entre 2024 y 2025. Sus promotores sostienen que podrían existir personas que utilicen estos vínculos para obtener beneficios migratorios e incluso redes que intermedian, a cambio de dinero, para producir uniones ficticias.

Si existe fraude, que se investigue y se sancione. Esa discusión es perfectamente legítima.

El problema comienza cuando una estadística se utiliza para sembrar sospechas sobre las relaciones entre chilenos y extranjeros. Que aumenten los matrimonios o los acuerdos de unión civil interculturales no demuestra que exista fraude.

He dicho públicamente que este tipo de iniciativas forma parte de una estrategia que termina dificultando y estigmatizando los vínculos entre personas de distintas culturas. Ni los números conocidos ni los casos efectivamente comprobados parecen suficientes para sostener semejante sospecha generalizada.

Cuando la condición de extranjero comienza a convertirse por sí misma en motivo de desconfianza, estamos entrando en un terreno peligroso. Eso es, derechamente, racismo.

Primero se construyó la imagen del inmigrante como responsable de la delincuencia. Después llegó el “irregular” presentado como amenaza. Ahora incluso el matrimonio o la unión civil pueden ser observados desde la sospecha.

Así funciona el terrorismo estocástico.

Cuando dirigentes políticos, medios y comunicadores repiten constantemente que determinado grupo es peligroso, fraudulento o indeseable, contribuyen a crear un clima social donde la discriminación y eventualmente la violencia se vuelven más probables.

Chile tiene todo el derecho a combatir el fraude migratorio.

Lo que no tiene derecho es a convertir al inmigrante en sospechoso permanente.

Porque las palabras pronunciadas desde posiciones de poder tienen consecuencias. Y quien siembra sistemáticamente miedo contra un grupo humano nunca puede saber quién terminará convirtiendo ese miedo en odio, ni quién finalmente decidirá actuar.

En Chile hay personas que han cumplido cada exigencia del Estado y, aun así, continúan condenadas a no existir. Se presentaron ante la policía, entregaron sus huellas, fueron empadronadas, acreditaron domicilio, consiguieron trabajo, cotizaron, formaron familias y tuvieron hijos chilenos. Después de todo eso, el mismo Estado les responde que nada es suficiente.

La causa de esa condena suele estar en un hecho ocurrido años atrás: haber ingresado por un paso no habilitado. Esa infracción se transforma en una especie de pecado original que nunca se perdona. No importa cuánto tiempo haya transcurrido, qué vida construyeron, cuánto aportaron o cuántos vínculos familiares tengan. Permanecen tatuados administrativamente como “irregulares”.

La contradicción es brutal. La propia Ley de Migración y Extranjería chilena establece que la migración irregular no constituye delito y obliga al Estado a respetar los derechos humanos de las personas extranjeras, sin importar su condición migratoria. Sin embargo, el discurso público y numerosas prácticas institucionales continúan tratando al migrante irregular como si fuera un delincuente.

No los contratan formalmente porque no tienen documentos vigentes, pero después se les reprocha no tener contrato ni cotizaciones. Trabajan en condiciones precarias, expuestos al abuso y sin herramientas reales para defenderse. Enfrentan obstáculos para otorgar poderes de representación, realizar trámites notariales, abrir cuentas o acreditar su identidad ante distintas instituciones.

También hemos conocido parejas que llevan años viviendo juntas, algunas casadas en sus países de origen, pero que permanecen separadas jurídicamente porque uno de sus integrantes nunca ha podido regularizarse. Otras enfrentan dificultades incluso para celebrar el matrimonio o un acuerdo de unión civil debido a exigencias documentales que convierten un derecho fundamental en una carrera de obstáculos.

Hay madres y padres de niños chilenos que continúan atrapados en la irregularidad. La familia existe para el trabajo, para el arriendo, para pagar impuestos, para criar a los hijos y sostener el hogar, pero desaparece cuando llega el momento de decidir sobre la residencia.

No se trata de negar el derecho del Estado a controlar sus fronteras. Tampoco defendemos que toda persona deba ser regularizada sin revisar sus antecedentes. No fabricamos víctimas ni declaramos inocencias por nacionalidad. Exigimos que cada caso sea examinado individualmente, considerando la conducta, el arraigo, la familia, el trabajo y las razones que provocaron el desplazamiento.

La Política Nacional de Migración reconoce que los mecanismos de regularización pueden considerar el tiempo de permanencia, los vínculos familiares y laborales, la contribución realizada al país, las labores de cuidado y la inexistencia de antecedentes penales. Las herramientas existen. Lo que ha faltado es la voluntad de utilizarlas con humanidad, proporcionalidad y justicia.

Desde nuestro trabajo jurídico y social hemos llevado estas historias ante autoridades administrativas y tribunales. Hemos defendido a madres a quienes se negaron licencias maternales, trabajadores despedidos por no obtener sus documentos, familias amenazadas con ser separadas y personas detenidas como si la irregularidad migratoria fuera una orden de captura.

Ahora, desde la Fundación Derechos por Siempre, hemos creado una plataforma para recibir, preservar y documentar estas denuncias. Cada testimonio podrá mantenerse confidencial o hacerse público. Buscamos reunir nombres, antecedentes, documentos y responsabilidades. Romper el silencio, conservar las pruebas y convertir el dolor en memoria, denuncia y justicia.

En este proceso hemos hecho nuestra la consigna francesa “La honte doit changer de camp”: la vergüenza debe cambiar de bando.

La frase alcanzó dimensión mundial cuando Gisèle Pelicot se negó a que el juicio contra quienes abusaron de ella se desarrollara en secreto. Pero su antecedente se encuentra en otra gran mujer francesa: la abogada Gisèle Halimi, quien en el histórico juicio de Aix-en-Provence de 1978 defendió que las víctimas no tenían nada que ocultar y que eran los agresores quienes debían quedar expuestos.

Hoy trasladamos esa idea a la defensa de las personas migrantes. La vergüenza no pertenece a quien cruzó una frontera huyendo del hambre, la violencia o la desesperación. Tampoco a quien trabaja, cotiza, forma una familia y espera durante años una respuesta.

La vergüenza pertenece a quienes humillan, discriminan, explotan o utilizan el poder para privar a otros de sus derechos fundamentales. Pertenece también a quienes ven la injusticia, tienen la facultad de corregirla y prefieren guardar silencio.

La vergüenza debe cambiar de bando. Y en Chile, esa batalla apenas comienza.

Diversas corrientes filosóficas y espirituales coinciden en una advertencia: el ego descontrolado termina convirtiéndose en fuente de sufrimiento. No hablamos de la autoestima necesaria para competir, crear o defender una causa, sino de esa construcción interior que necesita sentirse superior, tener siempre la razón y transformar cada derrota en una humillación intolerable.

El budismo identifica el apego y el deseo insaciable como causas del sufrimiento. El estoicismo enseña que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino los juicios desordenados que construimos sobre ellos. La tradición cristiana coloca la soberbia entre los vicios que deforman nuestra relación con los demás. Las tres miradas, desde caminos diferentes, describen el mismo peligro: cuando el yo ocupa todo el espacio, desaparecen la serenidad, la justicia y el respeto.

La final del Mundial de fútbol disputada el 19 de julio de 2026 dejó una lección que va mucho más allá del resultado. España venció 1-0 a Argentina en la prórroga y conquistó legítimamente la Copa. La selección argentina llegaba como campeona defensora, impulsada por el sueño de repetir el título de Qatar y sumar una cuarta estrella. Era una aspiración comprensible. El problema comienza cuando el deseo de ganar deja de ser una meta y se convierte en una obligación emocional que no admite otro desenlace.  

Argentina no perdió por falta de entrega. Llegó nuevamente a una final y mantuvo durante años uno de los ciclos más exitosos de su historia. Pero algunos integrantes de su delegación parecieron no comprender que el deber deportivo no termina con el último silbato. También incluye reconocer la derrota, felicitar al adversario y permitir que el triunfador celebre sin agresiones ni gestos de desprecio.

Después del partido se produjo una pelea en el terreno. Leandro Paredes fue señalado por iniciar un enfrentamiento con jugadores españoles, otros futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos intervinieron, y la FIFA abrió una investigación disciplinaria. Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, terminó ofreciendo disculpas por su participación. El seleccionador español, Luis de la Fuente, calificó lo ocurrido como intolerable e inaceptable.  

También circularon imágenes de jugadores argentinos dando la espalda mientras España levantaba la Copa. Algunos medios lo interpretaron como un boicot a la premiación; otros señalaron que los futbolistas permanecían orientados hacia sus aficionados. Esa imagen aislada puede admitir diferentes explicaciones. La pelea posterior, en cambio, constituye un hecho mucho más difícil de justificar.  

Sería injusto convertir estos episodios en una condena contra Argentina. Buena parte de la prensa de ese país reconoció que España había sido superior y merecía el campeonato. Juan Román Riquelme felicitó al vencedor y consideró justo el resultado. Hubo, por tanto, argentinos capaces de sentir el dolor de la derrota sin negar el mérito ajeno.

Precisamente allí aparece la diferencia entre identidad y ego. La identidad permite amar una camiseta sin odiar la ajena. El ego, por el contrario, interpreta el triunfo del otro como una disminución propia. Necesita buscar conspiraciones, culpables o provocaciones porque aceptar la realidad significaría reconocer que, por una noche, alguien fue mejor.

Argentina ya había ganado el respeto del mundo por su fútbol, su resistencia y su capacidad para levantarse. Ninguna derrota podía borrar los títulos obtenidos ni la grandeza de sus jugadores. Sin embargo, algunos comportamientos posteriores a la final amenazaron con dañar aquello que una Copa no puede comprar: la admiración de quienes saben distinguir entre un gran campeón y alguien que simplemente ha ganado muchas veces.

El deporte no forma únicamente vencedores. Forma seres humanos capaces de controlar la frustración, respetar reglas y estrechar la mano del rival. Ganar demuestra talento. Saber perder demuestra carácter.

España levantó la Copa. Argentina conservó una historia extraordinaria, pero algunos de sus representantes dejaron escapar la oportunidad de engrandecerla. Porque el verdadero campeón no es solamente quien sabe subir al podio. También es quien, cuando le corresponde mirar desde abajo, permanece de pie, reconoce al vencedor y lo aplaude.

El Censo 2024 registró 1.608.650 personas nacidas fuera del país, equivalentes al 8,8% de la población residente. Es decir, casi uno de cada once habitantes. Chile ya cambió, aunque parte de sus instituciones, su política y sus medios continúe hablando como si la migración fuera una visita incómoda que algún día desaparecerá.  

Se ha repetido que Chile es el país más xenófobo del hemisferio en las redes sociales. No encontré una medición comparativa seria que permita sostener ese ranking. No necesitamos exagerar.

Lo comprobable ya es brutal: un estudio de ACNUR y la Universidad Carlos III determinó que el 57,7% de las publicaciones sobre personas en movilidad originadas en Chile transmitía una percepción negativa, mientras apenas el 4% expresaba una valoración positiva.  

La calle puede ser distinta. Allí también existen vecinos solidarios, empleadores decentes, funcionarios conscientes y chilenos que entienden que nadie abandona su patria por deporte.

Pero el lenguaje antimigrante se reproduce con especial fuerza en los centros de poder, en discursos políticos, en titulares que convierten la nacionalidad en antecedente penal y en redes donde la crueldad recibe aplausos, alcance y rentabilidad.

De esa realidad nace No nos van a expulsar de la justicia. No será un tratado escrito desde la comodidad de una biblioteca. Será la memoria de madres a quienes se negaron licencias maternales después de cotizar; trabajadores despedidos porque sus documentos no avanzaron; familias casadas pero separadas; personas que aportaron durante años a las AFP y luego descubrieron que su dinero tenía más derechos que ellas.

También estarán la madre asesinada de un escopetazo, el taxista abofeteado, la persona baleada por agentes del Estado, el hombre amputado porque no pudo pagar a tiempo y los hermanos atrapados por un doble asesinato y una vida sin salida. Estarán los niños haitianos convertidos en sospechosos por su color de piel y las familias sometidas a una persecución pública antes de que los hechos fueran establecidos.

Cada historia será tratada con nombres, antecedentes, responsabilidades y documentos. No buscamos fabricar víctimas ni declarar inocencias por nacionalidad.

Libertad, igualdad y fraternidad no pueden ser palabras reservadas para discursos solemnes. La igualdad desaparece cuando el pasaporte determina cuánto vale una vida. La libertad se degrada cuando el miedo político convierte al extranjero en enemigo. La fraternidad muere cuando una sociedad acepta la humillación como política pública.

Este libro permanecerá en construcción porque cada nuevo abuso abre un capítulo y cada victoria judicial demuestra que la batalla tiene sentido. Chile aún puede construir una convivencia firme, ordenada y humana.

La tarea sigue pendiente, y nosotros seguiremos allí, defendiendo a quienes algunos quisieran expulsar incluso de la justicia o pretender deportarnos de nuestros derechos.

Tren de Aragua, Diosdado Cabello y el dinero que salió de Chile

Por Braulio Jatar Alonso
ETL

La Operación Tokio, desarrollada por la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI, reveló una estructura de lavado que habría sacado de Chile más de $78 mil millones de pesos, cerca de 86,5 millones de dólares. El dinero se habría movido mediante criptomonedas, empresas de fachada, cuentas bancarias y transferencias internacionales.

El fiscal Héctor Barros, el mismo que vinculó a Diosdado Cabello con el asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile, calificó el caso como uno de los mayores lavados de dinero detectados en el país.

Según los antecedentes conocidos, el dinero provenía de delitos graves: extorsiones, contrabando, tráfico de drogas, explotación sexual, secuestros y otras actividades asociadas al Tren de Aragua. La investigación apunta a que parte de esos fondos salían de Chile hacia otros países, incluso mediante empresas de criptomonedas y sociedades que funcionaban como vehículos para ingresar dinero ilícito al sistema formal.

La organización no operaba como una banda callejera. Operaba como una empresa criminal transnacional. Tenía recaudación, operadores financieros, contactos bancarios, sociedades instrumentales, uso de criptoactivos y capacidad para mover millones fuera del país. Entre los detenidos apareció incluso un ejecutivo bancario, investigado por facilitar cuentas y operaciones para el traslado de fondos.

El Tren de Aragua nació en Venezuela, se expandió desde estructuras carcelarias y terminó instalado en varios países de la región. En Chile, las autoridades lo han vinculado, tal y como señalamos, con homicidios, secuestros, trata de personas, extorsiones y con el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

A ese cuadro se suma ahora la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, máximo jefe del Tren de Aragua, anunciada por Donald Trump tras una operación militar de Estados Unidos en Venezuela, coordinada con autoridades venezolanas.

Su muerte golpea el vértice de la organización, pero no desmonta por sí sola sus operadores, sus rutas, sus recaudadores ni su estructura financiera. El Tren de Aragua no dependía solo de un jefe. Dependía de una red. Y esa red, como acaba de mostrar la Operación Tokio, también funcionaba con dinero, empresas, bancos, criptomonedas y contactos.

En todo el circuito investigativo aparece Diosdado Cabello. La fiscalía chilena ha señalado públicamente que existen antecedentes que apuntan hacia él en el caso del exteniente venezolano, y el Tren de Aragua en encargado de ejecutar la orden que vino desde Caracas.

Además, el expediente norteamericano contra Nicolás Maduro y otros jerarcas venezolanos menciona a Diosdado Cabello y al “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, dentro de una acusación sobre narcotráfico, armas y cooperación con organizaciones criminales.

La Operación Tokio muestra que el Tren de Aragua no se combate solo con controles de identidad ni discursos electorales. Porque si más de $78 mil millones de pesos chilenos pudieron salir de Chile, el problema no fue únicamente la banda. También fallaron filtros, alertas, bancos, controles y sistemas de prevención.

 Chile descubrió el dinero. Estados Unidos anuncia la muerte del jefe máximo. Ahora falta lo esencial: perseguir a quienes protegieron, financiaron y permitieron que la banda criminal más peligrosa del hemisferio creciera bajo el amparo del poder venezolano. El “Niño Guerrero” cayó. La red que lo hizo posible sigue pendiente.

Durante dos noches, grupos violentos salieron a las calles. Incendiaron vehículos, atacaron viviendas, enfrentaron a la policía y dirigieron su rabia contra comunidades migrantes. La acusación contra una persona terminó convertida en sospecha contra todos los extranjeros.

Un delito individual no puede transformarse en una condena colectiva. Si un extranjero mata, viola, roba o agrede, debe ser detenido, juzgado y sancionado, igual que a cualquier delincuente.

Pero de allí no se puede pasar a quemar casas, perseguir familias, atacar comercios o convertir a todo migrante en enemigo público. Eso no es justicia. Es barbarie.

La criminalización del extranjero empieza siempre con una frase aparentemente simple: “todos son iguales”. Luego viene la sospecha general, después la persecución administrativa, más tarde la violencia social y finalmente la ruptura del Estado de Derecho.

La rabia legítima frente a un crimen brutal fue utilizada para encender una violencia contra personas que no habían cometido delito alguno. Familias enteras fueron amenazadas no por lo que hicieron, sino por su origen, su color de piel, su acento o su condición migratoria.

Chile y América Latina deben aprender de ese espejo. La seguridad pública es una obligación del Estado. El crimen organizado debe ser perseguido. Las bandas extranjeras deben ser desarticuladas. Las expulsiones deben aplicarse cuando correspondan. Pero nada de eso autoriza a convertir al migrante común en sospechoso permanente.

Cuando una sociedad pierde esa diferencia, la justicia deja de mirar hechos y comienza a mirar rostros. Ya no importa quién cometió el delito. Importa de dónde viene, cómo habla, cómo se viste o qué documento tiene.

Belfast no demuestra que los extranjeros sean peligrosos. Demuestra lo peligroso que puede ser un país cuando deja que el miedo reemplace a la justicia.

El delito tiene autor. La responsabilidad penal es personal. La nacionalidad no es una condena.

Por Braulio Jatar Alonso (ETL)

La sentencia de la Sala Constitucional que ordenó a Delcy Rodríguez asumir la Presidencia encargada no es una sentencia. Es un ardid político vestido de toga. Un movimiento preparado para darle apariencia jurídica a una operación que ya venía cocinada antes del 3 de enero de 2026.

La Sala Constitucional, vinculada al oficialismo, ordenó a Delcy Rodríguez asumir y ejercer “en condición de encargada” las atribuciones de la Presidencia, bajo el argumento del secuestro del presidente usurpador Nicolás Maduro. Ese tribunal no resolvió un problema constitucional. Construyó una salida política.

La sentencia pretende crear una vacante que no existe. La Constitución venezolana regula las faltas presidenciales en los artículos 233 y 234. Son faltas absolutas o temporales. No hay una tercera categoría.

El artículo 233 enumera las faltas absolutas: muerte, renuncia, destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental permanente, abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional o revocatoria popular.

El artículo 234 regula las faltas temporales. En ese caso, el vicepresidente ejecutivo puede suplir al Presidente hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional hasta por noventa días más.

Ese plazo tiene fecha. Si la ausencia comenzó el 3 de enero, los primeros noventa días se cumplieron el 3 de abril. La eventual prórroga de otros noventa días deja al 3 de julio como el punto constitucional de quiebre.

A partir de allí, la encargaduría deja de tener incluso la débil excusa formal que usaron para imponerla.

La Sala se inventó otra figura. No la llamó así, pero la produjo: una ausencia forzada, política, indefinida, administrada por el propio aparato de poder.

Si Maduro estaba secuestrado, como dijo el oficialismo, no había falta absoluta. Si se trataba de una falta temporal, tenía límite. Noventa días. Eventualmente noventa días más. Lo que hicieron fue convertir esa temporalidad en una encargaduría política sin control real.

Delcy quedaba al frente hasta que la estructura que la puso desde afuera y dentro de Venezuela decidiera otra cosa.

No fue una transición constitucional. Fue una sustitución pactada dentro del mismo poder con fuerzas extranjeras. Sacaron al jefe visible del régimen y dejaron a la administradora del mismo sistema.

Si Maduro era ilegítimo, Delcy también lo era. El principio jurídico es simple: lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y el fruto del árbol envenenado también queda contaminado. Los que mueven los hilos desde del extranjero lo saben.

Delcy Rodríguez no podía nacer legítima de una vicepresidencia ilegítima. No podía convertirse en presidenta encargada por una sentencia que torció los artículos 233 y 234. No podía ser continuidad constitucional de un poder que ya había roto la Constitución.

Lo que hicieron fue darle vida política a lo nonato. Inventaron una falta presidencial que no existe. Usaron una sentencia para fabricar una encargaduría sin base constitucional suficiente. Y presentaron como estabilidad lo que en realidad era continuidad del mismo aparato represivo, ilegal, inconstitucional y arbitrario.

El 3 de julio vence el artificio constitucional. Ese día ya no bastará decir que Delcy está encargada. Habrá que reconocer lo que siempre fue: una presidencia impuesta, sin origen legítimo, sin límite real y sin mandato popular.

Delcy Rodríguez en la Presidencia es inconstitucional,

Quien no lo quiera ver sufre el síndrome de Antón: está ciego, pero no quiere reconocerlo o el cinismo se ocupa de su disonancia cognitiva.