Opiniones

María Corina Machado conquista España: Trump y Rubio permitan abrir las puertas a la democracia en Venezuela

Por Braulio Jatar (NotiAmerica)

Tal como sucedió en Chile, María Corina Machado volvió a demostrar en España que su liderazgo no depende de aparatos, de cargos ni de componendas. Este 18 de abril, Madrid se rindió ante el poder moral de Machado con una concentración en la Puerta del Sol que reunió a miles de venezolanos decididos a expresarle, una vez más, su respaldo.

Eso mismo ya había ocurrido en Santiago. Invitada a la toma de posesión del presidente José Antonio Kast, Machado no solo participó en los actos oficiales. También salió al encuentro de la comunidad venezolana, y la respuesta fue masiva. Distintos reportes situaron la asistencia en torno a las 16 mil personas en el sector de Paseo Bulnes y Parque Almagro.

Madrid volvió a mostrar lo que Santiago ya había dicho. Cuando los venezolanos pueden expresarse libremente, el respaldo se vuelca hacia María Corina Machado. La concentración de este 18 de abril en España vuelve a dejar en evidencia una fuerza de convocatoria que hace palidecer a muchos políticos, incluso en el propio Estados Unidos, y que Delcy Rodríguez jamás tendría, ni siquiera en los alrededores del palacio que usurpan desde hace más de una década.

Los venezolanos y venezolanas están dispuestos a volver a su patria, pero bajo una auténtica democracia y no bajo la conducción de una tiranía tutelada desde Estados Unidos por Donald Trump y Marco Rubio. Ese camino no termina de convencer ni a los grandes inversionistas ni, mucho menos, a los más humildes de los venezolanos. El plan de Rubio ha fracasado. Lo advertimos desde el comienzo: todo acuerdo con personas, entidades o grupos que no tengan un páramo moral tiene garantizada su condena al fracaso.

Las demostraciones en Santiago, en Madrid y las que se van a producir en Venezuela al regreso de María Corina tienen un mensaje claro: Trump y Rubio deben, de una vez por todas, abrir las puertas a la democracia en Venezuela. Cada día que retrasa la historia patria con un plan diseñado por burócratas que poco o nada conocen del sentimiento nacional solo permitirá que la historia los juzgue con severidad.

Madrid y Santiago son la antesala de un grito nacional y universal. Un grito que, en una sola voz, se oirá con fuerza creciente dentro y fuera de Venezuela: Rubio y Trump deben demoler la muralla, o el muro, que impide a los venezolanos tener una democracia digna de su esfuerzo.

Chile: el estallido social parece seguir pendiente

Por Braulio Jatar Alonso — El Tiempo Latino

Una ministra rociada con agua, empujada, cercada por estudiantes universitarios en pleno campus de Valdivia. La ministra de Ciencias Ximena Lincolao vivió una tensa y caótica salida desde la Universidad Austral de Chile, donde fue agredida verbal y físicamente por estudiantes en medio de una manifestación. Pánico es lo que sintió la primera autoridad de la ciencia en Chile.

Condenar la agresión es necesario. Pero quedarse solo en eso es una desviación intelectual. Porque lo que ocurrió en Valdivia no es un incidente aislado: es el síntoma de una fractura que la sociedad chilena ha acumulado por décadas y que, en octubre de 2019 produjo su primer gran dolor existencial.

Los estudiantes de la UACh publicaron un comunicado que merece leerse para entender que Chile está atrapado entre un pasado que no procesó y un futuro que no termina de nacer. Dicen que “son hijos del pueblo de Chile, que llegaron a la universidad gracias a la gratuidad, y que defenderán los derechos sociales conquistados por los movimientos sociales”. Dicen también algo más amenazante: que “la falta de gobernabilidad del Gobierno, su indolencia y su desconocimiento de la realidad chilena han generado que aumente el costo de vida y se coarten las posibilidades de desarrollo académico”.

El rector de la UACh, Egon Montecinos, fue categórico: “Nadie se merece eso en ningún momento de nuestra historia política. La democracia tiene canales para viabilizar las diferencias.” Y tiene razón. Pero esos canales llevan años obstruidos por líderes que prefieren atizar las diferencias, alimentar la polarización y ahora agregar la hoguera de la xenofobia contra los inmigrantes, produciendo graves iniquidades.

Días después, la misma universidad debió suspender clases por una amenaza anónima hallada en el campus que decía: “No vengas hoy. Él matará a todos.” El episodio ya no es político: es la radiografía de una sociedad que ha normalizado la violencia como lenguaje.

El gobierno del Presidente Kast puede presentar querellas, identificar líderes, retirar becas. La ministra Sedini calificó lo ocurrido como una “encerrona violenta” y el Ejecutivo anunció indicaciones para sancionar a estudiantes violentistas. Todo eso es legítimo. Pero ninguna querella apaga el fuego si las causas del incendio siguen intactas.

Chile tiene una deuda pendiente consigo mismo. No la resolvió en el plebiscito, no la resolvió con la nueva Constitución que nunca llegó, no la resolverá tampoco con mano dura. La violencia en Valdivia no nació en la Universidad Austral. Nació mucho antes, en una fractura política, ideológica y social que los gobiernos de todos los colores han administrado, pero ninguno ha resuelto.

El estallido social sigue pendiente. Y esta vez, nadie puede decir que no lo veía venir.

Braulio Jatar Alonso es abogado, editor, director de Reporte Confidencial y autor. Presidente de ILC Consultores Chile/Venezuela. Fue detenido por el régimen de Maduro entre 2016 y 2021. Escribe para El Tiempo Latino (Washington D.C.), NotiAmerica, y es entrevistado frecuente en varios medios.

Delcy la quema de Judas en Rusia

Braulio Jatar Alonso (NotiAmerica)

Cuando Alexander Dugin escribió en X que Delcy Rodríguez era “the worst person ever” y “the female Judas”, no lanzó solo una ofensa personal. Dictó una condena política. Y el repost que acompaña ese mensaje es todavía más directo: presenta a Delcy como la mujer que habría traicionado a Nicolás Maduro.

Dugin no es vocero oficial del Kremlin ni existe evidencia pública de que hable en nombre de Putin. Reuters lo describe como un ideólogo ultranacionalista ruso, sin vínculos oficiales con el Kremlin, cuya influencia real sobre Putin ha sido largamente debatida. Es decir, su voz importa, pero no equivale automáticamente a la voz del Estado ruso.

Pero también sería ingenuo tratarlo como una excentricidad irrelevante. Dugin suele expresar, en clave brutal e ideológica, pulsiones del nacionalismo ruso que ven la política exterior como un mapa de lealtades, traiciones y zonas de influencia. En ese lenguaje, llamar “Judas” a Delcy no es un simple insulto: es acusarla de haber entregado una plaza geopolítica.

Tras la captura de Maduro, Rusia respaldó públicamente a Delcy Rodríguez como presidenta interina y presentó ese relevo como una fórmula para preservar la estabilidad y la soberanía de Venezuela. Reuters añadió entonces un detalle revelador: Putin no comentó personalmente la salida de Maduro. El Estado ruso apoyó a Delcy; Putin guardó silencio.

Delcy adoptó un tono conciliador hacia Washington y pidió colaboración al gobierno estadounidense. Luego Caracas y Washington avanzaron hacia el restablecimiento de vínculos diplomáticos, mientras su gobierno empezó a proyectarse como un administrador aceptable para el capital internacional. Eso ya no suena a mera supervivencia del chavismo. Suena a reacomodo estratégico.

En un foro de inversión, Delcy ofreció “seguridad jurídica”, arbitraje internacional y reglas estables para los inversores, incluso ante futuras alternancias políticas. AP y El País retrataron esa apuesta como parte de una apertura económica para atraer inversión al sector energético y a otras áreas clave. Para un ideólogo como Dugin, eso puede parecer menos pragmatismo que rendición con modales.
No hay base seria para sostener que el post de Dugin sea la voz oficial de Putin. Pero sí hay base suficiente para interpretarlo como la reacción de un sector ideológico ruso que empieza a ver a Delcy no como continuidad, sino como traición. No a Maduro solamente, sino a la vieja arquitectura geopolítica que sostuvo al chavismo. Y cuando desde Moscú se empieza a hablar de Judas, es porque alguien siente que Venezuela cambió de eje sin cambiar todavía de rostro

Decenas de miles de procesados por el chavismo esperan amnistía de sus verdugos

Por Braulio Jatar / NOTIAMERICA

El anuncio de una amnistía con alcance retroactivo desde 1999 reabre uno de los debates jurídicos más sensibles del constitucionalismo venezolano: ¿puede el mismo poder que diseñó y ejecutó la persecución política erigirse ahora en árbitro de su propio perdón? La pregunta no es retórica. Se apoya en cifras verificables, en obligaciones internacionales y en un contexto político excepcional.

De acuerdo con los registros sistemáticos de la ONG Foro Penal, solo entre 2014 y finales de 2025 se documentaron alrededor de 18.000 detenciones por motivos políticos.

Esta serie —la más robusta y citada por organismos internacionales— no incluye los años previos ni el universo de personas sometidas a procesos sin prisión efectiva: medidas cautelares, presentaciones periódicas, inhabilitaciones políticas o prohibiciones de salida del país.

Por ello, el número de personas procesadas por razones políticas desde 1999 se proyecta razonablemente en decenas de miles. Al último corte previo al anuncio, más de 700 personas permanecían privadas de libertad por razones políticas.

La propuesta de amnistía, formulada por Delcy Rodríguez desde el poder efectivo, pretende abarcar todo el ciclo político iniciado en 1999, es decir, el período completo del chavismo como proyecto de gobierno.

Desde una perspectiva jurídica, ello obliga a distinguir con claridad qué conductas pueden ser amnistiadas y cuáles no. La amnistía —a diferencia del indulto— extingue la acción penal respecto de hechos determinados; no declara inocencias ni implica, por sí sola, reparación integral.

Su validez constitucional exige tipicidad clara, criterios objetivos y exclusiones compatibles con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente frente a crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles e inamnistiables.

El contexto en el que surge este anuncio es determinante. La detención de Nicolás Maduro a comienzos de enero de 2026 alteró abruptamente el equilibrio interno del poder y aceleró una reconfiguración política.

En ese escenario, los hermanos Rodríguez pasaron del discurso de confrontación a una estrategia de acomodamiento a las pautas fijadas desde Washington, particularmente bajo la administración Trump: liberaciones verificables, cierre de causas políticas y señales de apertura institucional. En ese marco, la amnistía aparece menos como un gesto espontáneo de reconciliación y más como respuesta pragmática a presiones geopolíticas externas.

Desde el prisma del bloque de constitucionalidad, el debate es ineludible. Venezuela sigue obligada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la jurisprudencia interamericana, que exige verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Una amnistía que se limite a cerrar expedientes sin mecanismos de verdad ni reparación efectiva corre el riesgo de convertirse en un instrumento de impunidad administrativa, o incluso en moneda de negociación política.

“Existe además un problema de legitimación. Cuando la persecución fue política de Estado, el perdón no puede ser auto-otorgado sin controles externos”

Un diseño normativo serio debe contemplar órganos independientes de verificación, participación efectiva de las víctimas, publicidad de listados, plazos claros y recursos judiciales eficaces. Sin esas garantías, la amnistía será selectiva y discrecional, vulnerando el principio de igualdad ante la ley.

Las cifras no admiten maquillaje: Venezuela arrastra un pasivo estructural de persecución política que no se cancela con un decreto ni con una ley exprés. La justicia transicional exige algo más que clemencia; exige verdad, responsabilidad y garantías de no repetición. Solo entonces dejará de ser el perdón de los verdugos para convertirse en reparación efectiva para las víctimas.

Braulio Jatar
Abogado, editor, escritor y profesor.
Activista de derechos humanos (DDHH) y de la causa migrante.
Ex preso político (2016–2021).