En Chile hay personas que han cumplido cada exigencia del Estado y, aun así, continúan condenadas a no existir. Se presentaron ante la policía, entregaron sus huellas, fueron empadronadas, acreditaron domicilio, consiguieron trabajo, cotizaron, formaron familias y tuvieron hijos chilenos. Después de todo eso, el mismo Estado les responde que nada es suficiente.
La causa de esa condena suele estar en un hecho ocurrido años atrás: haber ingresado por un paso no habilitado. Esa infracción se transforma en una especie de pecado original que nunca se perdona. No importa cuánto tiempo haya transcurrido, qué vida construyeron, cuánto aportaron o cuántos vínculos familiares tengan. Permanecen tatuados administrativamente como “irregulares”.
La contradicción es brutal. La propia Ley de Migración y Extranjería chilena establece que la migración irregular no constituye delito y obliga al Estado a respetar los derechos humanos de las personas extranjeras, sin importar su condición migratoria. Sin embargo, el discurso público y numerosas prácticas institucionales continúan tratando al migrante irregular como si fuera un delincuente.
No los contratan formalmente porque no tienen documentos vigentes, pero después se les reprocha no tener contrato ni cotizaciones. Trabajan en condiciones precarias, expuestos al abuso y sin herramientas reales para defenderse. Enfrentan obstáculos para otorgar poderes de representación, realizar trámites notariales, abrir cuentas o acreditar su identidad ante distintas instituciones.
También hemos conocido parejas que llevan años viviendo juntas, algunas casadas en sus países de origen, pero que permanecen separadas jurídicamente porque uno de sus integrantes nunca ha podido regularizarse. Otras enfrentan dificultades incluso para celebrar el matrimonio o un acuerdo de unión civil debido a exigencias documentales que convierten un derecho fundamental en una carrera de obstáculos.
Hay madres y padres de niños chilenos que continúan atrapados en la irregularidad. La familia existe para el trabajo, para el arriendo, para pagar impuestos, para criar a los hijos y sostener el hogar, pero desaparece cuando llega el momento de decidir sobre la residencia.
No se trata de negar el derecho del Estado a controlar sus fronteras. Tampoco defendemos que toda persona deba ser regularizada sin revisar sus antecedentes. No fabricamos víctimas ni declaramos inocencias por nacionalidad. Exigimos que cada caso sea examinado individualmente, considerando la conducta, el arraigo, la familia, el trabajo y las razones que provocaron el desplazamiento.
La Política Nacional de Migración reconoce que los mecanismos de regularización pueden considerar el tiempo de permanencia, los vínculos familiares y laborales, la contribución realizada al país, las labores de cuidado y la inexistencia de antecedentes penales. Las herramientas existen. Lo que ha faltado es la voluntad de utilizarlas con humanidad, proporcionalidad y justicia.
Desde nuestro trabajo jurídico y social hemos llevado estas historias ante autoridades administrativas y tribunales. Hemos defendido a madres a quienes se negaron licencias maternales, trabajadores despedidos por no obtener sus documentos, familias amenazadas con ser separadas y personas detenidas como si la irregularidad migratoria fuera una orden de captura.
Ahora, desde la Fundación Derechos por Siempre, hemos creado una plataforma para recibir, preservar y documentar estas denuncias. Cada testimonio podrá mantenerse confidencial o hacerse público. Buscamos reunir nombres, antecedentes, documentos y responsabilidades. Romper el silencio, conservar las pruebas y convertir el dolor en memoria, denuncia y justicia.
En este proceso hemos hecho nuestra la consigna francesa “La honte doit changer de camp”: la vergüenza debe cambiar de bando.
La frase alcanzó dimensión mundial cuando Gisèle Pelicot se negó a que el juicio contra quienes abusaron de ella se desarrollara en secreto. Pero su antecedente se encuentra en otra gran mujer francesa: la abogada Gisèle Halimi, quien en el histórico juicio de Aix-en-Provence de 1978 defendió que las víctimas no tenían nada que ocultar y que eran los agresores quienes debían quedar expuestos.
Hoy trasladamos esa idea a la defensa de las personas migrantes. La vergüenza no pertenece a quien cruzó una frontera huyendo del hambre, la violencia o la desesperación. Tampoco a quien trabaja, cotiza, forma una familia y espera durante años una respuesta.
La vergüenza pertenece a quienes humillan, discriminan, explotan o utilizan el poder para privar a otros de sus derechos fundamentales. Pertenece también a quienes ven la injusticia, tienen la facultad de corregirla y prefieren guardar silencio.
La vergüenza debe cambiar de bando. Y en Chile, esa batalla apenas comienza.
Editor Reporte Confidencial / Abogado 18342 / Comunicador SNTP 8248 / Locutor 17210 / Profesor Inteligencias / Escritor / 7 libros amzn.to/2G3W6ja
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