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La factura falsa: Venezuela no le debe petróleo a Trump (Braulio Jatar Alonso)

Ago 30 2026

Venezuela no le debe petroleo a Trumo Braulio Jatar Alonso

La factura falsa: Venezuela no le debe petróleo a Trump

Por Braulio Jatar Alonso

Antes de la captura de Nicolás Maduro, Marco Rubio repitió una justificación que parecía jurídicamente sencilla: Estados Unidos perseguía a una persona acusada por su propia justicia. El 4 de septiembre de 2025, en Quito, afirmó que Maduro había sido acusado por un gran jurado y era “un fugitivo de la justicia estadounidense”. El 15 de septiembre insistió en que un gran jurado había emitido la acusación. Y el 19 de diciembre sostuvo que la caracterización del régimen como organización narcoterrorista se apoyaba en una acusación federal y en pruebas presentadas ante un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York.[1][2][3]

Ese argumento importa hoy porque fue el que acompañó la escalada previa al operativo. No se decía entonces que Venezuela hubiera contratado a Estados Unidos para liberarla, ni que los venezolanos debieran pagar una factura por la eventual captura. Se decía que existía una causa penal estadounidense, una acusación formal y un prófugo de la justicia de Estados Unidos.

Cuando llegó el operativo del 3 de enero de 2026, la propia administración mantuvo inicialmente esa explicación. En la comunicación que Donald Trump remitió al Congreso el 5 de enero señaló que las Fuerzas Armadas actuaron “pursuant to a request from the Attorney General” y que un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York había emitido órdenes de arresto contra Maduro y Cilia Flores basadas en acusaciones de un gran jurado.[4]

Rubio fue todavía más categórico al día siguiente de la captura: “This was an arrest operation. This was a law enforcement operation”. Añadió que Maduro había sido arrestado en territorio venezolano por agentes federales, informado de sus derechos y trasladado a Estados Unidos.[5] Una versión de la Casa Blanca difundida el propio 3 de enero describió igualmente la misión como una operación de aplicación de la ley ejecutada a solicitud del Departamento de Justicia, con participación de fuerzas militares y agentes antidrogas.[6]

Es decir, el relato oficial era inequívoco en su núcleo: Estados Unidos estaba ejecutando órdenes de su propia justicia contra acusados de delitos perseguibles ante sus tribunales. La fuerza militar fue presentada como el instrumento que permitió realizar esa captura, no como un servicio contratado por la República de Venezuela.

Por eso resulta jurídicamente insostenible fabricar después una deuda de los venezolanos por el hecho de que Estados Unidos haya decidido cumplir órdenes judiciales estadounidenses. Hacer justicia no genera, por sí solo, un crédito contra el pueblo en cuyo territorio se encuentra el acusado. Ni la acusación del gran jurado, ni las órdenes de arresto, ni la carta de Trump al Congreso establecen que Venezuela deba indemnizar a Washington por ejecutar esas decisiones.

Sin embargo, apenas consumado el operativo apareció otro discurso. El 3 de enero Trump afirmó que la presencia estadounidense “no nos costará nada” porque había mucho dinero saliendo del subsuelo venezolano. Agregó: “We’re going to get reimbursed for everything that we spend”, y habló de “recuperar” petróleo que, según él, Estados Unidos debió haber recuperado mucho antes.[7]

Tres días después anunció que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado para ser vendidos a precio de mercado, con los ingresos bajo control estadounidense.[8] Lo que había sido presentado como cumplimiento de una orden judicial comenzó a confundirse con una lógica de reembolso, control económico y aprovechamiento petrolero.

Hay, además, un documento de la propia administración Trump que dificulta todavía más esa narrativa. El 9 de enero, una orden ejecutiva sobre los ingresos derivados del petróleo venezolano depositados en cuentas del Tesoro declaró expresamente que esos fondos constituyen propiedad del Gobierno de Venezuela y que Estados Unidos los mantiene en condición de custodio, “not as the property of the United States”.[9]

La contradicción alcanza hoy una dimensión mucho mayor. El 28 de agosto Trump anunció lo que llamó “THE BIGGEST OIL DEAL IN WORLD HISTORY”: un entendimiento que, según su versión, otorgaría control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas. Reuters y Associated Press han informado que el acuerdo fue negociado por Rubio y Pete Hegseth con el gobierno de Delcy Rodríguez, pero su texto completo y aspectos esenciales de su estructura jurídica y financiera todavía no han sido divulgados públicamente.[10][11]

Mientras tanto, buena parte del aparato que Washington identificó durante años como integrante o soporte del llamado Cartel de los Soles continúa instalada en el poder. El Departamento de Justicia acusó formalmente a Diosdado Cabello junto a Maduro por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos vinculados con armas. El Departamento de Estado mantiene una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.[12][13]

Cabello, sin embargo, sigue siendo ministro del Interior y una de las principales figuras del poder venezolano. Reuters describió en enero que, pese a la extracción de Maduro, el núcleo político, militar y de seguridad que había gobernado Venezuela permanecía esencialmente intacto.[14] En agosto, Cabello continúa apareciendo públicamente como ministro del Interior y secretario general del PSUV.[15]

La pregunta entonces es inevitable. Si el objetivo era desmantelar una organización narcoterrorista, ¿por qué sus figuras centrales permanecen gobernando y negociando con Washington? Y si el objetivo era simplemente ejecutar una orden judicial contra Maduro y Cilia Flores, ¿de dónde nace ahora la idea de que Venezuela debe pagar con su riqueza petrolera el costo de esa operación?

No se trata de negar la importancia de que Maduro comparezca ante un tribunal y tenga que responder por las acusaciones formuladas contra él. Precisamente porque se trataba de justicia, no puede convertirse retrospectivamente en una factura inmoral. La justicia se administra; no se cobra en barriles.

Puede discutirse por separado la conveniencia de abrir la industria petrolera venezolana a capital estadounidense. Puede incluso defenderse un gran acuerdo energético si es transparente, constitucional, aprobado por autoridades legítimas y beneficioso para Venezuela. Pero eso sería un negocio entre Estados y empresas, no el pago de un rescate, ni la compensación por una captura ordenada por tribunales estadounidenses.

Venezuela no le debe un barril de petróleo a Donald Trump, tampoco a Rubio ni a Pete Hegseth, por haber capturado a Nicolás Maduro. Estados Unidos cumplió una decisión de su propia justicia y Maduro y Cilia Flores están hoy sometidos a esa misma justicia. Convertir ahora aquella operación judicial en el fundamento moral de una apropiación económica es cambiar la historia después de los hechos.

La paradoja es demasiado grande para ignorarla: los venezolanos son presentados como deudores de quienes dicen haberlos liberado, mientras sus riquezas se negocian con buena parte de quienes los mantienen sometidos. Los carceleros continúan en el poder, los libertadores hacen negocios con ellos y al pueblo se le pretende presentar la factura.

FUENTES :

1. U.S. Department of State. “Secretary of State Marco Rubio and Ecuadorian Foreign Minister Gabriela Sommerfeld at a Joint Press Availability”. Quito, 4 de septiembre de 2025. Rubio: Maduro había sido acusado por un gran jurado y era “a fugitive of American justice”.

2. U.S. Department of State. “Secretary of State Marco Rubio with Gillian Turner of Fox News”. 15 de septiembre de 2025. Rubio reiteró que un gran jurado había devuelto una acusación contra Maduro y lo describió como fugitivo de la justicia estadounidense.

3. U.S. Department of State. “Secretary of State Marco Rubio Remarks to the Press”. Washington, 19 de diciembre de 2025. Rubio afirmó que la posición estadounidense se basaba en una acusación federal y una acusación sustitutiva, sustentadas en evidencia presentada ante un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York.

4. The White House / U.S. Government Publishing Office. Carta del presidente Donald J. Trump al Speaker de la Cámara de Representantes, 5 de enero de 2026, House Document 119-124. Señala que la operación del 3 de enero se realizó a solicitud de la Fiscal General y que el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York había emitido órdenes de arresto basadas en acusaciones de un gran jurado.

5. ABC News. “‘This Week’ Transcript 1-4-26: Secretary of State Marco Rubio”. 4 de enero de 2026. Rubio: “This was an arrest operation. This was a law enforcement operation”; afirmó que Maduro fue arrestado en Venezuela por agentes del FBI, informado de sus derechos y trasladado a Estados Unidos.

6. Roll Call. John T. Bennett. “Trump: US will ‘run’ Venezuela after military mission to nab Maduro”. 3 de enero de 2026. La Casa Blanca describió la misión como una “law enforcement operation” realizada por el Departamento de Guerra y la DEA a solicitud del Departamento de Justicia; indicó que agentes de la DEA practicaron los arrestos. Esta versión difiere en el detalle de la agencia actuante de la declaración posterior de Rubio, pero ambas coinciden en caracterizar la captura como una operación de aplicación de la ley.

7. Reuters. “Trump says US will take Venezuelan oil, be reimbursed for costs”. Palm Beach, 3 de enero de 2026. Trump: “We’re going to get reimbursed for everything that we spend” y afirmó que Estados Unidos recuperaría petróleo venezolano.

8. Reuters. “Trump says Venezuela to turn over 30 to 50 million barrels of oil to US”. 6 de enero de 2026. Trump anunció la transferencia de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado para venta a precio de mercado bajo control estadounidense.

9. The White House. Executive Order 14373, “Safeguarding Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People”. 9 de enero de 2026. La orden declara que los fondos derivados del petróleo son propiedad del Gobierno de Venezuela y que Estados Unidos los mantiene en capacidad custodial y no como propiedad estadounidense.

10. Reuters. Jarrett Renshaw. “Trump says US is taking partial control of Venezuela’s vast oil reserves”. 28 de agosto de 2026. Trump anunció control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas; Reuters señaló que los detalles jurídicos y financieros seguían sin estar claros.

11. Associated Press. Aamer Madhani y Collin Binkley. “What we know about Trump’s deal giving US access to vast oil reserves in Venezuela”. 30 de agosto de 2026. AP informó sobre una estructura de participación estadounidense y señaló que seguían sin conocerse detalles esenciales de financiamiento, implementación y términos completos.

12. U.S. Department of Justice, Southern District of New York. “Manhattan U.S. Attorney Announces Narco-Terrorism Charges Against Nicolas Maduro, Current and Former Venezuelan Officials…”. 26 de marzo de 2020. Incluye a Diosdado Cabello en la acusación por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos de armas.

13. U.S. Department of State. “Diosdado Cabello Rondón – Narcotics Rewards Program: Wanted”. Actualización del 10 de enero de 2025. Recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena; la ficha lo vincula con el Cartel de los Soles.

14. Reuters. David Brunnstrom. “Who’s really running Venezuela?”. 13 de enero de 2026. Reuters informó que el sistema de poder político, militar y de seguridad permanecía intacto después de la captura de Maduro. 15. Agencia EFE. “Diosdado Cabello niega que se esté discutiendo la liberación de presos políticos en la mesa de diálogo con la oposición”. 25 de agosto de 2026. Identifica a Cabello como ministro del Interior y secretario general del PSUV

Braulio jatar

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Los aliados de China en alerta cibernética: bastó un solo hombre

Abr 12 2026

Los aliados de China en alerta cibernética: bastó un solo hombre

Por Braulio Jatar Alonso (NotiAmerica)

Un hacker. Un solo hombre —o mujer, nadie lo sabe con certeza— que operó bajo el alias FlamingChina. Seis meses de paciencia quirúrgica. Y el resultado: 10 petabytes de los secretos militares más íntimos de China robados sin que nadie en Pekín se diera cuenta. La muralla china tiene grietas. Y ellos lo saben.

El objetivo fue el Centro Nacional de Supercomputación de Tianjin, la columna vertebral digital del poder militar chino. Desde allí se gestionan simulaciones de misiles, diseños aeroespaciales clasificados y tecnología de defensa de más de 6.000 instituciones. Un solo dominio VPN comprometido fue la puerta de entrada. Lo demás fue silencio, método y devastación.

Mientras eso ocurría, el mundo autocrático que apuesta su supervivencia al escudo chino comenzaba también a desmoronarse. El 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro —el hombre que durante dos décadas se proclamó el muro de contención del imperialismo— fue capturado por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas y trasladado a una celda del Metropolitan Detention Center en Brooklyn. Del Palacio de Miraflores a compartir edificio con Diddy y El Chapo. La caída no pudo ser más simbólica.

El 28 de febrero, le tocó a Irán. Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Epic Fury: casi 900 ataques en 12 horas que liquidaron al Líder Supremo Jamenei y desmantelaron décadas de infraestructura militar. El régimen que compartió tecnología de drones con Rusia, que financió a Hezbollah y los Houthis, que se creyó protegido por el eje Pekín-Moscú, recibió el golpe más devastador de su historia. El paraguas no aguantó.

Nicaragua y Cuba observan. Ortega, Murillo y la gerontocracia habanera ven caer a sus pares uno a uno. Su modelo de sobrevivencia —aferrarse a protectores externos mientras reprimen a su propio pueblo— enfrenta hoy su prueba más dura. Porque si China no pudo proteger sus propios secretos militares durante seis meses, ¿qué garantía real ofrece a sus aliados menores en Managua o La Habana?

Esa es la herida abierta que nadie en Pekín quiere nombrar. Un hacker sin ejército, sin Estado y sin bandera penetró la fortaleza digital más importante de la segunda potencia mundial. Lo hizo con paciencia, con inteligencia y con una VPN. Y se fue con los planos del poder.

Para los regímenes latinoamericanos que apostaron su futuro a ese escudo: el coloso tiene pies de barro digital. Y ya no pueden decir que no lo sabían.

Braulio Jatar Alonso es abogado, editor, director de Reporte Confidencial y autor. Presidente de ILC Consultores Chile/ Venezuela. Fue detenido por el régimen de Maduro entre 2016 y 2021. Escribe para El Tiempo Latino (Washington D.C., NotiAmerica, ) y es entrevistado frecuente en varios medios.

Mi experiencia: A Maduro se le tiene que derrotar en su propio territorio.

Sep 06 2025

BRAULIO JATAR A MADURO HAY QUE DERROTARLO EN SU PROPIO TERRITORIO

Mi experiencia: A Maduro se le tiene que derrotar en su propio territorio.

Por : Braulio Jatar Alonso ( El Tiempo Latino)

Por años la oposición venezolana auténtica—no la que ha sido cómplice necesario de la dictadura—hemos enfrentado con todas sus consecuencias esta tiranía que se ha llevado por delante vidas, libertades, institucionalidad, separación de poderes y la política democrática, robando elecciones y persiguiendo opositores.

En estos días el mar Caribe se llena de embarcaciones de guerra de la armada de Estados Unidos, con aviones, helicópteros y submarinos. Desde el lado de Maduro, que hasta hace poco vociferaba “vengan por mí, cobardes”, ahora se reduce a una súplica pidiéndole al presidente estadounidense que lo oiga—una vez más para negociar tiempo. Pero como sabemos en el Departamento de Estado, miles de páginas recuerdan lo inútil de las contemplaciones y diálogos desde Obama hasta los tiempos actuales.

La ONU, la OEA, el Grupo de Lima, la mediación de Noruega, paneles de expertos de organismos internacionales, así como las ONG de todos los ámbitos y geografías han condenado al régimen. La oposición lo ha derrotado en todos los escenarios posibles, sin concretar una sola solución negociada. Para derrotar al régimen de Maduro tiene que hacerse en su patio, en su “campo de batalla”, en su territorio, tal y como se hizo el 28 de julio. Pero ahora hay que ejecutar, como lo hacen los tribunales, con poder coercitivo la victoria.

Mi experiencia personal lo confirma

En 2016 fui secuestrado por el SEBIN cuando me dirigía en mi vehículo al programa de radio que hacía todos los sábados. Dos funcionarios de la policía política me interceptaron: “la jefa quiere hablar contigo cinco minutos”. Esto se convirtió en cinco años de diversas cárceles y distintos niveles de privación de libertad.

¿He podido escaparme? Sí, muchas veces. En arresto domiciliario y luego confinamiento en la isla de Margarita, tenía libertad para caminar desde mi hogar hasta la marina del antiguo hotel Hilton. Allí me resultaba sencillo abordar una embarcación de cualquier tamaño para salir rumbo a la libertad.

Pero decidí quedarme y dar la batalla en el propio terreno del régimen. Seis meses de juicio oral, con testimonios falsos de policías convertidos en esbirros inmorales, no pudieron derrotar la fuerza de nuestra estrategia legal.

Luego de 26 audiencias, un 10 de septiembre de 2021—exactamente cinco años después—logramos sentencia absolutoria con tal contundencia que el Ministerio Público no apeló, aceptaron su derrota. Después de luchar porque se cumpliera con lo ordenado por el tribunal, me entregaron mi pasaporte el día de la muerte de mi hermana menor, el 17 de junio de 2022.

La lección fundamental

Mi victoria la he dedicado a ella, y también refuerza el título de este artículo: a Maduro hay que derrotarlo en su propio territorio. Durante décadas hemos acumulado victorias morales en foros internacionales—todas importantes, pero ninguna suficiente por sí sola. El problema fundamental es que Maduro no gobierna desde Ginebra o Washington. Gobierna desde Miraflores.

Mi caso lo demuestra: podía haber huido fácilmente, pero entendí que las victorias definitivas se obtienen enfrentando al régimen donde éste ejerce poder real. Mi estrategia legal fue meticulosa: aplicar sus propias reglas de manera consistente hasta obtener una victoria que ni siquiera se atrevieron a apelar.

Mientras observo cómo el Caribe se militariza entiendo que el desafío actual es ejecutar la victoria del 28 de julio. A Maduro hay que derrotarlo en su propio territorio porque es la única forma de ejecutar la victoria.

Braulio Jatar Alonso es abogado, comunicador, profesor en colegio propio y escritor

El efecto pinza de la criminalidad inmigrante

Ago 15 2025

El efecto pinza de la criminalidad inmigrante

Por Braulio Jatar Alonso – Para Notiamérica

En los últimos años, en mis conversaciones con políticos, empresarios y trabajadores, tanto chilenos como extranjeros, se repite un tema que no deja de preocupar: el trato que reciben los inmigrantes, en especial los venezolanos desplazados. Detrás de cada rostro y cada historia hay un patrón que se repite con crudeza. Estas personas huyen de un Estado que ha vaciado de contenido los derechos fundamentales.

La comunidad internacional y las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos han documentado hasta el cansancio cómo en Venezuela se han desmantelado las garantías mínimas, sumiendo a millones en la desesperación. Persecución política, colapso económico, inseguridad alimentaria y sanitaria… todo empuja a salir, no por voluntad, sino por necesidad extrema.

Pero cuando ese desplazado cruza la frontera y llega al país que se supone lo acogerá, se encuentra con otra realidad, tan áspera como la que dejó atrás. En Chile, y en otros destinos, es recibido con políticas indolentes, trabas legales y un estigma inmediato. La forma en que entró —muchas veces por pasos no habilitados— lo marca desde el primer día, y la sombra del Tren de Aragua lo persigue aunque no tenga vínculo alguno con el delito.

Aquí es donde aparece lo que llamo el efecto pinza: la presión simultánea desde dos lados. Por un extremo, el Estado de origen lo expulsa en condiciones de máxima vulnerabilidad. Por el otro, el Estado receptor le cierra las puertas, lo criminaliza y le niega un camino claro de integración.

Esta doble presión funciona como las mandíbulas de una herramienta que aprieta sin dar salida. Desde un lado, empuja la necesidad; desde el otro, bloquea las oportunidades. El resultado es un espacio intermedio en el que el migrante queda atrapado, sin derechos, sin identidad legal y sin posibilidad de ganarse la vida de forma digna.

Es en ese vacío donde el crimen organizado encuentra terreno fértil para reclutar. El Tren de Aragua y otras bandas no necesitan crear la vulnerabilidad: les basta con aprovecharla. El Estado que expulsa sirve el plato, y el Estado que recibe lo condimenta con exclusión y abandono.

Este efecto pinza no es solo un drama humanitario. También es una amenaza directa a la seguridad y a la cohesión social del país recepto. El populismo antiinmigrante, presente en discursos de todos los sectores políticos, ignora que una migración regularizada y controlada es una palanca para el desarrollo, no un lastre.

Otros países de la región han demostrado que hay alternativas. Colombia ha regularizado a casi dos millones de venezolanos, permitiéndoles trabajar, pagar impuestos y construir una vida. Brasil, con su Programa de Acogida, se ha convertido en un ejemplo de política migratoria eficiente y humanizada.

En Chile, en cambio, se insiste en mirar hacia otro lado, como si ignorar el problema lo hiciera desaparecer. La paradoja es que esa indiferencia, lejos de reducir la criminalidad, fortalece a quienes viven de ella y alimenta al monstruo que tenemos todos que combatir.

La transición política chilena no es para Venezuela. Por: Braulio Jatar (Portal Chileno El Dinamo)

Ago 23 2019

Hemos advertido del riesgo de vender la transición chilena como fórmula para Venezuela. Usar como referencia el debate de demócratas chilenos con un gobierno militar, no solo es un error, lo que es peor, puede estar trayendo malas consecuencias a la actual negociación en la tierra caribeña.

Pinochet fue obligado, por su propia Constitución, a llamar a un plebiscito a los ocho años de haberse promulgado la norma marco. El jefe militar apostaba que ganaría el proceso eleccionario, montado en una ola de éxitos económicos. La propuesta de los entonces “chicago boys” habían puesto a Chile en una ruta que la democracia ha mejorado, dándole contenido social, pero nunca desmontado. La dictadura echó las bases de uno de los más exitosos planes económicos en Latinoamérica. El gobierno perdió el proceso eleccionario al que concurrió el 97.53% del electorado, pero con un 44% de los votos de su lado y con unos resaltantes índices económicos, se sentó a negociar – con un importante bloque de partidos de la oposición – algunas reformas a la Carta Magna redactada por sus fuerzas militares y “aprobadas” en 1980 en un proceso que muchos repudiaron por falta de legitimidad.

Ambas partes hicieron lo que pudieron por salir con el mejor acuerdo posible y meses después la democracia volvía, pero con Pinochet como jefe eterno del ejército, un porcentaje de los ingresos derivados de la exportación del cobre adjudicado directamente a la institución militar y otras normas denominadas “anclajes autoritarios”, que por años permitieron que la sombra del militarismo oscureciera la blanca democracia.

El régimen venezolano, en donde militares han ocupado una infinidad de cargos, no tiene éxito económico alguno que mostrar. Por el contrario: es un desastre sin precedentes en la historia universal con 4 millones de venezolanos desplazados. Sus habitantes, víctimas de la violación de derechos humanos, civiles, sociales entre otros, tal y como lo señala el Informe Bachelet, tienen al gobierno con un 87% de desaprobación, según todo tipo de encuestas, por lo que competir en unas elecciones limpias, no es una opción, tal y como quedó demostrado cuando en el año 2016 la Constitución ordenaba celebrar un referendo revocatorio presidencial y el órgano electoral impidió su realización.

En esta Venezuela, la oposición no cuestiona la actual Constitución (1999), los que la gobiernan no tienen éxitos económicos que mostrar, tampoco han cumplido con procesos electorales conforme a ley ni a estándares internacionales, no cuenta con apoyo popular y al igual que el otrora Chile ha violado derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. ¿Qué es lo que hay que negociar? Una “retirada ordenada” al estilo de la dictadura Argentina, país que después del fracaso de la guerra de Las Malvinas, quedó devastado por todos los costados.

!Venezuela no es Chile!

Fuente Original El Dinamo (Chile)

Abogado, comunicador, escritor

¿Qué es la inmunidad parlamentaria y la desaparición forzada? Caso Diputado Gilber Caro (Venezuela)

May 04 2019

6jatar En horas de la madrugada del viernes 26 de abril del 2019, fue detenido Gilbert Caro, un diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. La información al momento revelaba que funcionarios del SEBIN (policía política de Maduro), lo habían “sustraído de su vivienda”, sin mostrar orden judicial de ningún tipo.

El día 03 de mayo de 2019, Ravina Shamdasani portavoz de la oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció: “…Su arresto no solamente se llevó a cabo pasando por alto su inmunidad legislativa, sino que su ubicación no ha sido confirmada por las autoridades (después de más de una semana) …Esto constituye una desaparición forzada bajo la ley internacional”.

En la declaración de la portavoz de DDHH de la ONU, se habla de dos conceptos jurídicos, el primero, la “inmunidad legislativa”, el segundo, la “desaparición forzada”. Vamos a explicar ambos.

La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa procesal, que protege al representante popular de la persecución judicial por motivos fútiles y siempre relacionados con su cargo. El parlamentario tiene como principal atribución el ser vocero, sin restricciones, de sus representados. En razón de lo anterior, es fundamental entender que la importante protección recae mayoritariamente, sobre su derecho a exponer libremente las denuncias que surjan de asuntos relacionados con sus funciones y como vocal, de sus representados en lo que la doctrina denomina “irresponsabilidad legal”.

Ese blindaje primario sobre sus dichos, se amplía hasta sus acciones, y entra dentro del denominado “fuero parlamentario”, el cual tiene reconocimiento dentro de lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 200:

“Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento.

Por su parte el Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional señala:

Artículo 25. Los diputados y diputadas gozarán de inmunidad en los términos y condiciones previstos en la Constitución de la República. A los efectos del procedimiento previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República, una vez recibida la solicitud de autorización formulada por el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional procederá a designar una Comisión Especial que se encargará de estudiar el asunto y de presentar a la plenaria, dentro de los treinta días siguientes a su constitución, un informe pormenorizado, con una proposición sobre la procedencia o no de la autorización solicitada, garantizando al diputado involucrado o diputada involucrada la aplicación de las reglas del debido proceso, consagradas en el artículo 49 de la Constitución de la República.

La inmunidad parlamentaria impide a cualquier autoridad seguir un proceso judicial en contra de un legislador, sin la previa autorización del “cuerpo parlamentario”. Dicho de otra forma, sus colegas son sus “jueces naturales” para determinar prima facie, la presunta responsabilidad del diputado en los hechos que se le imputan. Sin el “permiso” de sus “iguales”, el proceso se paraliza de forma indefinida.

Como se hace evidente en el caso del diputado Gilber Caro, no se ha cumplido con una sola letra de lo ordenado por la Constitución Nacional, de allí que su detención viola la protección que como parlamentario le otorga la Constitución Nacional, y lo que es más grave, su caso se convierte en uno de “desaparición forzada bajo la ley internacional”, como explicamos a continuación.

Según la “Declaración Sobre La Protección De Todas Las Personas Contra Las Desapariciones Forzadas” proclamada por la Asamblea General en su Resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que: «Se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.»

Como se puede claramente establecer de la definición contenida en la Declaración de la ONU, el diputado Caro habiendo sido privado de su libertad por funcionarios del gobierno de Maduro, violando su inmunidad y luego negándose a revelar su paradero, lo convierte en una victima de una doble arbitrariedad que debe ser denunciada como violación de normas nacionales e internacionales.

Escrito por Braulio Jatar Alonso

Preso Político

Nueva orden de detención de Leopoldo (Comentarios)

May 02 2019

Captura Uno muere una sola vez. No se ha conocido a nadie que haya muerto en dos oportunidades. En la Biblia se habla de que Lázaro “despertó”, no se dice que regresó de la muerte. Y en el caso de Jesús, una vez que resucitó, nunca más ha muerto.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha informado que un tribunal de Caracas, “dictó una orden de aprehensión contra López”, lo que parece no tener sentido jurídico, ya que su captura surge Ipso iure es decir de pleno derecho, como consecuencia de haberse interrumpido la reclusión que le corresponde como consecuencia de una “condena” dictada hace algunos años. Conforme a lo anterior, el TSJ debería saber que el Estado tiene el deber de capturar a un “fugado”, sin necesidad de una nueva orden de aprehensión, no importa si es con ocasión o no a un nuevo “delito”.

Panem et circenses (literalmente « pan y circo ») es una locución latina que refiere la práctica de un gobierno que, para mantener tranquila a la población u ocultar hechos controvertidos, simplemente hace un acto circense.

En derecho no se puede condenar dos veces a un ciudadano, por el mismo delito. Tampoco tiene sentido ordenar aprehensión a quien está fugado, ya que al estar evadido su detención opera prima facie.

El Código Penal tiene todo un capítulo dedicado exclusivamente a los fugados, y en el caso de los que estén cumpliendo condena, como es el caso de López, se establece un aumento del tiempo de la pena “de una cuarta a quinta parte conforme acuerde el tribunal”.

Tampoco está claro que en el caso de López hubo fuga. Sus propios carceleros lo liberaron y Juan Guaidó como Presidente (E), dice que ordenó su liberación por indulto presidencial.

Por otra parte, López al ser recibido en la residencia del embajador de España como huésped, está protegido por una ficción jurídica de extraterritorialidad, es decir es inalcanzable para las autoridades venezolanas en este momento.

La nueva “orden de detención de López” es simplemente de imposible ejecución en los hechos y Ab Absurdo en el derecho

Vigencia de la Doctrina de Betancourt, mi lectura del libro de Luis José Oropeza.

Abr 24 2019

Quiero en esta oportunidad hablarles de mi lectura del libro “La Doctrina de Betancourt, una alternativa para Venezuela” del Dr. Luís José Oropeza, abogado con postgrados en economía y ciencias políticas, en Gran Bretaña, Wisconsin y Boston.

Su hija Eleonora tuvo la cortesía de hacérmelo llegar y el autor de estampar dedicatoria. En reciprocidad le envié “Diálogos Democráticos con Braulio Jatar” del senador chileno Francisco Chahuán, con también nota y mi firma.

Supe de Rómulo Betancourt apenas abrí los ojos en Chile. Mi padre expatriado, era uno de los fundadores del partido Acción Democrática (AD) y al igual que muchos adecos, estuvo dando tumbos por el mundo. En el libro de Oropeza se incorpora un ensayo inédito de Betancourt, titulado “Venezuela y Cuba en el turbión del Caribe”, en el cual el líder adeco hace una confesión que me resultó interesante, cuando devela que en 1929 viajaba con pasaporte chileno bajo el nombre de Carlos Luís Eizaguirre y presentaba como lugar de nacimiento la ciudad de Talca, que en lengua mapuche significa “sitio del trueno”.

En recientes palabras con motivo de la presentación del libro del senador chileno Francisco Chahuán, envié un mensaje al recinto que tenía como estribillo “Chile antes, Chile ahora y Chile siempre”. Para el momento del acto, no tenía la información del libro de Oropeza, pero la misma me refuerza en mi convicción de lo importante que ha sido nuestro Chile ayer, hoy y…siempre.

El autor en 150 páginas, nos habla de su convicción de como lo que vive Venezuela en el presente, es la misma lucha que desde hace décadas enfrentó y advirtió el llamado “padre de la democracia” y que lo llevó, a enfrentar tanto la dictadura de Trujillo en Santo Domingo , como la de Fidel Castro en Cuba. El primero atentó contra su vida, el segundo intentó invadir a Venezuela a la fuerza, ambos fueron expulsados por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Oropeza narra los inicios de la OEA a partir de la denominada “Carta de Bogotá”. Nos habla con conocimiento sobre el postulado del profesor Karl Popper, cuando afirmaba que las hipótesis inclusive en el campo científico, solo están dotadas de certeza hasta que logran ser metodológicamente refutadas.

También nos cuenta como Betancourt hizo renunciar a su canciller Arcaya – su hijo luego ministro de Chávez- porqué aunque en su momento denunció a Trujillo ante la OEA; luego frente a Castro se negó a hacer lo propio. De igual forma nos ilustra sobre la existencia de Gareth Evans autor del libro “La Responsabilidad de Proteger” y de Bernard Kouchner , cofundador de la extraordinaria organización “Médicos Sin Fronteras”, a quien se le acuña la doctrina “droit d´ ingerence humanitaire”, es decir de la “Intervención Humanitaria”, la misma que Antonio Ledezma repetida veces ha urgido para Venezuela.

El autor fincado en documentos históricos y usando medios más modernos, nos ilustra sobre la “Doctrina de Betancourt”, la cual podemos sintetizar en la necesidad de la creación de un “cerco de aislamiento y cuarentena entorno de los gobiernos ilegítimos y arbitrarios”. Su propuesta en 1948, cuando Gallegos era el presidente de Venezuela, no se vendía fácilmente; los países del hemisferio, por una parte, estaban inundados de dictaduras y el resto del mundo, de intervenciones colonialistas.

En el trabajo histórico del hombre de la doctrina , insertado en el libro de Oropeza desde la página 159, y escrito entre el 4 de julio y 27 de agosto de 1964 viajando en el vapor “Uruguay”, Betancourt advierte estar en contra de toda “intervención militar de EEUU”, aún en el caso de Cuba, aunque para el momento de sus afirmaciones, no se habían producido los eventos del intento de invasión cubana de Machurucuto de 1967.

Tuve la oportunidad de preguntar a Oropeza, cómo explicaba la posible contradicción entre Betancourt y los que piden “cooperación militar” en las actuales circunstancias. En las páginas del libro, el propio expresidente parece dar respuesta cuando dice: “ Sin embargo, en todo momento fue enfático el gobierno que presidí en rechazar la idea de una solución de fuerza del problema cubano, mediante el uso de ejércitos extranjeros, por decisión tomada sin acuerdo previo de la OEA”. El resaltado es nuestro, en lo que parece ser la excepción a la regla. La intervención se legitima cuando a ella concurren los países de la OEA, es la opinión del autor y también la nuestra, al precisar las frases del político venezolano.

Gustavo Tarre Briceño se instaló en la OEA como representante de Venezuela este martes 23 de abril, mientras Maduro anuncia su “retirada”. Pareciera que el debate en ese organismo multilateral, será o pudiera ser donde se produzcan los hechos que cambien la actual historia de Venezuela.

Debo recomendar el libro de Oropeza, por ser de gran actualidad y de necesaria lectura para entender lo que hay y lo que pudiera venir.

En este video, anexado por sugerencias del propio doctor Oropeza – a partir del minuto veinte – se puede ver y oír a Betancourt, hablando del tema y su contradictorio con su “amigo” Rafael Caldera.

“No establecer relaciones con gobiernos de facto”

Braulio jatar

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“No establecer relaciones con gobiernos de facto”