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La factura falsa: Venezuela no le debe petróleo a Trump (Braulio Jatar Alonso)

Ago 30 2026

Venezuela no le debe petroleo a Trumo Braulio Jatar Alonso

La factura falsa: Venezuela no le debe petróleo a Trump

Por Braulio Jatar Alonso

Antes de la captura de Nicolás Maduro, Marco Rubio repitió una justificación que parecía jurídicamente sencilla: Estados Unidos perseguía a una persona acusada por su propia justicia. El 4 de septiembre de 2025, en Quito, afirmó que Maduro había sido acusado por un gran jurado y era “un fugitivo de la justicia estadounidense”. El 15 de septiembre insistió en que un gran jurado había emitido la acusación. Y el 19 de diciembre sostuvo que la caracterización del régimen como organización narcoterrorista se apoyaba en una acusación federal y en pruebas presentadas ante un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York.[1][2][3]

Ese argumento importa hoy porque fue el que acompañó la escalada previa al operativo. No se decía entonces que Venezuela hubiera contratado a Estados Unidos para liberarla, ni que los venezolanos debieran pagar una factura por la eventual captura. Se decía que existía una causa penal estadounidense, una acusación formal y un prófugo de la justicia de Estados Unidos.

Cuando llegó el operativo del 3 de enero de 2026, la propia administración mantuvo inicialmente esa explicación. En la comunicación que Donald Trump remitió al Congreso el 5 de enero señaló que las Fuerzas Armadas actuaron “pursuant to a request from the Attorney General” y que un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York había emitido órdenes de arresto contra Maduro y Cilia Flores basadas en acusaciones de un gran jurado.[4]

Rubio fue todavía más categórico al día siguiente de la captura: “This was an arrest operation. This was a law enforcement operation”. Añadió que Maduro había sido arrestado en territorio venezolano por agentes federales, informado de sus derechos y trasladado a Estados Unidos.[5] Una versión de la Casa Blanca difundida el propio 3 de enero describió igualmente la misión como una operación de aplicación de la ley ejecutada a solicitud del Departamento de Justicia, con participación de fuerzas militares y agentes antidrogas.[6]

Es decir, el relato oficial era inequívoco en su núcleo: Estados Unidos estaba ejecutando órdenes de su propia justicia contra acusados de delitos perseguibles ante sus tribunales. La fuerza militar fue presentada como el instrumento que permitió realizar esa captura, no como un servicio contratado por la República de Venezuela.

Por eso resulta jurídicamente insostenible fabricar después una deuda de los venezolanos por el hecho de que Estados Unidos haya decidido cumplir órdenes judiciales estadounidenses. Hacer justicia no genera, por sí solo, un crédito contra el pueblo en cuyo territorio se encuentra el acusado. Ni la acusación del gran jurado, ni las órdenes de arresto, ni la carta de Trump al Congreso establecen que Venezuela deba indemnizar a Washington por ejecutar esas decisiones.

Sin embargo, apenas consumado el operativo apareció otro discurso. El 3 de enero Trump afirmó que la presencia estadounidense “no nos costará nada” porque había mucho dinero saliendo del subsuelo venezolano. Agregó: “We’re going to get reimbursed for everything that we spend”, y habló de “recuperar” petróleo que, según él, Estados Unidos debió haber recuperado mucho antes.[7]

Tres días después anunció que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado para ser vendidos a precio de mercado, con los ingresos bajo control estadounidense.[8] Lo que había sido presentado como cumplimiento de una orden judicial comenzó a confundirse con una lógica de reembolso, control económico y aprovechamiento petrolero.

Hay, además, un documento de la propia administración Trump que dificulta todavía más esa narrativa. El 9 de enero, una orden ejecutiva sobre los ingresos derivados del petróleo venezolano depositados en cuentas del Tesoro declaró expresamente que esos fondos constituyen propiedad del Gobierno de Venezuela y que Estados Unidos los mantiene en condición de custodio, “not as the property of the United States”.[9]

La contradicción alcanza hoy una dimensión mucho mayor. El 28 de agosto Trump anunció lo que llamó “THE BIGGEST OIL DEAL IN WORLD HISTORY”: un entendimiento que, según su versión, otorgaría control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas. Reuters y Associated Press han informado que el acuerdo fue negociado por Rubio y Pete Hegseth con el gobierno de Delcy Rodríguez, pero su texto completo y aspectos esenciales de su estructura jurídica y financiera todavía no han sido divulgados públicamente.[10][11]

Mientras tanto, buena parte del aparato que Washington identificó durante años como integrante o soporte del llamado Cartel de los Soles continúa instalada en el poder. El Departamento de Justicia acusó formalmente a Diosdado Cabello junto a Maduro por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos vinculados con armas. El Departamento de Estado mantiene una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.[12][13]

Cabello, sin embargo, sigue siendo ministro del Interior y una de las principales figuras del poder venezolano. Reuters describió en enero que, pese a la extracción de Maduro, el núcleo político, militar y de seguridad que había gobernado Venezuela permanecía esencialmente intacto.[14] En agosto, Cabello continúa apareciendo públicamente como ministro del Interior y secretario general del PSUV.[15]

La pregunta entonces es inevitable. Si el objetivo era desmantelar una organización narcoterrorista, ¿por qué sus figuras centrales permanecen gobernando y negociando con Washington? Y si el objetivo era simplemente ejecutar una orden judicial contra Maduro y Cilia Flores, ¿de dónde nace ahora la idea de que Venezuela debe pagar con su riqueza petrolera el costo de esa operación?

No se trata de negar la importancia de que Maduro comparezca ante un tribunal y tenga que responder por las acusaciones formuladas contra él. Precisamente porque se trataba de justicia, no puede convertirse retrospectivamente en una factura inmoral. La justicia se administra; no se cobra en barriles.

Puede discutirse por separado la conveniencia de abrir la industria petrolera venezolana a capital estadounidense. Puede incluso defenderse un gran acuerdo energético si es transparente, constitucional, aprobado por autoridades legítimas y beneficioso para Venezuela. Pero eso sería un negocio entre Estados y empresas, no el pago de un rescate, ni la compensación por una captura ordenada por tribunales estadounidenses.

Venezuela no le debe un barril de petróleo a Donald Trump, tampoco a Rubio ni a Pete Hegseth, por haber capturado a Nicolás Maduro. Estados Unidos cumplió una decisión de su propia justicia y Maduro y Cilia Flores están hoy sometidos a esa misma justicia. Convertir ahora aquella operación judicial en el fundamento moral de una apropiación económica es cambiar la historia después de los hechos.

La paradoja es demasiado grande para ignorarla: los venezolanos son presentados como deudores de quienes dicen haberlos liberado, mientras sus riquezas se negocian con buena parte de quienes los mantienen sometidos. Los carceleros continúan en el poder, los libertadores hacen negocios con ellos y al pueblo se le pretende presentar la factura.

FUENTES :

1. U.S. Department of State. “Secretary of State Marco Rubio and Ecuadorian Foreign Minister Gabriela Sommerfeld at a Joint Press Availability”. Quito, 4 de septiembre de 2025. Rubio: Maduro había sido acusado por un gran jurado y era “a fugitive of American justice”.

2. U.S. Department of State. “Secretary of State Marco Rubio with Gillian Turner of Fox News”. 15 de septiembre de 2025. Rubio reiteró que un gran jurado había devuelto una acusación contra Maduro y lo describió como fugitivo de la justicia estadounidense.

3. U.S. Department of State. “Secretary of State Marco Rubio Remarks to the Press”. Washington, 19 de diciembre de 2025. Rubio afirmó que la posición estadounidense se basaba en una acusación federal y una acusación sustitutiva, sustentadas en evidencia presentada ante un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York.

4. The White House / U.S. Government Publishing Office. Carta del presidente Donald J. Trump al Speaker de la Cámara de Representantes, 5 de enero de 2026, House Document 119-124. Señala que la operación del 3 de enero se realizó a solicitud de la Fiscal General y que el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York había emitido órdenes de arresto basadas en acusaciones de un gran jurado.

5. ABC News. “‘This Week’ Transcript 1-4-26: Secretary of State Marco Rubio”. 4 de enero de 2026. Rubio: “This was an arrest operation. This was a law enforcement operation”; afirmó que Maduro fue arrestado en Venezuela por agentes del FBI, informado de sus derechos y trasladado a Estados Unidos.

6. Roll Call. John T. Bennett. “Trump: US will ‘run’ Venezuela after military mission to nab Maduro”. 3 de enero de 2026. La Casa Blanca describió la misión como una “law enforcement operation” realizada por el Departamento de Guerra y la DEA a solicitud del Departamento de Justicia; indicó que agentes de la DEA practicaron los arrestos. Esta versión difiere en el detalle de la agencia actuante de la declaración posterior de Rubio, pero ambas coinciden en caracterizar la captura como una operación de aplicación de la ley.

7. Reuters. “Trump says US will take Venezuelan oil, be reimbursed for costs”. Palm Beach, 3 de enero de 2026. Trump: “We’re going to get reimbursed for everything that we spend” y afirmó que Estados Unidos recuperaría petróleo venezolano.

8. Reuters. “Trump says Venezuela to turn over 30 to 50 million barrels of oil to US”. 6 de enero de 2026. Trump anunció la transferencia de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado para venta a precio de mercado bajo control estadounidense.

9. The White House. Executive Order 14373, “Safeguarding Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People”. 9 de enero de 2026. La orden declara que los fondos derivados del petróleo son propiedad del Gobierno de Venezuela y que Estados Unidos los mantiene en capacidad custodial y no como propiedad estadounidense.

10. Reuters. Jarrett Renshaw. “Trump says US is taking partial control of Venezuela’s vast oil reserves”. 28 de agosto de 2026. Trump anunció control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas; Reuters señaló que los detalles jurídicos y financieros seguían sin estar claros.

11. Associated Press. Aamer Madhani y Collin Binkley. “What we know about Trump’s deal giving US access to vast oil reserves in Venezuela”. 30 de agosto de 2026. AP informó sobre una estructura de participación estadounidense y señaló que seguían sin conocerse detalles esenciales de financiamiento, implementación y términos completos.

12. U.S. Department of Justice, Southern District of New York. “Manhattan U.S. Attorney Announces Narco-Terrorism Charges Against Nicolas Maduro, Current and Former Venezuelan Officials…”. 26 de marzo de 2020. Incluye a Diosdado Cabello en la acusación por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos de armas.

13. U.S. Department of State. “Diosdado Cabello Rondón – Narcotics Rewards Program: Wanted”. Actualización del 10 de enero de 2025. Recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena; la ficha lo vincula con el Cartel de los Soles.

14. Reuters. David Brunnstrom. “Who’s really running Venezuela?”. 13 de enero de 2026. Reuters informó que el sistema de poder político, militar y de seguridad permanecía intacto después de la captura de Maduro. 15. Agencia EFE. “Diosdado Cabello niega que se esté discutiendo la liberación de presos políticos en la mesa de diálogo con la oposición”. 25 de agosto de 2026. Identifica a Cabello como ministro del Interior y secretario general del PSUV

Braulio jatar

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Video + Fotos: Claves que asimilan Últimos Días de Noriega (Panamá) con Actuales en Venezuela (Segunda Parte.- Elliot Abrams)

Feb 27 2020

Claves Que Asimilan Los Últimos Días De Noriega (Panamá) Con Actuales En Venezuela (Segunda Parte.- Elliot Abrams)

Abrams sirvió a Reagan como subsecretario de Estado para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios y más tarde como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. El Presidente George W. Bush nombró a Abrams Ayudante Especial del Presidente y Director para Democracia, Derechos humanos, y Operaciones Internacionales en el Consejo de Seguridad Nacional en 2001.

“Necesitamos vernos inmediatamente” – le dijo Roberto Díaz Herrera, jefe del estado mayor del ejército panameño al entonces presidente Nicolás (Niky) Ardito Barletta, quien acababa de aterrizar en la capital. El Jefe de Estado sabía que lo estaban buscando para destituirlo. Noriega lo esperaba en su despacho en la comandancia. La escena no era nueva en un país donde los militares mandaban sobre los civiles.

– En Panamá se ha iniciado un movimiento sedicioso apoyado por usted y por eso debe dimitir. Noriega con la jactancia de quien se cree eterno en el poder, jugaba con su acorralada presa.
-¿Por qué debo marcharme? preguntó quien había “ganado” unas elecciones fraudulentas de mano de “Cara e´Piña. Los militares intervinieron en el proceso y fabricaron la victoria de Nicolás “Fraudito” Barletta sobre Arnulfo Arias Madrid, un reconocido político opositor.
– Usted ha conspirado contra la nación al promover una comisión investigadora del crimen de Spadafora – Díaz Herrera, en el interrogatorio hacia el papel del policía malo- “Usted puede dimitir ahora o ser mas tarde destituido por la Asamblea Nacional”

Cuando Barletta pidió permiso para llamar a su secretaria y ordenarle recoger todo, ella le informa que Elliot Abrams- el responsable del Departamento de Estado para asuntos latinoamericanos- lo había telefoneado. El presidente tomó nota del número y desde donde lo tenían retenido, le devolvió la llamada a Abrams, mientras sus desprevenidos captores esperaban por su renuncia.

“Manténgase, No dimita. Nosotros lo apoyamos”, dijo Abrams con tono firme. Pero nunca hubo mucho que hacer. Para muchos en EEUU Barletta era un títere de los militares y no muchos confiaban tampoco en él.

A las pocas horas el 27 de septiembre de 1985, (Niky) Ardito Barletta renunciaba y su puesto era ocupado por Eric Arturo Del Valle. Otra marioneta de Noriega.

La situación del Gobierno de Reagan con respecto a Noriega se tornó aún peor, tres años después, en febrero de 1988, cuando el Departamento de Justicia de los EE.UU. lo acusó por tráfico de drogas y lavado de dinero en Florida. Esas acusaciones lo ligaban directamente con los carteles de la droga que contrabandeaban cocaína a los Estados Unidos

Reagan quería en mayo de 1988 terminar con el asunto llamado Noriega, para concentrarse en su gira a Moscú. Entre sus opciones estaban el liberar al dictador de Panamá de todas las acusaciones en su contra por narcotráfico, a cambio de que dejará el poder. Bush, quien era el vicepresidente se había opuesto públicamente a semejante concesión.

“Mientras se mantengan esas acusaciones ante los tribunales, tendrán que venir por mi”, dijo. Del otro lado estaban dos funcionarios americanos negociando con él, uno era de apellido Kozak y el otro era Abrams, habían pasado muchos meses desde la forzada renuncia de Barletta.

Para entonces, el gobierno de Reagan había llegado a la conclusión de que Noriega debía ser expulsado. Pero, no había consenso sobre cómo lograr este objetivo. Siempre se supo que el Presidente Reagan era muy renuente a resolver las disputas sobre políticas entre sus asesores importantes.

El Departamento de Estado, encabezado por Elliot Abrams, y la Plana Mayor del NSC (Consejo de Seguridad Nacional) querían deponer a Noriega inmediatamente y estaban totalmente dispuestos a utilizar toda la presión diplomática posible para arrinconarlo, apoyando un golpe desde dentro de las filas de las FDP para deponerlo.

– “Mire, general, hemos recibido claras instrucciones sobre su asunto, o es ahora o nunca”. Reagan ya había sañido para Moscú y su Secretario de Estado Schultz, había retrasado su partida, esperando enojado por una respuesta definitiva desde Panamá. Michael Kozac , el responsable del país centroamericano en la administración Reagan reunido con Noriega le dijo “Mire el Secretario de Estado está esperando, el presidente ya ha abandonado el país. Necesito decirle que toda ha sido resuelto”.

A los pocos minutos Kosac llamaba a Washington del otro lado de la línea esperaban por la información Michael Armacost , subsecretario de estado y Abrams. Por su parte Schultz, daba tiempo en la sala de prensa para anunciar la solución del asunto. “todo ha terminado” dijo Kozak

-¿Qué quieres decir? – preguntó Armacost- ¿Has tenido éxito o no?

-No. Todo ha terminado, El resultado es negativo.

Quien es ahora el enviado especial para Maduro y Venezuela, convenció al Secretario Schultz de que la intervención militar era el mejor curso de acción

No habiendo lugar para la negociación, el Departamento de Estado fue el primero en proponer el uso de las fuerzas militares. Elliot Abrams, Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, fue quien diseñó esta política. A medida que se reveló la obstinación de Noriega por permanecer en el poder, Abrams se convenció de que el mejor, y quizás único instrumento para desplazarlo de la escena era utilizar el poder militar de Estados Unidos. Quien es ahora el enviado especial para Maduro y Venezuela, convenció al Secretario Schultz de que la intervención militar era el mejor curso de acción.

Cuando el Departamento de Estado y Abrams proponían cualquier forma de intervención militar, Crowe y la Junta de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas se oponían con detalles de los costos, riesgos y obstáculos inherentes a tal intervención en virtud de la misma. Crowe tenía fuertes reservas sobre la conveniencia de una participación militar en Panamá y frecuentemente chocaba con Abrams a quien consideraba “un hombre peligroso que seguía una política riesgosa… un ideólogo fuera de control. Abrams, a su vez, consideraba que la renuencia de Crowe a utilizar la fuerza militar era “una precaución militar mal aconsejada por la experiencia post Vietnam.”

El Gobierno de Reagan se mantuvo dividido durante todo 1988 sobre la cuestión de adoptar o no la opción militar para resolver el problema panameño. El Departamento de Estado, liderado por Elliot Abrams abogaba por al menos el uso limitado de la fuerza para capturar a Noriega y someterlo a la justicia en EE.UU, tal como sucedió el 03 de enero de 1990, bajo la administración de George Bush . (VER VIDEO)

El enero 25, 2019 el Presidente Donald Trump nombra a Elliot Abrams como encargado para “liderar los esfuerzos en Venezuela.”

“Elliott será un verdadero activo para nuestra misión de ayudar al pueblo venezolano a restaurar por completo la democracia y la prosperidad en su país”, dijo Pompeo en una conferencia de prensa.

Fuentes:

Noriega toda la Verdad. Frederick Kemper –

Monografía “Invasión de Panamá” por Félix Puga Henríquez

Nadie puede entrar en la casa del poderoso, a menos que le ate sus manos (TIAR)

Sep 28 2019

Jesús ha dicho: “Nadie puede entrar en la casa del poderoso para conquistarla, a menos que le ate sus manos”. Esto es lo que muchos, durante demasiado tiempo, no han entendido sobre la realidad venezolana.

Las cancillerías con algunos matices y entendemos que por razones de historia reciente, han hecho del debate sobre Venezuela, una letanía donde la palabra “solución pacífica” se antepone a toda tramitación. Es como poner a la carreta a empujar la mula y esperar que el objeto inmóvil, ponga en marcha al semoviente.

En conversaciones con varios generadores de opinión en Chile, hemos precisado que Cristo no dijo “invadan con fuerza militar al enemigo”, simplemente pedía inmovilizarlo para poder cumplir con el objetivo.

Finalmente esta semana, los países que conforman el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR), aprobaron avanzar contra un régimen, que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, ha cuestionado por una multiplicidad de transgresiones a las garantías que corresponden a todo ser humano desde su nacimiento.

Los que han pretendido satanizar al TIAR; parece no haber leído ni tan siquiera el primer artículo del Tratado cuando señala:

“Las Altas Partes Contratantes condenan formalmente la guerra y se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o del presente Tratado”.

Nadie está queriendo quemar la mula y la carreta, pero para lograr que la primera se mueva, solo hay dos formas: O le enseñas el heno de fleo o el palo. En negociaciones donde una parte solo respeta la fuerza, es mejor tener un contundente florero que una rosa sobre el escritorio, no conocemos a nadie que le tema a una hermosa flor.

Los países que vienen exigiendo acciones en Venezuela, han sumando todo tipo de esfuerzos, es así como también esta semana, el Consejo de DDHH de la ONU, aprobó la creación de una Comisión Independiente cuya función básica, será investigar “casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzosa, detención arbitraria, tortura (…), con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores”, reza el texto aprobado.

Cuando a Rubén Blades, el gran cantante de la salsa nacido en Panamá, le preguntaron para qué necesitaba el título de abogado de Harvard teniendo tanto reconocimiento como músico en el mundo, su respuesta fue: “Es una especie de pistola calibre 45 que tengo sobre la mesa, por si la necesito cuando se dude de mi capacidad intelectual”.

El señor Blades sabe muy bien como enfrentar a los “Pedros Navajas”.

Braulio Jatar Alonso

Abogado, comunicador y escritor.

Del asesinato de Orlando Letelier a la aplicación del TIAR en Venezuela

Sep 15 2019

Del asesinato de Orlando Letelier a la aplicación del TIAR en Venezuela

Braulio Jatar Alonso.-

Tucídides un historiador y militar ateniense dijo que “la historia es un incesante volver a empezar”. La semana pasada fue designado Michael Kozak, como subsecretario de Estado de EEUU para el hemisferio Occidental.

Kozak estuvo involucrado en 1991, en los distintos planes para traer a la justicia americana, a los asesinos de Orlando Letelier. En octubre del 2005, John Kerry, Secretario de Estado le entrega a la entonces presidenta Michelle Bachelet, un pendrive con cerca de 300 documentos desclasificados sobre el asesinato en 1976 del excanciller chileno, en Washington.

Letelier ex ministro en el gobierno de Allende, había sido apresado por el régimen militar y Diego Arria un estrecho colaborador de Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, viajó hasta Santiago, para pedirle al general Pinochet que se los entregara. “Almirante: entréguele el señor Letelier a Don Diego”; fueron las palabras con las que se selló la salida del preso hacia Caracas. Allí mantendría residencia hasta que luego se mudara a la capital de EEUU, en donde una bomba adherida a su vehículo explotaría, matándolo junto con una asistente.

En los documentos entregados por Kerry destaca el nombre de Mike Kozak, quien era un funcionario de asuntos hemisféricos del Departamento de Estado durante la investigación del asesinato de Letelier. En un memorándum, Kozak hace saber que el principal objetivo en el caso Letelier, es llevar a los responsables del crimen ante la justicia y plantea seis opciones:

1) Que Estados Unidos presione por un juicio en Chile. 2) Que Estados Unidos pida la extradición de los responsables. 3) Solicitar a Chile que los expulsen a Estados Unidos o un tercer país. 4) Atraer a los señalados del asesinato fuera de Chile y extraditarlos desde un tercer país. 5) Capturar a los autores intelectuales con el consentimiento de Chile. 6) Arrestar a los culpables en suelo chileno sin autorización de Chile.

El 11 de septiembre la OEA, con el voto del gobierno de Chile, acordó la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), para aplicarlo a Venezuela. La representación del presidente Piñera, en una primera oportunidad, se había unido a la propuesta de Costa Rica, de excluir expresamente la “acción militar” como una posibilidad al aplicar el tratado; la petición fue negada, y el TIAR será consultado en todas sus opciones.

El Presidente (E) Juan Guaidó ha dado fin a los diálogos de Oslo y Barbados señalando “quienes usurpan el poder han bloqueado la salida pacífica. Vamos darle continuidad a la activación del TIAR”.

La historia indica que Michael Kozak, ahora subsecretario de Estado de EEUU para el hemisferio Occidental, cuando tuvo que decidir cómo actuar en el caso de Letelier, no lo hizo pensando en una sola opción, tampoco excluyendo ninguna.

El cuerpo del ex ministro chileno Orlando Letelier, fue enterrado en 1976 en el cementerio del Este, de Caracas. “El cadáver –señalaba una nota de EFE- fue velado en el Ayuntamiento por el presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez”.

Letelier había salido en libertad hacia Caracas, luego volvería para ser enterrado. El gobierno de Chile tiene ahora parte del destino de Venezuela en sus manos. “La historia es un incesante volver a empezar”

La transición política chilena no es para Venezuela. Por: Braulio Jatar (Portal Chileno El Dinamo)

Ago 23 2019

Hemos advertido del riesgo de vender la transición chilena como fórmula para Venezuela. Usar como referencia el debate de demócratas chilenos con un gobierno militar, no solo es un error, lo que es peor, puede estar trayendo malas consecuencias a la actual negociación en la tierra caribeña.

Pinochet fue obligado, por su propia Constitución, a llamar a un plebiscito a los ocho años de haberse promulgado la norma marco. El jefe militar apostaba que ganaría el proceso eleccionario, montado en una ola de éxitos económicos. La propuesta de los entonces “chicago boys” habían puesto a Chile en una ruta que la democracia ha mejorado, dándole contenido social, pero nunca desmontado. La dictadura echó las bases de uno de los más exitosos planes económicos en Latinoamérica. El gobierno perdió el proceso eleccionario al que concurrió el 97.53% del electorado, pero con un 44% de los votos de su lado y con unos resaltantes índices económicos, se sentó a negociar – con un importante bloque de partidos de la oposición – algunas reformas a la Carta Magna redactada por sus fuerzas militares y “aprobadas” en 1980 en un proceso que muchos repudiaron por falta de legitimidad.

Ambas partes hicieron lo que pudieron por salir con el mejor acuerdo posible y meses después la democracia volvía, pero con Pinochet como jefe eterno del ejército, un porcentaje de los ingresos derivados de la exportación del cobre adjudicado directamente a la institución militar y otras normas denominadas “anclajes autoritarios”, que por años permitieron que la sombra del militarismo oscureciera la blanca democracia.

El régimen venezolano, en donde militares han ocupado una infinidad de cargos, no tiene éxito económico alguno que mostrar. Por el contrario: es un desastre sin precedentes en la historia universal con 4 millones de venezolanos desplazados. Sus habitantes, víctimas de la violación de derechos humanos, civiles, sociales entre otros, tal y como lo señala el Informe Bachelet, tienen al gobierno con un 87% de desaprobación, según todo tipo de encuestas, por lo que competir en unas elecciones limpias, no es una opción, tal y como quedó demostrado cuando en el año 2016 la Constitución ordenaba celebrar un referendo revocatorio presidencial y el órgano electoral impidió su realización.

En esta Venezuela, la oposición no cuestiona la actual Constitución (1999), los que la gobiernan no tienen éxitos económicos que mostrar, tampoco han cumplido con procesos electorales conforme a ley ni a estándares internacionales, no cuenta con apoyo popular y al igual que el otrora Chile ha violado derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. ¿Qué es lo que hay que negociar? Una “retirada ordenada” al estilo de la dictadura Argentina, país que después del fracaso de la guerra de Las Malvinas, quedó devastado por todos los costados.

!Venezuela no es Chile!

Fuente Original El Dinamo (Chile)

Abogado, comunicador, escritor

APUNTES EXPLICATIVOS: NORUEGA; MEDIACIÓN Y EL COMBATE A LA FALACIA.

May 29 2019

NORUEGA; MEDIACIÓN Y EL COMBATE A LA FALACIA.

Ante la inesperada intervención del gobierno de Noruega, en el conflicto político que sufre Venezuela, muchas voces han formado opinión sobre el tema. Juan Guaidó, presidente (e), ha reclamado que se use el lenguaje “apropiado” cuando en un acto político ha dicho: “Es una invitación a una mediación de Noruega, es decir, no es negociación, no es diálogo, no utilicemos (…) la narrativa del régimen”.

Ahora bien, para entender el tema, tenemos que comprender los términos, y dentro de cúal contexto se usan. Para empezar hay que decir que la “mediación” es uno de los cuatro principales métodos de resolución alternativa de conflictos, acompañada de la “negociación”, el “arbitraje” y la “conciliación”.

Se hace evidente, prima facie, que el diálogo no es una forma de resolución alternativa de conflictos, pero es la herramienta necesaria para impulsar todos y cada uno de ellos. Basta leer la enunciación de “dialogo” para razonar que sin este, no hay alternativas posibles.

Se entiende por diálogo en sentido estricto: “Conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa”. En sentido amplio: “Discusión sobre un asunto o problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución”. Es claro pues que sin diálogo en sentido estricto o amplio, no hay forma de resolver un conflicto.

En segundo lugar vamos a distinguir cada uno de los métodos señalados:

La Negociación: es voluntaria, informal, directa y permite a las partes tener control sobre el proceso y la solución (Sin ayuda o facilitación de terceros).
La Mediación: se ha definido como un procedimiento no contencioso, en el cual un tercero neutral facilita la comunicación y ayuda a las partes a negociar para llegar a un resultado mutuamente aceptable.
La Conciliación: supone avenimiento entre intereses contrapuestos; es armonía establecida entro dos o más personas con posiciones divergentes.
El Arbitraje: se ha definido como un procedimiento mediante el cual las personas puede someter, previo convenio, a la decisión de uno/a o varios/as árbitros/as las cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir en materias de su libre disposición conforme a derecho.

Como se evidencia de lo expuesto, en la “mediación” un tercero neutral (Noruega), facilita la “comunicación” entre las partes para alcanzar un resultado “mutuamente aceptable”.

Ahora bien, muchos han criticado que Noruega sea un “tercero neutral” alegando que no reconoce a Juan Guaidó como Presidente encargado de Venezuela, pero han omitido el comunicado del 26 de febrero emitido por su Cancillería:

“Nicolás Maduro carece de legitimidad democrática y ha llevado a Venezuela a una crisis económica y política, causando un sufrimiento generalizado entre la población… Las elecciones presidenciales de 2018 no se ajustaron a los estándares internacionales y, por lo tanto, Noruega apoya la demanda legítima de la población de derechos democráticos y elecciones libres. Noruega apoya a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y al presidente legítimo de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y su llamado a nuevas elecciones”.

Lo realmente resaltante es que luego de tan agrio comunicado, el gobierno de Maduro haya aceptado la “mediación” y, quizás aplica lo mismo para los partidarios de Guaidó, cuando reclaman que el presidente del parlamento no ha sido reconocido por ese país, como jefe del ejecutivo, a pesar que prácticamente toda Europa lo ha hecho.

Aquí se hace necesario determinar las diferencias entre “imparcial” y “neutral”, las mismas pareciera ser sinónimos, pero en el lenguaje especializado, no es así:

Tercero Imparcial: Es aquel que no se decanta ni por unos ni por otros.

Tercero Neutral: Participa para ayudar en la comunicación, pero no impone una solución. Son las partes las que deben encontrar solución a sus problemas a través de la comunicación y gracias a las técnicas utilizadas por el mediador.

Recordemos que en la definición inicial de “mediación”; hablamos de “tercero neutral” no “tercero imparcial”.

Según especialistas “La mediación, por su carácter no obligatorio y confidencial, entraña un riesgo mínimo para las partes y genera beneficios considerables. Es más, podría decirse que, aunque no se llegue a un acuerdo, la mediación nunca fracasa ya que permite que las partes definan los hechos y las cuestiones objeto de la controversia, preparando el terreno para procedimientos arbitrales o judiciales posteriores”.

Nuestra posición pasa por buscar la verdad, en medio de tantas falacias. A eso nos dedicamos desde hace un buen tiempo, y por ello hemos pagado un precio alto.

Braulio Jatar Alonso

Fuentes:

https://www.mediandoconflictos.es/la-neutralidad-e-imparcialidad-del-mediador/

https://m.monografias.com/trabajos92/medios-alternativos-resolucion-conflictos/medios-alternativos-resolucion-conflictos.shtml

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/the-humanitarian-situation-in-venezuela/id2630261/

Braulio jatar

Escritos Jurídicos

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