ICE: una cronología de muertos y heridos que exige respuestas

ICE: una cronología de muertos y heridos que exige respuestas

Por Braulio Jatar Alonso (NotiAmerica)

Wilber Rafael Garcés Pérez tiene 28 años, es venezolano y trabajaba haciendo entregas de comida en Austin, Texas. El 20 de septiembre un agente de ICE le disparó por la espalda durante un operativo vehicular. La bala permaneció alojada cerca de su columna durante once días. El 1 de octubre tuvieron finalmente que operarlo para retirársela.

ICE sostiene que Garcés intentó huir y que utilizó su vehículo contra los agentes. Él afirma que intentaba detenerse y que un vehículo federal chocó el suyo antes del disparo. El agente que disparó no llevaba una cámara corporal activa. Garcés apareció después ante un juez en silla de ruedas y con un brazo inmovilizado. Sigue detenido y enfrenta cargos federales.

El 7 de enero, en Minneapolis, la ciudadana estadounidense Renée Good, de 37 años y madre de tres hijos, murió después de que un agente de ICE disparara tres veces contra su vehículo. El Gobierno sostuvo inicialmente que había intentado atropellar al funcionario. Un análisis de videos realizado por Reuters mostró que el primer disparo ocurrió cuando el automóvil comenzaba a pasar junto al agente.

Una semana después, el venezolano Julio César Sosa-Celis recibió un disparo de un agente de ICE en Minneapolis. DHS informó inicialmente que el funcionario había disparado para defenderse de un ataque. Posteriormente, documentos del FBI indicaron que los hombres involucrados habían soltado una escoba y una pala y se alejaban cuando el agente disparó. Meses después, un agente de ICE fue acusado de realizar declaraciones falsas sobre aquel episodio.

El 24 de enero murió Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos y ciudadano estadounidense. En este caso los disparos provinieron de agentes de Border Patrol y CBP, no de ICE. DHS presentó inicialmente a Pretti como una amenaza armada. Videos revisados por Reuters mostraron que tenía un teléfono en la mano cuando comenzó el forcejeo y que un agente había retirado su arma antes de los primeros disparos.

El 7 de julio, un agente de ICE mató en Houston al mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años. ICE afirmó que intentó atropellar a un agente. Tres pasajeros que viajaban con él declararon posteriormente que Salgado se había detenido y que ningún funcionario estaba frente al vehículo cuando comenzaron los disparos.

Seis días después, el 13 de julio, un agente de ICE mató en Biddeford, Maine, al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero. Tenía permiso de trabajo y, según autoridades y familiares, ni siquiera era la persona que los agentes estaban buscando.

Después de esas dos muertes ICE suspendió temporalmente los controles vehiculares. Al día siguiente Trump ordenó reanudarlos.

Ahora ICE acaba de prohibir las persecuciones a alta velocidad y exige mayores controles, cámaras corporales y vehículos debidamente identificados para determinados operativos. La decisión llega después de muertos, heridos y versiones oficiales que en varios casos terminaron confrontadas por videos, testigos o documentos judiciales.

Aplicar la ley migratoria es una facultad del Estado. Disparar contra personas durante operativos migratorios obliga a algo igualmente elemental: investigar cada caso, conocer quién disparó, disponer de cámaras, entregar las imágenes y determinar responsabilidades.

Wilber Garcés sobrevivió. Durante once días llevó en su espalda la bala disparada por un agente del Estado. Su caso no comenzó esta historia. Es simplemente el último capítulo conocido.