Author: Braulio jatar

Derechos Humanos, Qatar, Fútbol y el plan de EE.UU. para Venezuela: cuando la democracia queda para la final

Esa historia vuelve a tener sentido cuando se mira a Venezuela. No porque Qatar sea igual a Venezuela, sino porque Qatar también aparece ahora como lugar de conversaciones políticas sobre nuestro país.

Derechos Humanos, Qatar, Fútbol y el plan de EE.UU. para Venezuela: cuando la democracia queda para la final

Braulio Jatar (NotiAmerica)

El Mundial de Qatar 2022 dejó una imagen incómoda para el mundo. Mientras la pelota rodaba, también se hablaba de trabajadores migrantes, abusos laborales, muertes no aclaradas, salarios retenidos y condiciones de vida indignas.

Qatar fue señalado durante años por organizaciones internacionales por el trato dado a trabajadores extranjeros que levantaron buena parte de la infraestructura del Mundial. La FIFA defendió el torneo, los gobiernos miraron de lado y las grandes marcas siguieron adelante. Esa historia vuelve a tener sentido cuando se mira a Venezuela. No porque Qatar sea igual a Venezuela, sino porque Qatar también aparece ahora como lugar de conversaciones políticas sobre nuestro país.

Según reportes periodísticos, representantes de Estados Unidos y Delcy Rodríguez se reunieron en Qatar desde el 2024, con la mediación de ese país, para explorar una salida al problema venezolano. No se trata de comparar el Mundial con la política. Es entender que el mismo país cuestionado por derechos humanos en el fútbol terminó sirviendo como sala reservada para discutir el futuro de Venezuela.

A Venezuela le hablan de estabilidad como si los venezolanos no supiéramos lo que significa vivir en desorden. Claro que el país necesita orden, inversión, petróleo produciendo, servicios funcionando y una economía que deje de castigar a la gente. Pero nada de eso puede ponerse por encima del derecho de los ciudadanos a escoger libremente su destino.

Lo peligroso es que esa fórmula se parezca demasiado a los valores de otros gobiernos: primero el negocio, luego la gobernabilidad, y al final la libertad.  Este no puede ser el proyecto de una nación que ha pagado con cárcel, exilio, hambre y muertos su deseo de vivir en democracia.

Venezuela necesita reconstrucción, sí. Necesita estabilidad, también. Pero necesita primero respeto a la voluntad popular. Porque cuando la democracia queda para el final, casi siempre el final ya fue escrito por otros.

Hausmann lo dijo en Chile: desperdiciar inmigrantes es desperdiciar futuro

Ricardo Hausmann lo dijo en El Mercurio: “Chile recibió inicialmente una inmigración venezolana muy calificada, pero no construyó suficientes canales de integración formal”. Es decir, la inmigración tiene un talento que el Estado debe facilitar mediante caminos reales para incorporarlo. De otra forma, toda esa fuerza se convierte en energía potencial reducida a simple desperdicio.

Hausmann lo dijo en Chile: desperdiciar inmigrantes es desperdiciar futuro

Por Braulio Jatar (ETL)

Escribo desde Chile, un país que recibió a miles de venezolanos con títulos, oficios, experiencia, miedo, hijos y una urgencia legítima de volver a empezar. Escribo desde lo que veo todos los días; no lo hago como venezolano, lo hago como chileno: familias atrapadas entre la burocracia, la informalidad y el dolor desesperante de quienes salieron de una pesadilla de un lado, y a quienes hemos abandonado al llegar al otro lado.

Ricardo Hausmann lo dijo en El Mercurio: “Chile recibió inicialmente una inmigración venezolana muy calificada, pero no construyó suficientes canales de integración formal”. Es decir, la inmigración tiene un talento que el Estado debe facilitar mediante caminos reales para incorporarlo. De otra forma, toda esa fuerza se convierte en energía potencial reducida a simple desperdicio.

Cuando un médico termina manejando una aplicación, cuando un ingeniero trabaja sin contrato, cuando una profesora limpia casas sin reconocimiento, el país no se está protegiendo. Está desperdiciando capital humano que ya tiene adentro.

Nadie serio niega los problemas de seguridad. El crimen organizado, las mafias, la trata, las extorsiones o bandas como el Tren de Aragua deben enfrentarse con fuerza, inteligencia, policía, tribunales y cooperación internacional. Pero Hausmann lo dijo en Chile y hay que repetirlo: “una cosa es combatir el crimen organizado y otra impedir que las personas puedan insertarse legalmente en la economía”.

Ese es el error que muchos gobiernos cometen y muchos políticos explotan. Confunden al trabajador con el delincuente, al extranjero pobre con una amenaza y al migrante sin papeles con una persona sin derechos. Después se sorprenden de que crezca la informalidad, el abuso laboral, la precariedad y el miedo.

Desde Estados Unidos hasta la Patagonia, la inmigración sostiene economías enteras. Está en el campo, la construcción, los cuidados, los hospitales, la gastronomía, el comercio, el transporte, la tecnología y el emprendimiento. No es una nota al pie del continente. Es parte de su fuerza laboral, de su consumo, de sus impuestos y de su futuro.

La migración necesita orden, no crueldad. Necesita fronteras serias, no persecución generalizada. Necesita documentos, no laberintos burocráticos. Un Estado serio distingue entre quien viene a trabajar y quien viene a delinquir. Un Estado mediocre mete a todos en el mismo saco.

Hausmann lo dijo en Chile al hablar de productividad: los países que integren mejor el talento tendrán ventajas enormes en innovación y crecimiento. El mundo compite por atraer personas capaces. América Latina, en cambio, muchas veces recibe talento y luego lo deja pudrirse en la informalidad.

El migrante no viene a salvar países. Viene a salvar su vida. Pero cuando un país le permite trabajar, estudiar, emprender, regularizarse y vivir sin miedo, ese migrante termina ayudando también a sostener economías que ya estaban cansadas antes de que él llegara.

Me quedo con lo que Hausmann dijo en Chile porque resume una verdad incómoda: el talento que no se integra se pierde. Y cuando ese talento migrante se pierde, no pierde solo el migrante. Pierde Chile, su economía y la democracia de todos.

El error de Rubio: creer que un huerto capturado puede dar frutos democráticos

En Venezuela el chavismo no administró mal el Estado. Lo capturó. Capturó tribunales, cuarteles, notarías, policías, justicia, educación, salud, registros, empresas públicas y hasta el hambre. Convirtió el país en una maquinaria de obediencia.

El error de Rubio: creer que un huerto capturado puede dar frutos democráticos

Por Braulio Jatar Alonso

El problema de Venezuela no es una manzana podrida. Es un huerto capturado. Por eso el plan de Marco Rubio, Secretario de Estado de la administración Trump, parte de un error de fondo: cree que se puede iniciar la recuperación económica dejando todavía en pie la estructura que destruyó al país.

La doctrina de Mauricio Merino ayuda a entender el tamaño del absurdo. La corrupción no es solo un funcionario que roba, un ministro que firma, un juez que obedece o un militar que cobra. Es un sistema completo donde los puestos, los supuestos y los presupuestos han sido capturados por una red de poder.

Eso fue lo que explicó un juez chileno al dictar prisión preventiva en una causa de corrupción. No habló de un simple delito económico. Habló de captura institucional, de redes, de funcionarios leales al esquema y de una burocracia convertida en blindaje de una organización criminal.

La frase es brutal porque sirve para Chile, para México y para Venezuela: la corrupción no es un problema de manzanas podridas, sino de huertos capturados. Y cuando el huerto está capturado, no basta con cambiar el riego, pintar la cerca o prometer una nueva cosecha.

En Venezuela el chavismo no administró mal el Estado. Lo capturó. Capturó tribunales, cuarteles, notarías, policías, justicia, educación, salud, registros, empresas públicas y hasta el hambre. Convirtió el país en una maquinaria de obediencia.

Por eso resulta absurdo plantear primero una estabilización económica, luego una recuperación y dejar para el final la democracia. Ese es el orden general del plan atribuido a Rubio: estabilización, recuperación y, solo después, transición hacia elecciones.

En los libros de aritmética se repite que el orden de los factores no altera el producto. En política, cuando se trata de una dictadura criminalizada, sí lo altera. Si usted pone la economía antes de la libertad, no obtiene desarrollo: le da oxígeno al mismo sistema que destruyó la economía.

Pretender recuperación económica en manos de quienes anularon la operatividad del país es poner la carreta delante de los asnos. No se puede reconstruir un hospital con quienes hicieron negocio con la enfermedad. No se puede levantar la escuela con quienes convirtieron la ignorancia en control social.

La corrupción venezolana no es un delito sin víctimas. Sus víctimas están en los niños sin tratamiento, en los ancianos sin pensión, en los maestros destruidos, en los presos políticos, en los migrantes caminando por América y en millones de ciudadanos privados de salud, educación, seguridad y futuro.

La democracia no puede ser el premio final que entregan los mismos que la destruyeron. Tiene que ser la condición de entrada. Sin libertad, sin justicia, sin desmontaje real del aparato capturado, cualquier recuperación económica será apenas otra forma de administrar el saqueo.

Venezuela no necesita que le cambien el nombre al huerto. Necesita arrancar de raíz el sistema que lo capturó. Porque si los mismos que sembraron miedo, hambre e impunidad siguen controlando la tierra, no habrá cosecha democrática. Habrá otra temporada de la misma tragedia.

Mario Silva se atrinchera en solitario del lado del chavismo

Mario Silva no fue un simple conductor. Fue una herramienta del poder cuando Chávez dejó de ser candidato y pasó a ser sistema. La Hojilla no era un programa, era trinchera:

Mario Silva se atrinchera en solitario del lado del chavismo

Mario Silva no fue un simple conductor. Fue una herramienta del poder cuando Chávez dejó de ser candidato y pasó a ser sistema. La Hojilla no era un programa, era trinchera: insulto, descalificación y enemigo interno como método. Ese tono no era un exceso, era política. Era el reflejo de un liderazgo que se quitó el traje de campaña y se encerró en su propia imagen, en su propia doctrina, decidido a quedarse sin alternabilidad ni disidencia.

La llamada Revolución Bolivariana siempre fue un invento útil: un cóctel armado con retazos de aquí y de allá para que todos vieran algo propio. Nacionalismo, socialismo, antiimperialismo, todo mezclado para seducir mientras hubo caja y propaganda. Cuando la relación con Cuba dejó de ser discurso y pasó a ser estructura, se activó el temporizador. Ahí empezó la cuenta regresiva: se destruye la economía, se pulveriza el salario, colapsan hospitales, se abandona la educación, se somete la institucionalidad y la democracia queda como una formalidad vacía.

En ese tránsito, Silva calzó perfecto. Lenguaje procaz, agresivo, de ultraizquierda, exactamente lo que el poder necesitaba para confrontar y disciplinar. No era un error de estilo, era coherencia con un modelo que dejó de convencer para imponer. Fue útil mientras el aparato funcionó, mientras había beneficios que repartir, mientras el miedo y la propaganda alcanzaban.

Hoy el cuadro es otro. Ese chavismo está roto, disperso, replegado. Los que juraron defenderlo con la vida se acomodaron, negociaron o se callaron. Militares, civiles, milicianos, empleados públicos: la épica se convirtió en supervivencia. Se dejaron humillar por el mismo poder que decían sostener. Cuando se acabaron los beneficios, se acabó la lealtad. Quedó al descubierto que no era convicción, era conveniencia.

Y en medio de ese derrumbe, Mario Silva se queda. Atrincherado. Levantando símbolos vacíos, repitiendo un libreto que ya no convoca. No articula, no moviliza, no representa a nadie fuera de un círculo cada vez más pequeño. Es el eco de un relato que perdió sustento en la realidad.

Porque al final, más allá de los eslóganes y el puño en alto, ese proyecto no construyó país. Destruyó el salario, los servicios, las instituciones y la confianza social. No dejó un modelo; dejó ruinas. Y en esas ruinas, Silva habla solo. No como voz de poder, sino como residuo de un poder que se consumió a sí mismo.

No preguntemos qué hará Trump por Venezuela; preguntémonos qué haremos los venezolanos por nuestro país

enezuela tiene derecho a democracia, instituciones libres, alternancia, justicia independiente, prensa sin miedo y ciudadanos que puedan vivir sin persecución ni exilio

No preguntemos qué hará Trump por Venezuela; preguntémonos qué haremos los venezolanos por nuestro país

Por Braulio Jatar Alonso

Donald Trump volvió a decir sobre Venezuela una frase que, más que indignación, debería invitarnos a pensar con serenidad política: “tenemos una gran relación con ese país y con las personas que dirigen el país”. No es un comentario aislado. Desde el 3 de enero viene dejando ver una misma línea: para Washington, Venezuela también es un asunto de intereses, equilibrios y prioridades.

Eso no debe sorprendernos. Las grandes potencias actúan casi siempre desde sus propios cálculos. Estados Unidos no es la excepción. Su política exterior combina valores, seguridad, economía, migración, energía y estrategia regional. Por eso, los venezolanos debemos leer esas señales sin ingenuidad, pero también sin resentimiento ni desesperanza.

La causa democrática venezolana necesita aliados internacionales. Los ha tenido y los seguirá necesitando. Ningún país que enfrenta una crisis tan profunda puede aislarse del mundo ni despreciar apoyos externos. Pero una cosa es valorar esos apoyos y otra muy distinta es entregarles la conducción emocional y política de nuestro destino.

Venezuela tiene derecho a democracia, instituciones libres, alternancia, justicia independiente, prensa sin miedo y ciudadanos que puedan vivir sin persecución ni exilio. Cuba también tiene derecho a lo mismo. No se trata de imponer modelos ajenos, sino de recordar que la libertad, la dignidad humana y el respeto al individuo no deberían depender del lugar donde uno nace.

Los valores que han hecho grande a Estados Unidos —la libertad, el mérito, la ley, la iniciativa individual y la defensa de la democracia— también son aspiraciones legítimas para nuestros pueblos. Por eso, cuando una voz influyente en Washington parece normalizar una relación amable con quienes hoy gobiernan Venezuela, es razonable que muchos venezolanos sientan preocupación.

Pero esa preocupación debe convertirse en estrategia, no en rabia. Debe ayudarnos a madurar políticamente. John F. Kennedy, otro expresidente de Estados Unidos, dejó una frase que atravesó generaciones: “No preguntes qué puede hacer tu país por ti; pregunta qué puedes hacer tú por tu país”. Parafraseada para nuestro drama nacional, la idea sería esta: no preguntemos solamente qué hará Trump por Venezuela; preguntémonos también qué haremos los venezolanos por nuestro país.

Cambiar el libreto no significa rechazar a Estados Unidos ni negar la importancia de la comunidad internacional. Significa comprender que los apoyos externos son valiosos cuando acompañan una causa nacional clara, no cuando sustituyen la responsabilidad de quienes la protagonizan.

Venezuela necesita aliados, sí. Pero también necesita voz propia. Necesita una dirigencia capaz de hablarle al mundo sin complejos y de recordarle, con respeto y firmeza, que la democracia venezolana no es una ficha secundaria en una negociación regional.

No se trata de cerrar puertas. Se trata de abrir los ojos. Venezuela debe relacionarse con el mundo, buscar apoyos y construir alianzas. Pero su libertad, su dignidad y su futuro tienen que seguir teniendo un centro irrenunciable: los venezolanos.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes no son coyotes: el riesgo del artículo 112 de la Ley 21.325

El problema se vuelve más delicado porque la propia Ley 21.325 dice que la migración irregular no constituye delito. Además, obliga al Estado a informar de manera íntegra y oportuna sobre derechos, requisitos y procedimientos. Cuesta entender, entonces, cómo podría sostenerse seriamente que orientar a una persona sobre refugio, regularización o recursos administrativos equivalga a promover un ingreso ilegal. Son cosas distintas y mezclarlas solo favorece la arbitrariedad.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes no son coyotes: el riesgo del artículo 112 de la Ley 21.325

El artículo 112 de la Ley 21.325 merece atención seria porque está redactado de una manera que permite demasiado margen. Sanciona a quienes “faciliten o promuevan” el ingreso o egreso ilegal de extranjeros y, tratándose de particulares, ni siquiera exige ánimo de lucro. Ahí aparece el problema de fondo: la norma no dibuja con nitidez la frontera entre el tráfico de migrantes y la labor de acompañamiento, orientación o defensa.

En el tráfico ilícito de migrantes, la imagen que todos tenemos es la del negocio montado sobre la desesperación ajena. Hay cobro, traslado clandestino, aprovechamiento económico y redes que operan en la sombra. El artículo 112, en cambio, quedó escrito con verbos tan amplios que una interpretación abusiva podría intentar alcanzar conductas muy distintas, incluso cuando no existe lucro ni organización criminal.

Ese riesgo no es inventado. La discusión académica ya ha advertido que una redacción así puede terminar rozando actividades humanitarias o de apoyo. Y en la práctica, el Servicio Jesuita a Migrantes ha sentido la necesidad de aclarar públicamente que asesora en regularización y defensa de derechos, pero que no facilita ni promueve ingresos o egresos ilegales. Cuando una institución de esa trayectoria se protege con esa advertencia, es porque sabe que la confusión puede ser usada en su contra.

El problema se vuelve más delicado porque la propia Ley 21.325 dice que la migración irregular no constituye delito. Además, obliga al Estado a informar de manera íntegra y oportuna sobre derechos, requisitos y procedimientos. Cuesta entender, entonces, cómo podría sostenerse seriamente que orientar a una persona sobre refugio, regularización o recursos administrativos equivalga a promover un ingreso ilegal. Son cosas distintas y mezclarlas solo favorece la arbitrariedad.

La Corte Suprema dio una señal importante en 2023 cuando corrigió la interpretación que impedía tramitar adecuadamente solicitudes de refugio de personas que habían ingresado irregularmente. Ese fallo recordó algo básico: el ingreso irregular no borra la condición humana ni elimina el acceso a procedimientos de protección. Quien exige que el Estado reciba una solicitud y la tramite conforme a derecho no está haciendo de coyote. Está haciendo valer garantías mínimas.

El ambiente político, sin embargo, empuja hacia lecturas cada vez más duras. En la discusión legislativa reciente aparecieron propuestas para ampliar el alcance de la sanción y acercarla también al transporte o apoyo posterior al ingreso. Amnistía Internacional advirtió que ese tipo de enfoque podía terminar golpeando formas de asistencia humanitaria o de ayuda a personas en situación de vulnerabilidad. Ese es el punto en que una democracia empieza a castigar menos al abuso real y más a quienes intentan contener sus efectos.

Por eso conviene dejarlo dicho sin confusiones. Un coyote lucra con el desamparo. Un defensor de derechos intenta que la ley no se convierta en un arma contra el más débil. Equiparar ambas figuras sería un error jurídico, pero también una señal muy preocupante para cualquiera que hoy acompaña, orienta o defiende inmigrantes en Chile. Porque cuando la solidaridad empieza a mirarse como sospecha, lo que se deteriora no es solo la política migratoria. Se deteriora el Estado de Derecho.

Boric y Kast empujan al inmigrante contra la pared

Boric y Kast empujan al inmigrante contra la pared

Boric y Kast empujan al inmigrante contra la pared

Boric no pudo superar su cobardía política y, después de empadronar a unos trescientos mil inmigrantes, los dejó igualmente irregulares, traicionando así su compromiso con los derechos humanos. Hizo que cumplieran con las exigencias del Estado chileno, los registró, los expuso y, al final, los abandonó en la misma incertidumbre de la que supuestamente iban a salir.

Por su parte, Kast, hoy presidente, impuso desde su campaña un lenguaje de matonaje orientado a intimidar y amenazar a esos mismos inmigrantes. No se trata de personas que hayan vivido al margen de todo, sino de personas que siguieron las reglas que el propio Estado les fue imponiendo y que, aun así, terminaron igualmente traicionadas.

Ahora se pretende que se vayan hacia un destino incierto, en medio de una salida plagada de dificultades, obstáculos y desprotección. No solo se les empuja fuera del país sin una solución real, sino que además se les expone a perder lo poco o mucho que hayan logrado construir, incluyendo sus bienes, su estabilidad y el fruto de años de esfuerzo.

Entre esas pérdidas están también los fondos que muchos aportaron obligatoriamente a las AFP en Chile. Es decir, no solo se les dejó en la irregularidad después de haber confiado en el Estado, sino que ahora también se les pretende despojar de recursos que forman parte de su patrimonio y de su trabajo. Se les exige salir, pero sin garantías, sin justicia y sin una vía razonable para recuperar lo que les pertenece.

Lo más grave es que todo esto empuja a muchas personas hacia un callejón sin salida. Cuando alguien es dejado en la irregularidad, se le amenaza, se le cierran los caminos del trabajo y además se le obliga a enfrentar una expulsión materialmente inviable, lo que se está haciendo es sembrar desesperación. Y cuando la política siembra desesperación, después no puede fingir sorpresa frente a las consecuencias.

Aquí no hay firmeza. Aquí hay traición, cobardía y abuso. Boric los empadronó y los dejó atrás. Kast los amenaza y pretende arrojarlos fuera del país, como si se tratara de una carga prescindible y no de seres humanos que ya habían depositado su confianza en el aparato estatal chileno.

El resultado de esa combinación es profundamente irresponsable. Primero se les hizo creer que había un camino. Después se les dejó atrapados en la irregularidad. Y ahora se les quiere empujar a una salida incierta, despojándolos incluso de bienes y fondos que son suyos. Eso no resuelve el problema migratorio. Eso lo agrava, lo envilece y lo convierte en una política de persecución contra personas que ya habían sido suficientemente golpeadas por la precariedad y el desarraigo.

Los inmigrantes desaparecidos en la frontera de Chile

El estudio, construido a partir de revisión de prensa digital, registros públicos, antecedentes de la plataforma Missing Migrants Project de la Organización Internacional para las Migraciones y solicitudes de acceso a la información a organismos estatales, identifica al menos 42 personas migrantes fallecidas en la frontera chilena o en sus cercanías entre 2016 y el 20 de noviembre de 2022, en hechos vinculados al ingreso por paso no habilitado.

Los inmigrantes desaparecidos en la frontera de Chile
Por Braulio Jatar Alonso

En Chile se habla mucho de ingreso irregular, de reconducción, de control fronterizo y de seguridad. Mucho menos se habla, con la seriedad debida, de las personas que han muerto en esa ruta y de la precariedad con que el propio Estado registra esos fallecimientos. Allí está uno de los principales aportes del informe exploratorio elaborado por INFOMIGRA sobre muertes migrantes en la frontera chilena entre 1990 y 2022: llevar el debate desde la consigna hacia los datos.

El estudio, construido a partir de revisión de prensa digital, registros públicos, antecedentes de la plataforma Missing Migrants Project de la Organización Internacional para las Migraciones y solicitudes de acceso a la información a organismos estatales, identifica al menos 42 personas migrantes fallecidas en la frontera chilena o en sus cercanías entre 2016 y el 20 de noviembre de 2022, en hechos vinculados al ingreso por paso no habilitado.

Los datos muestran que la nacionalidad con mayor presencia entre los fallecidos es la venezolana, seguida por la boliviana, la peruana y la dominicana. También aparece un elemento que corrige varios lugares comunes del debate público: las mujeres representan una proporción levemente superior a la de los hombres. No se trata, por tanto, de un fenómeno exclusivamente masculino. Entre los fallecidos hay también niños, lactantes, personas mayores y varios casos sin identificación completa.

La edad promedio de las víctimas se ubica en 47 años, aunque el rango es amplio: desde bebés hasta una persona de 83 años. Esa amplitud confirma que estas rutas no son recorridas por un solo perfil de migrante, sino por grupos humanos muy diversos, todos expuestos a condiciones extremas.

El mapa territorial del informe también es claro. Los casos se concentran por completo en el norte del país, entre Visviri y las cercanías de Antofagasta, con tres puntos especialmente críticos: Colchane, Arica y San Pedro de Atacama. Colchane destaca de manera dramática, concentrando casi el 60 por ciento de los decesos identificados. No es un detalle menor. Indica que la crisis está asociada a rutas y trayectos que el Estado conoce desde hace años.

En el tiempo, los casos se disparan sobre todo en 2021 y 2022. Solo en 2021 se registran 26 fallecimientos y en 2022 otros 12. Los meses con mayor incidencia son octubre, marzo y junio. Esa concentración coincide con el aumento de los flujos regionales posteriores a la pandemia y con el endurecimiento de obstáculos administrativos y fronterizos.

Otro hallazgo clave es la causa de muerte predominante. La principal categoría corresponde a condiciones ambientales adversas, falta de agua, comida y abrigo. En segundo lugar aparecen enfermedad y falta de acceso a atención de salud. Esto desplaza el foco de una lectura exclusivamente policial del problema. La frontera está produciendo muertes por exposición, altura, deshidratación, agotamiento y ausencia de auxilio oportuno.

Pero lo más delicado del informe aparece al comparar estos antecedentes con los registros oficiales. INFOMIGRA hizo cerca de una treintena de solicitudes de acceso a la información a 14 instituciones del Estado. Solo cinco entregaron datos, y aun así las cifras no coinciden entre PDI, Carabineros, Ministerio de Salud y Servicio Médico Legal. Hay respuestas parciales, datos contradictorios y vacíos que impiden construir una contabilidad pública seria.

Ese punto es central. Si el Estado no cuenta con un registro unificado y confiable sobre las muertes migrantes en frontera, tampoco puede diseñar políticas preventivas eficaces ni ofrecer certeza a las familias. En tiempos en que la discusión migratoria suele degradarse en eslóganes, este informe recuerda algo básico: ningún país serio debería resignarse a no saber con claridad quiénes mueren en sus bordes.

Estudio revela que los venezolanos no volverán a cualquier precio

Basado en el informe del Observatorio de la Diáspora Venezolana, abril de 2026.

Estudio revela que los venezolanos no volverán a cualquier precio

Un estudio reciente del Observatorio de la Diáspora Venezolana vuelve a poner orden en un debate que muchas veces se contamina con propaganda, voluntarismo o simple desconocimiento. La investigación, aplicada a 1.266 venezolanos residentes en el exterior entre el 3 de febrero y el 3 de marzo de 2026, muestra que la diáspora no ha renunciado a su país, pero tampoco está dispuesta a regresar bajo cualquier circunstancia.

Estudio revela que los venezolanos no volverán a cualquier precio

Un estudio reciente del Observatorio de la Diáspora Venezolana vuelve a poner orden en un debate que muchas veces se contamina con propaganda, voluntarismo o simple desconocimiento. La investigación, aplicada a 1.266 venezolanos residentes en el exterior entre el 3 de febrero y el 3 de marzo de 2026, muestra que la diáspora no ha renunciado a su país, pero tampoco está dispuesta a regresar bajo cualquier circunstancia.

Ese es el dato político central. El 44,7% de los encuestados afirma que consideraría regresar si mejoran las condiciones del país, mientras 23,7% prefiere permanecer fuera de Venezuela. A eso se suma otro dato relevante: 12% señala que planea regresar en el corto plazo y 9,7% dice que desea volver, aunque no de inmediato. La conclusión es clara: la idea del retorno existe, pero está condicionada por la realidad.

El propio estudio identifica cuáles son esas condiciones. Seguridad, empleo, vivienda, servicios públicos y estabilidad aparecen entre los factores decisivos para pensar en el regreso. No se trata de un impulso sentimental. La diáspora no está diciendo que no quiere volver. Está diciendo que no volverá a un país inviable.

Hay otro grupo de cifras que merece atención. Tres de cada cuatro encuestados cuentan con residencia permanente o ciudadanía en sus países de acogida. Más de 80% califica su calidad de vida como buena o muy buena y 64,6% considera que su situación laboral es estable o muy estable. Estamos, por tanto, ante una diáspora que en buena medida ha logrado asentarse y reorganizar su vida fuera de Venezuela.

Pero rehacer la vida no significa cortar con el país. El estudio muestra que 84,6% mantiene familiares en Venezuela y que casi seis de cada diez envían remesas. Esa cifra desmiente cualquier lectura superficial sobre una supuesta desconexión. La diáspora sigue atada al país, no solo por razones afectivas, sino también por responsabilidades concretas.

El perfil de la muestra también dice mucho. Cerca de 66% tiene educación universitaria completa o estudios de posgrado. Además, los grupos entre 50 y 69 años concentran casi la mitad de los encuestados. No estamos frente a una diáspora improvisada ni políticamente indiferente, sino ante una población con formación, experiencia y capacidad de evaluar con realismo lo que significaría regresar.

Otro dato importante es geográfico. La muestra se concentra principalmente en América Latina y el Caribe, con 37,2%, seguida por España con 29%, Estados Unidos y Canadá con 17,2%, y otros países europeos con 15,2%. Eso confirma que la diáspora venezolana está ampliamente distribuida, pero sigue observando a Venezuela desde múltiples puntos del mapa.

Lo que este estudio revela, en definitiva, es que el retorno no será automático ni emocional. Venezuela no recuperará a millones de sus hijos con consignas. Los recuperará cuando vuelva a ser un país viable.

Basado en el informe del Observatorio de la Diáspora Venezolana, abril de 2026.

María Corina Machado conquista España: Trump y Rubio permitan abrir las puertas a la democracia en Venezuela

MARIA CORINA MACHADO EN ESPANA

María Corina Machado conquista España: Trump y Rubio permitan abrir las puertas a la democracia en Venezuela

Por Braulio Jatar (NotiAmerica)

Tal como sucedió en Chile, María Corina Machado volvió a demostrar en España que su liderazgo no depende de aparatos, de cargos ni de componendas. Este 18 de abril, Madrid se rindió ante el poder moral de Machado con una concentración en la Puerta del Sol que reunió a miles de venezolanos decididos a expresarle, una vez más, su respaldo.

Eso mismo ya había ocurrido en Santiago. Invitada a la toma de posesión del presidente José Antonio Kast, Machado no solo participó en los actos oficiales. También salió al encuentro de la comunidad venezolana, y la respuesta fue masiva. Distintos reportes situaron la asistencia en torno a las 16 mil personas en el sector de Paseo Bulnes y Parque Almagro.

Madrid volvió a mostrar lo que Santiago ya había dicho. Cuando los venezolanos pueden expresarse libremente, el respaldo se vuelca hacia María Corina Machado. La concentración de este 18 de abril en España vuelve a dejar en evidencia una fuerza de convocatoria que hace palidecer a muchos políticos, incluso en el propio Estados Unidos, y que Delcy Rodríguez jamás tendría, ni siquiera en los alrededores del palacio que usurpan desde hace más de una década.

Los venezolanos y venezolanas están dispuestos a volver a su patria, pero bajo una auténtica democracia y no bajo la conducción de una tiranía tutelada desde Estados Unidos por Donald Trump y Marco Rubio. Ese camino no termina de convencer ni a los grandes inversionistas ni, mucho menos, a los más humildes de los venezolanos. El plan de Rubio ha fracasado. Lo advertimos desde el comienzo: todo acuerdo con personas, entidades o grupos que no tengan un páramo moral tiene garantizada su condena al fracaso.

Las demostraciones en Santiago, en Madrid y las que se van a producir en Venezuela al regreso de María Corina tienen un mensaje claro: Trump y Rubio deben, de una vez por todas, abrir las puertas a la democracia en Venezuela. Cada día que retrasa la historia patria con un plan diseñado por burócratas que poco o nada conocen del sentimiento nacional solo permitirá que la historia los juzgue con severidad.

Madrid y Santiago son la antesala de un grito nacional y universal. Un grito que, en una sola voz, se oirá con fuerza creciente dentro y fuera de Venezuela: Rubio y Trump deben demoler la muralla, o el muro, que impide a los venezolanos tener una democracia digna de su esfuerzo.