El Senado en Chile debe corregir retroceso de diputados en DDHH Principio del formulario
Por Braulio Jatar
Como chileno-venezolano y preso político bajo el régimen de Maduro, comprendo íntimamente las tragedias humanas detrás de la migración y el desplazamiento forzado. Mi experiencia personal en la crisis venezolana, marcada por la represión y la pérdida de libertades, ilustra la causa de un vasto éxodo que afecta a toda la región, incluyendo a Chile.
En este contexto, es crucial que el Senado chileno asuma una posición firme para revertir el retroceso en derechos humanos que implica el proyecto de ley 15.261-25, promulgado por la Cámara de Diputados. Este proyecto, que criminaliza el ingreso clandestino a Chile, no solo es un golpe a los valores de humanidad y justicia, sino también una respuesta equivocada a una crisis humanitaria compleja.
Reconocemos en la ley, la exclusión de ciertos grupos vulnerables, como refugiados y menores, si bien es un paso positivo, no aborda completamente el problema de fondo. La criminalización de la migración irregular puede dificultar la integración social y económica de los migrantes, alimentando ciclos de exclusión y xenofobia.
En un país donde las cárceles ya están abarrotadas de auténticos delincuentes, no resulta sensato sobrecargarlas aún más con personas cuyo único “delito” es ser sobrevivientes. El populismo anti-migrante, que lleva a un gobierno a considerar la deportación de víctimas de regímenes opresivos, es una práctica cruel que solo sirve para agravar el problema al no atacar la causa, con la consecuente creación de una puerta giratoria.
Mi propia experiencia en las cárceles venezolanas me ha enseñado que criminalizar la supervivencia solo conduce a más injusticia y sufrimiento.
La historia nos enseña que medidas punitivas como estas no logran disuadir la migración irregular. Por el contrario, suelen forzar a los migrantes a tomar rutas más peligrosas, empujándolos frecuentemente hacia las manos de redes criminales.
Organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han enfatizado que la migración irregular no debe ser tratada como un delito.
El Senado chileno tiene ahora la responsabilidad y la oportunidad de enmendar este curso de acción. En lugar de avanzar hacia la criminalización, Chile debería considerar políticas que prioricen la regularización y la protección de los derechos de los migrantes. Ejemplos en la región, como Argentina, Brasil y Uruguay, demuestran que es posible adoptar un enfoque más humano y efectivo, separando las cuestiones de migración y seguridad, y garantizando derechos fundamentales a los migrantes.
