Author: Braulio jatar

Chile: el estallido social parece seguir pendiente

Por Braulio Jatar Alonso — El Tiempo Latino

Una ministra rociada con agua, empujada, cercada por estudiantes universitarios en pleno campus de Valdivia. La ministra de Ciencias Ximena Lincolao vivió una tensa y caótica salida desde la Universidad Austral de Chile, donde fue agredida verbal y físicamente por estudiantes en medio de una manifestación. Pánico es lo que sintió la primera autoridad de la ciencia en Chile.

Condenar la agresión es necesario. Pero quedarse solo en eso es una desviación intelectual. Porque lo que ocurrió en Valdivia no es un incidente aislado: es el síntoma de una fractura que la sociedad chilena ha acumulado por décadas y que, en octubre de 2019 produjo su primer gran dolor existencial.

Los estudiantes de la UACh publicaron un comunicado que merece leerse para entender que Chile está atrapado entre un pasado que no procesó y un futuro que no termina de nacer. Dicen que “son hijos del pueblo de Chile, que llegaron a la universidad gracias a la gratuidad, y que defenderán los derechos sociales conquistados por los movimientos sociales”. Dicen también algo más amenazante: que “la falta de gobernabilidad del Gobierno, su indolencia y su desconocimiento de la realidad chilena han generado que aumente el costo de vida y se coarten las posibilidades de desarrollo académico”.

El rector de la UACh, Egon Montecinos, fue categórico: “Nadie se merece eso en ningún momento de nuestra historia política. La democracia tiene canales para viabilizar las diferencias.” Y tiene razón. Pero esos canales llevan años obstruidos por líderes que prefieren atizar las diferencias, alimentar la polarización y ahora agregar la hoguera de la xenofobia contra los inmigrantes, produciendo graves iniquidades.

Días después, la misma universidad debió suspender clases por una amenaza anónima hallada en el campus que decía: “No vengas hoy. Él matará a todos.” El episodio ya no es político: es la radiografía de una sociedad que ha normalizado la violencia como lenguaje.

El gobierno del Presidente Kast puede presentar querellas, identificar líderes, retirar becas. La ministra Sedini calificó lo ocurrido como una “encerrona violenta” y el Ejecutivo anunció indicaciones para sancionar a estudiantes violentistas. Todo eso es legítimo. Pero ninguna querella apaga el fuego si las causas del incendio siguen intactas.

Chile tiene una deuda pendiente consigo mismo. No la resolvió en el plebiscito, no la resolvió con la nueva Constitución que nunca llegó, no la resolverá tampoco con mano dura. La violencia en Valdivia no nació en la Universidad Austral. Nació mucho antes, en una fractura política, ideológica y social que los gobiernos de todos los colores han administrado, pero ninguno ha resuelto.

El estallido social sigue pendiente. Y esta vez, nadie puede decir que no lo veía venir.

Braulio Jatar Alonso es abogado, editor, director de Reporte Confidencial y autor. Presidente de ILC Consultores Chile/Venezuela. Fue detenido por el régimen de Maduro entre 2016 y 2021. Escribe para El Tiempo Latino (Washington D.C.), NotiAmerica, y es entrevistado frecuente en varios medios.

Delcy la quema de Judas en Rusia

Braulio Jatar Alonso (NotiAmerica)

Cuando Alexander Dugin escribió en X que Delcy Rodríguez era “the worst person ever” y “the female Judas”, no lanzó solo una ofensa personal. Dictó una condena política. Y el repost que acompaña ese mensaje es todavía más directo: presenta a Delcy como la mujer que habría traicionado a Nicolás Maduro.

Dugin no es vocero oficial del Kremlin ni existe evidencia pública de que hable en nombre de Putin. Reuters lo describe como un ideólogo ultranacionalista ruso, sin vínculos oficiales con el Kremlin, cuya influencia real sobre Putin ha sido largamente debatida. Es decir, su voz importa, pero no equivale automáticamente a la voz del Estado ruso.

Pero también sería ingenuo tratarlo como una excentricidad irrelevante. Dugin suele expresar, en clave brutal e ideológica, pulsiones del nacionalismo ruso que ven la política exterior como un mapa de lealtades, traiciones y zonas de influencia. En ese lenguaje, llamar “Judas” a Delcy no es un simple insulto: es acusarla de haber entregado una plaza geopolítica.

Tras la captura de Maduro, Rusia respaldó públicamente a Delcy Rodríguez como presidenta interina y presentó ese relevo como una fórmula para preservar la estabilidad y la soberanía de Venezuela. Reuters añadió entonces un detalle revelador: Putin no comentó personalmente la salida de Maduro. El Estado ruso apoyó a Delcy; Putin guardó silencio.

Delcy adoptó un tono conciliador hacia Washington y pidió colaboración al gobierno estadounidense. Luego Caracas y Washington avanzaron hacia el restablecimiento de vínculos diplomáticos, mientras su gobierno empezó a proyectarse como un administrador aceptable para el capital internacional. Eso ya no suena a mera supervivencia del chavismo. Suena a reacomodo estratégico.

En un foro de inversión, Delcy ofreció “seguridad jurídica”, arbitraje internacional y reglas estables para los inversores, incluso ante futuras alternancias políticas. AP y El País retrataron esa apuesta como parte de una apertura económica para atraer inversión al sector energético y a otras áreas clave. Para un ideólogo como Dugin, eso puede parecer menos pragmatismo que rendición con modales.
No hay base seria para sostener que el post de Dugin sea la voz oficial de Putin. Pero sí hay base suficiente para interpretarlo como la reacción de un sector ideológico ruso que empieza a ver a Delcy no como continuidad, sino como traición. No a Maduro solamente, sino a la vieja arquitectura geopolítica que sostuvo al chavismo. Y cuando desde Moscú se empieza a hablar de Judas, es porque alguien siente que Venezuela cambió de eje sin cambiar todavía de rostro

Decenas de miles de procesados por el chavismo esperan amnistía de sus verdugos

Por Braulio Jatar / NOTIAMERICA

El anuncio de una amnistía con alcance retroactivo desde 1999 reabre uno de los debates jurídicos más sensibles del constitucionalismo venezolano: ¿puede el mismo poder que diseñó y ejecutó la persecución política erigirse ahora en árbitro de su propio perdón? La pregunta no es retórica. Se apoya en cifras verificables, en obligaciones internacionales y en un contexto político excepcional.

De acuerdo con los registros sistemáticos de la ONG Foro Penal, solo entre 2014 y finales de 2025 se documentaron alrededor de 18.000 detenciones por motivos políticos.

Esta serie —la más robusta y citada por organismos internacionales— no incluye los años previos ni el universo de personas sometidas a procesos sin prisión efectiva: medidas cautelares, presentaciones periódicas, inhabilitaciones políticas o prohibiciones de salida del país.

Por ello, el número de personas procesadas por razones políticas desde 1999 se proyecta razonablemente en decenas de miles. Al último corte previo al anuncio, más de 700 personas permanecían privadas de libertad por razones políticas.

La propuesta de amnistía, formulada por Delcy Rodríguez desde el poder efectivo, pretende abarcar todo el ciclo político iniciado en 1999, es decir, el período completo del chavismo como proyecto de gobierno.

Desde una perspectiva jurídica, ello obliga a distinguir con claridad qué conductas pueden ser amnistiadas y cuáles no. La amnistía —a diferencia del indulto— extingue la acción penal respecto de hechos determinados; no declara inocencias ni implica, por sí sola, reparación integral.

Su validez constitucional exige tipicidad clara, criterios objetivos y exclusiones compatibles con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente frente a crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles e inamnistiables.

El contexto en el que surge este anuncio es determinante. La detención de Nicolás Maduro a comienzos de enero de 2026 alteró abruptamente el equilibrio interno del poder y aceleró una reconfiguración política.

En ese escenario, los hermanos Rodríguez pasaron del discurso de confrontación a una estrategia de acomodamiento a las pautas fijadas desde Washington, particularmente bajo la administración Trump: liberaciones verificables, cierre de causas políticas y señales de apertura institucional. En ese marco, la amnistía aparece menos como un gesto espontáneo de reconciliación y más como respuesta pragmática a presiones geopolíticas externas.

Desde el prisma del bloque de constitucionalidad, el debate es ineludible. Venezuela sigue obligada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la jurisprudencia interamericana, que exige verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Una amnistía que se limite a cerrar expedientes sin mecanismos de verdad ni reparación efectiva corre el riesgo de convertirse en un instrumento de impunidad administrativa, o incluso en moneda de negociación política.

“Existe además un problema de legitimación. Cuando la persecución fue política de Estado, el perdón no puede ser auto-otorgado sin controles externos”

Un diseño normativo serio debe contemplar órganos independientes de verificación, participación efectiva de las víctimas, publicidad de listados, plazos claros y recursos judiciales eficaces. Sin esas garantías, la amnistía será selectiva y discrecional, vulnerando el principio de igualdad ante la ley.

Las cifras no admiten maquillaje: Venezuela arrastra un pasivo estructural de persecución política que no se cancela con un decreto ni con una ley exprés. La justicia transicional exige algo más que clemencia; exige verdad, responsabilidad y garantías de no repetición. Solo entonces dejará de ser el perdón de los verdugos para convertirse en reparación efectiva para las víctimas.

Braulio Jatar
Abogado, editor, escritor y profesor.
Activista de derechos humanos (DDHH) y de la causa migrante.
Ex preso político (2016–2021).

Constitución en mano: no existe el “encargo eterno” en Venezuela

Por Braulio Jatar

En Venezuela se ha intentado instalar una peligrosa ficción jurídica: que la vicepresidenta ejecutiva puede permanecer indefinidamente como presidenta “encargada” mientras la Asamblea Nacional —de mayoría chavista— así lo decida. Sin embargo, la Constitución no ampara ese artificio. El texto constitucional es claro, taxativo y no admite interpretaciones políticas acomodaticias.

El artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela regula la falta temporal del Presidente de la República. Establece un plazo preciso: el Vicepresidente Ejecutivo asume hasta por noventa (90) días, prorrogables una sola vez por otros noventa (90) días con autorización de la Asamblea Nacional. El límite máximo es, por tanto, 180 días. No más.

Este plazo no es una sugerencia ni una orientación política. Es un límite constitucional objetivo, diseñado precisamente para impedir que una ausencia temporal se transforme, por la vía de los hechos, en una sustitución permanente del Presidente sin elecciones. La Constitución no contempla una tercera prórroga, ni otorga a la Asamblea Nacional la facultad de extender indefinidamente el encargo.

Aquí surge el punto central que el oficialismo intenta distorsionar: el artículo 234 señala que, si la falta temporal se prolonga, corresponde a la Asamblea Nacional decidir si existe falta absoluta. Pero esa frase no otorga discrecionalidad política ilimitada. La Asamblea no “elige” si le conviene o no declarar la falta absoluta; lo que hace es constatar una situación jurídica objetiva.

Cuando se cumplen simultáneamente tres condiciones —(i) vencimiento de los 180 días, (ii) persistencia de la ausencia y (iii) no reincorporación efectiva del Presidente—, la falta deja de ser temporal por mandato constitucional. En ese momento, la falta absoluta se configura de pleno derecho, y la función de la Asamblea es meramente declarativa, no constitutiva.

Negarse a reconocer esa consecuencia no es una interpretación alternativa: es una violación directa de la Constitución. La Asamblea Nacional no puede, ni siquiera por unanimidad, crear una nueva categoría de “ausencia prolongada indefinida”, porque eso equivaldría a reformar la Constitución por vía política, algo expresamente prohibido.

Una vez configurada la falta absoluta, entra en vigor el artículo 233, que obliga a convocar elecciones presidenciales dentro de los treinta (30) días consecutivos siguientes. Durante ese lapso, el Vicepresidente Ejecutivo asume únicamente como autoridad transitoria, con el mandato limitado de garantizar la continuidad institucional hasta que el pueblo elija a un nuevo Presidente.

Si la Asamblea chavista decide ignorar este mandato y prolongar artificialmente el encargo, podrá hacerlo de facto, pero no de iure. Tal actuación constituye un fraude constitucional, una usurpación del orden sucesorio y una ruptura abierta del principio de soberanía popular.

En una república constitucional no existen presidencias interinas eternas ni encargos sin plazo. La Constitución fue escrita precisamente para que el poder no se perpetúe por conveniencia política, sino que regrese, siempre, al único titular legítimo: el pueblo.

Por Braulio Jatar Alonso
Columna de opinión – NotiAmérica

Hay silencios que gritan. Y hay olvidos que avergüenzan. El caso de Ovidio Carrasco es ambos.

Desde el 30 de enero de 2019, Ovidio Carrasco —teniente coronel, chileno-venezolano, hijo de chileno de varias generaciones— permanece privado de libertad en Venezuela. Este mes se cumplen siete años de prisión política. Siete años sin juicio justo, sin debido proceso, con denuncias consistentes de torturas y tratos crueles. Siete años de abandono institucional. Siete años de una pregunta incómoda: ¿por qué Chile ha mirado hacia otro lado?

Conversé recientemente con su hija, Nicole Carrasco. Su testimonio es devastador y, al mismo tiempo, tristemente familiar para quienes conocemos el funcionamiento del aparato represivo venezolano. Ovidio fue detenido en su propio hogar por agentes vestidos de negro. A la familia se le dijo que se trataba de “un trabajo”, una excusa habitual para ganar tiempo y desactivar el pánico. Horas después, la verdad: lo acusaban de participar en un supuesto atentado contra Nicolás Maduro.

Durante días estuvo desaparecido. Cuando finalmente pudo llamar, fue desde un hospital. Tenía lesiones visibles: muñecas marcadas y infectadas por esposas mantenidas durante días, golpes, signos claros de maltrato. Fue dejado en un lugar oscuro, pateado, sometido a métodos de tortura que quienes hemos sido presos políticos reconocemos de inmediato. No es un relato aislado: es un patrón.

Lo que hace este caso particularmente grave no es solo la condición de preso político, sino su nacionalidad chilena. Ovidio Carrasco tiene partida de nacimiento chilena por derecho de sangre. Su padre —chileno “pura cepa”, nacido en Valparaíso, criado en Playa Ancha— fue militar y emigró a Venezuela durante la dictadura, por temor a represalias. Allí formó familia. Allí nació Ovidio. Allí hoy se consuma esta injusticia.

Su esposa tiene estatus migratorio derivado de estar casada con un chileno. Su hija, Nicole, es chilena. Sin embargo, ni el Parlamento, ni la Cancillería, ni los grandes medios han levantado una campaña sostenida por su libertad. El consulado chileno, según relata la familia, respondió una y otra vez: “No podemos hacer nada porque está detenido en Venezuela”. Una frase burocrática que, en la práctica, equivale a la renuncia a la protección consular.

Conozco esa respuesta. También fui chileno-venezolano preso político. También sufrí el abandono del Estado chileno. La diferencia es que, en mi caso, hubo presión mediática y política que terminó abriendo caminos. En el caso de Ovidio, no.

¿Por qué? La pregunta es incómoda, pero legítima. ¿Influye que sea militar? ¿Influye que no haya nacido en territorio chileno, aun siendo chileno por sangre? ¿Influye el color de piel, el origen caribeño, la ausencia de padrinos políticos? No afirmo nada. Pero el silencio obliga a sospechar.

Hoy, cuando en Venezuela se anuncian liberaciones selectivas, este es el momento de actuar. Ovidio Carrasco debe venir a Chile. Debe recibir protección, atención médica, justicia. No es un favor: es un deber del Estado con uno de los suyos.

Este no es solo el clamor de una hija. Es una prueba moral para Chile. Y el tiempo corre. Siete años ya son demasiados.

Marco, si Maduro era ilegítimo, Delcy también

Marco, si Maduro era ilegítimo, Delcy también
Por Braulio Jatar Alonso
Artículo de opinión – El Tiempo Latino (Washington)

En Derecho existe un principio elemental que atraviesa sistemas jurídicos, culturas y épocas: nadie puede transmitir un derecho mejor del que posee. De esa máxima deriva la conocida teoría del fruto del árbol envenenado (fruit of the poisonous tree), desarrollada tanto en el derecho constitucional como en el procesal comparado. Si el acto originario es ilegítimo, todos los actos que de él se desprenden nacen jurídicamente contaminados y carecen de validez.

Este principio resulta clave para analizar la coyuntura venezolana actual y, en particular, la posición que comienza a perfilarse desde Washington bajo la conducción del actual Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Durante años —bajo distintas administraciones estadounidenses— se sostuvo de forma reiterada que Nicolás Maduro ejercía el poder de manera ilegítima. Esa tesis fue expresada mediante sanciones, comunicados oficiales, resoluciones del Congreso y pronunciamientos en foros multilaterales.

Hoy, tras la captura, traslado e internamiento de Maduro y su esposa Cilia Flores en una cárcel de Nueva York, surge una propuesta que, desde el punto de vista jurídico, resulta profundamente contradictoria: permitir que Delcy Rodríguez encabece el proceso de transición en Venezuela.

La pregunta es inevitable: ¿cómo puede el Departamento de Estado revestir de legitimidad a una figura cuyo origen político y jurídico emana del mismo poder que durante años fue calificado como ilegítimo? Si el “árbol” estaba viciado —el régimen de Maduro—, su fruto no puede ser presentado como sano ni válido para conducir una transición democrática.

La ficción de la “temporalidad”

El 3 de enero de 2026, el mismo día en que se produjo la captura de Maduro y Flores, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una decisión mediante la cual obliga a Delcy Rodríguez a asumir la Vicepresidencia, calificando dicha situación como “temporal”. Esa palabra no es casual ni neutra: es una válvula de escape constitucional.

La Constitución venezolana es clara: ante una falta absoluta del Presidente, debe activarse un mecanismo que conduce a elecciones presidenciales en un plazo aproximado de 30 días, convocadas por quien ejerza la presidencia encargada. Al calificar la situación como “temporal”, el Tribunal evita deliberadamente esa consecuencia constitucional y bloquea la activación del mandato popular, manteniendo la continuidad del mismo tronco de poder ilegítimo.

No se trata, por tanto, de una interpretación jurídica razonable, sino de una ingeniería de supervivencia política, diseñada para impedir elecciones inmediatas y transferir el poder de un ilegítimo a otro ilegítimo, sin ruptura real con el origen viciado.

La línea legítima ignorada

Frente a esa línea contaminada, existe otra línea de legitimidad democrática incuestionable: las elecciones del 28 de julio de 2024, reconocidas como limpias y transparentes por amplios sectores de la comunidad internacional. En ellas resultó electo Edmundo González, con María Corina Machado anunciada como su vicepresidenta.

Las actas electorales se encuentran resguardadas en la bóveda del Banco Central de Panamá, y el propio presidente panameño ha expresado públicamente su voluntad de ver a Edmundo González participando en próximas instancias multilaterales del hemisferio. A esta posición se han sumado líderes como Emmanuel Macron, y es previsible que otros gobiernos europeos sigan el mismo camino. Incluso dentro de Estados Unidos, senadores y representantes del Congreso han comenzado a cuestionar el carácter unilateral de una transición basada en un “fruto envenenado”.

Eficacia jurídica y costo político

Desde el punto de vista de la eficacia jurídica, una transición conducida por Delcy Rodríguez no puede producir efectos legítimos duraderos, porque su fuente es inválida. Desde el punto de vista político y diplomático, el riesgo es aún mayor.

Marco Rubio ha construido una trayectoria sólida frente a los regímenes autoritarios del hemisferio, con un capital simbólico importante ante la comunidad hispana —incluida la venezolana— en Estados Unidos. Persistir en una fórmula que contradice los propios fundamentos jurídicos sostenidos durante años puede erosionar esa credibilidad y generar un error de cálculo político de alto costo.

El Derecho no admite atajos: lo ilegítimo no puede engendrar legitimidad. Transferir el poder desde un origen viciado hacia una autoridad derivada del mismo tronco no es transición democrática; es continuidad maquillada.

Si Estados Unidos —y en particular su Secretaría de Estado— aspira a una salida estable, pacífica y jurídicamente eficaz para Venezuela, debe romper con el árbol envenenado y reconocer la única fuente limpia disponible: la voluntad popular expresada en las urnas.

Cualquier otra vía no solo vulnera principios elementales del Derecho constitucional, sino que condena el proceso a la fragilidad, la impugnación permanente y, finalmente, al fracaso.