El pasado 10 de septiembre la jueza Mireisi Mata León, a cargo del Tribunal Segundo de Juicio en el estado Nueva Esparta, declaró no culpable a Braulio Jatar, comunicador, abogado y director del medio digital Reporte Confidencial. Le quitaron cinco años de su vida en libertad por un delito que no cometió.
Jatar, oriundo de Chile y referente de opinión pública en la Isla de Margarita, fue detenido el 3 de septiembre de 2016. Él publicó en su sitio web vídeos de una protesta protagonizada por pobladores del sector popular margariteño de Villa Rosa. Nicolás Maduro, en aquel momento, como lo reseñó El Estímulo, recibió en la cara un estruendoso cacerolazo.
Jatar fue apresado horas después de difundir el vídeo cuando se dirigía a la emisora radial 94.9 FM para emitir un programa radial que hacía cada sábado, Reporte Confidencial Radio. Lo apresaron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Como ha ocurrido con otros tantos casos que constituyen un exabrupto, la narrativa oficial etiquetó a Jatar de conspirador. Lo acusó de legitimación de capitales, de llevar un maletín con 25 mil dólares en efectivo sobre el asiento trasero de su vehículo al momento de ser detenido, dinero que supuestamente financiaría actos para perturbar la Cumbre de Países No Alineados, que se celebró en aquel septiembre de 2016 en la isla de Margarita.
Pasaron cinco años entre aquella descabellada acusación y la decisión judicial de libertad plena para Jatar.
Su caso simboliza la naturaleza del chavismo. Se le castigó en verdad por difundir un vídeo, lo que a todas luces era un hecho noticioso, de interés de la colectividad.
En su primer año de detención, Braulio Jatar, estuvo en cuatro lugares diferentes. La presión internacional, en la que confluyeron entidades de defensa de la libertad de expresión y el gobierno de Chile, suavizaron lo que seguía siendo una situación de injusticia. A partir de 2017, el abogado y comunicador paso a estar recluido en su casa.
La primera visita a Venezuela de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU y dos veces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ayudó a que se acelerara el proceso judicial, que finalmente ha llegado a establecer que Braulio Jatar es inocente.
En un comunicado difundido a través de su cuenta en Twitter, Jatar explicó que en la sentencia se estableció que la detención había sido realizada sin cumplir con las formalidades de ley, lo que confirma el dictamen de la Organización de las Naciones Unidas. Igualmente, indicó que, conforme a las pruebas aportadas al proceso, no se probó dinero en su posesión que fuera ilícito.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha apuntado a un asunto que viene a colación con este caso: “el SNTP celebra la libertad de Braulio Jatar y exigimos al Estado la reparación de los daños por la cárcel injusta a la que fue sometido. Nadie debe ser juzgado por pensar distinto y menos por informar, como fue el caso de Braulio. Pedimos respeto al ejercicio del periodismo”.
Quién le repone a Jatar los cinco años en los que no gozó de libertad, el costo humano y también financiero de enfrentar un proceso judicial sin pies ni cabeza que sólo buscaba sancionarlo por ejercer el derecho a informar establecido en la constitución.
En el caso de Jatar, la presión internacional y nacional ayudó a que se dictara sentencia definitiva. Sin embargo, no podemos obviar que hay otros muchos venezolanos detenidos bajo acusaciones falsas o montajes para justificar su encarcelamiento.
Ya el SNTP ha colocado el tema en el tapete: quién y cómo se reparan los daños sufridos por este comunicador.
Este abordaje es ya, y será, uno de los grandes desafíos de la Venezuela por venir.
SANTIAGO.- En medio de la tensa jornada vivida el martes en Venezuela, cuando un grupo de militares se sublevó contra el Gobierno de Nicolás Maduro, salió a la luz un mensaje del periodista chileno-venezolano, Braulio Jatar, quién está detenido en el país caribeño por fotografiar una protesta contraria al régimen. Leído por su hermana, Ana Julia Jatar, en radio Universo, el profesional exigió que se hiciera efectiva la solicitud de libertad a su favor que la ONU realizó en 2017.
