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De Irene Sáez, Miss Universe, al Maduro de Trump

Por Braulio Jatar Alonso ETL

Gonzalo Oliveros Navarro publicó recientemente en Barra Plural una interesante reflexión que me hizo regresar a un episodio del cual no fui simplemente testigo. Fui abogado: la declaratoria de vacante de la Gobernación de Nueva Esparta durante el mandato de Irene Sáez.

Eustacio Aguilera, entonces presidente del parlamento regional, y Leopoldo Espinoza Prieto acudieron a mi oficina en Porlamar. Estudiamos el caso y concluimos que correspondía al órgano legislativo calificar la ausencia de la gobernadora. La controversia llegó finalmente al Tribunal Supremo de Justicia y prevaleció aquella tesis.

Oliveros trae ahora ese precedente al caso de Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos el pasado enero y actualmente fuera de Venezuela, mientras Delcy Rodríguez ejerce la Presidencia interina. La comparación es jurídicamente provocadora, pero existe una diferencia que merece examinarse.

El artículo 233 de la Constitución incluye entre las faltas absolutas el abandono del cargo, pero exige que sea declarado por la Asamblea Nacional. Hasta allí podría sostenerse que mientras el Parlamento no actúe, no existe jurídicamente abandono.

Pero la Constitución no termina en el artículo 233. El 234 dispone que las faltas temporales serán suplidas hasta por 90 días, prorrogables por otros 90, y establece que, prolongada la falta por más de 90 días, la Asamblea Nacional decidirá si debe considerarse absoluta.  

Aquí aparece una cuestión decisiva: ¿puede la Asamblea burlar la Constitución simplemente negándose a decidir? Claro que no.

La propia Constitución creó el remedio. Su artículo 336.7 atribuye a la Sala Constitucional la facultad de declarar inconstitucionales las omisiones del Poder Legislativo cuando este deje de adoptar las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, pudiendo establecer incluso el plazo para corregirlas.

Por tanto, la competencia de la Asamblea no puede transformarse en derecho al silencio. Tampoco significa que el Tribunal Supremo pueda sustituir al Parlamento y declarar por sí mismo el abandono. Eso sería igualmente peligroso: combatir una omisión constitucional mediante otra usurpación constitucional.

La salida correcta sería otra: declarar inconstitucional la omisión y obligar a la Asamblea Nacional a pronunciarse.

De Irene Sáez, Miss Universe, al Maduro bajo custodia de la administración Trump, la cuestión de fondo sigue siendo la misma: ningún parlamento, ningún tribunal y mucho menos Donald Trump o Marco Rubio pueden colocarse por encima de la Constitución venezolana. Washington puede presionar o negociar, pero no decidir quién gobierna Venezuela ni sustituir su soberanía constitucional.

Porque también se viola una Constitución cuando, teniendo el deber de aplicarla, se decide simplemente no hacerlo.

Por Braulio Jatar Alonso

Chile tiene un reto que ya no puede seguir afrontando desde el miedo. Cerca de 1,9 millones de personas extranjeras viven en el país, casi el 10% de su población, y unas 337.000 se encuentran en situación migratoria irregular. No hablamos de una presencia marginal, sino de familias, trabajadores, niños y vínculos construidos durante años.

Esta realidad coincide con una crisis demográfica que la política prefiere ignorar. En 2025, la fecundidad cayó a 0,99 hijos por mujer y el 45% de las comunas registró crecimiento natural negativo. Chile envejece y necesitará trabajadores, cotizantes y nuevas generaciones para sostener sus sistemas previsional, sanitario y de cuidados. La inmigración no es caridad. Es una necesidad estructural que debe gestionarse con orden, inteligencia e integración.

Durante los últimos años, parte de la casta política, algunos medios, conductores de opinión y ejércitos de cuentas en redes sociales se han lanzado a competir por explotar el miedo al extranjero. Así se alimentan la xenofobia, el racismo y la aporofobia. Porque casi nunca se persigue al extranjero poderoso: se persigue al pobre, al trabajador precarizado, a la mujer sola y al niño cuya familia no pudo vencer la burocracia.

La palabra “irregular” dejó de describir una situación administrativa y comenzó a utilizarse como una condena moral. Con ella se borran derechos y se convierten seres humanos en cifras, olvidando que el propio ordenamiento chileno obliga al Estado a respetar y garantizar los derechos de los extranjeros conforme a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales vigentes.

Gabriel Boric tuvo la oportunidad de romper esa lógica. Su gobierno inscribió a 226.064 personas y empadronó biométricamente a 182.119. El Estado conoció sus identidades, huellas y fotografías, e incluso estudió una regularización acotada. Pero retrocedió. No fue falta de información, sino falta de coraje. La izquierda chilena levantó internacionalmente las banderas de los derechos humanos, pero no quiso pagar el costo político de defenderlas dentro de Chile.

José Antonio Kast tomó esa cobardía y la convirtió en matonaje institucional. Su gobierno exhibe vuelos de expulsión y contabiliza expulsados como indicador de éxito. El director de Migraciones ha anunciado que a los irregulares no se les permitirá trabajar y que se restringirán sus beneficios sociales. Un Estado puede controlar sus fronteras y ejecutar decisiones legales; lo que no puede hacer es fabricar una población sin trabajo, sin protección y empujada deliberadamente hacia la marginalidad.

La ley chilena permite privar de libertad a una persona únicamente para hacer efectiva su expulsión y por un máximo de cinco días. Sin embargo, la propia PDI ha reconocido que cerca de seis mil venezolanos con órdenes vigentes no pueden ser expulsados por falta de relaciones consulares. Cuando la expulsión no es materialmente posible, detener para intimidar deja de ser control migratorio y se acerca demasiado al abuso de poder.

En nuestro trabajo jurídico hemos debido acudir a los tribunales para defender a mujeres mayores, madres, trabajadores y familias tratadas como amenazas, aunque muchas hicieron cuanto el propio Estado les exigió para regularizarse. El problema no es solamente la irregularidad migratoria. También es la irregularidad moral de un Estado que demora, abandona y después castiga.

No se trata de fronteras sin reglas. Se trata de reglas sin crueldad. Chile debe decidir si administrará la migración con humanidad o si seguirá produciendo enemigos para alimentar campañas electorales. Frente a esa oscuridad, algunos seguiremos encendiendo la luz de la justicia.

El error de Rubio: creer que un huerto capturado puede dar frutos democráticos

Por Braulio Jatar Alonso

El problema de Venezuela no es una manzana podrida. Es un huerto capturado. Por eso el plan de Marco Rubio, Secretario de Estado de la administración Trump, parte de un error de fondo: cree que se puede iniciar la recuperación económica dejando todavía en pie la estructura que destruyó al país.

La doctrina de Mauricio Merino ayuda a entender el tamaño del absurdo. La corrupción no es solo un funcionario que roba, un ministro que firma, un juez que obedece o un militar que cobra. Es un sistema completo donde los puestos, los supuestos y los presupuestos han sido capturados por una red de poder.

Eso fue lo que explicó un juez chileno al dictar prisión preventiva en una causa de corrupción. No habló de un simple delito económico. Habló de captura institucional, de redes, de funcionarios leales al esquema y de una burocracia convertida en blindaje de una organización criminal.

La frase es brutal porque sirve para Chile, para México y para Venezuela: la corrupción no es un problema de manzanas podridas, sino de huertos capturados. Y cuando el huerto está capturado, no basta con cambiar el riego, pintar la cerca o prometer una nueva cosecha.

En Venezuela el chavismo no administró mal el Estado. Lo capturó. Capturó tribunales, cuarteles, notarías, policías, justicia, educación, salud, registros, empresas públicas y hasta el hambre. Convirtió el país en una maquinaria de obediencia.

Por eso resulta absurdo plantear primero una estabilización económica, luego una recuperación y dejar para el final la democracia. Ese es el orden general del plan atribuido a Rubio: estabilización, recuperación y, solo después, transición hacia elecciones.

En los libros de aritmética se repite que el orden de los factores no altera el producto. En política, cuando se trata de una dictadura criminalizada, sí lo altera. Si usted pone la economía antes de la libertad, no obtiene desarrollo: le da oxígeno al mismo sistema que destruyó la economía.

Pretender recuperación económica en manos de quienes anularon la operatividad del país es poner la carreta delante de los asnos. No se puede reconstruir un hospital con quienes hicieron negocio con la enfermedad. No se puede levantar la escuela con quienes convirtieron la ignorancia en control social.

La corrupción venezolana no es un delito sin víctimas. Sus víctimas están en los niños sin tratamiento, en los ancianos sin pensión, en los maestros destruidos, en los presos políticos, en los migrantes caminando por América y en millones de ciudadanos privados de salud, educación, seguridad y futuro.

La democracia no puede ser el premio final que entregan los mismos que la destruyeron. Tiene que ser la condición de entrada. Sin libertad, sin justicia, sin desmontaje real del aparato capturado, cualquier recuperación económica será apenas otra forma de administrar el saqueo.

Venezuela no necesita que le cambien el nombre al huerto. Necesita arrancar de raíz el sistema que lo capturó. Porque si los mismos que sembraron miedo, hambre e impunidad siguen controlando la tierra, no habrá cosecha democrática. Habrá otra temporada de la misma tragedia.

Mario Silva se atrinchera en solitario del lado del chavismo

Mario Silva no fue un simple conductor. Fue una herramienta del poder cuando Chávez dejó de ser candidato y pasó a ser sistema. La Hojilla no era un programa, era trinchera: insulto, descalificación y enemigo interno como método. Ese tono no era un exceso, era política. Era el reflejo de un liderazgo que se quitó el traje de campaña y se encerró en su propia imagen, en su propia doctrina, decidido a quedarse sin alternabilidad ni disidencia.

La llamada Revolución Bolivariana siempre fue un invento útil: un cóctel armado con retazos de aquí y de allá para que todos vieran algo propio. Nacionalismo, socialismo, antiimperialismo, todo mezclado para seducir mientras hubo caja y propaganda. Cuando la relación con Cuba dejó de ser discurso y pasó a ser estructura, se activó el temporizador. Ahí empezó la cuenta regresiva: se destruye la economía, se pulveriza el salario, colapsan hospitales, se abandona la educación, se somete la institucionalidad y la democracia queda como una formalidad vacía.

En ese tránsito, Silva calzó perfecto. Lenguaje procaz, agresivo, de ultraizquierda, exactamente lo que el poder necesitaba para confrontar y disciplinar. No era un error de estilo, era coherencia con un modelo que dejó de convencer para imponer. Fue útil mientras el aparato funcionó, mientras había beneficios que repartir, mientras el miedo y la propaganda alcanzaban.

Hoy el cuadro es otro. Ese chavismo está roto, disperso, replegado. Los que juraron defenderlo con la vida se acomodaron, negociaron o se callaron. Militares, civiles, milicianos, empleados públicos: la épica se convirtió en supervivencia. Se dejaron humillar por el mismo poder que decían sostener. Cuando se acabaron los beneficios, se acabó la lealtad. Quedó al descubierto que no era convicción, era conveniencia.

Y en medio de ese derrumbe, Mario Silva se queda. Atrincherado. Levantando símbolos vacíos, repitiendo un libreto que ya no convoca. No articula, no moviliza, no representa a nadie fuera de un círculo cada vez más pequeño. Es el eco de un relato que perdió sustento en la realidad.

Porque al final, más allá de los eslóganes y el puño en alto, ese proyecto no construyó país. Destruyó el salario, los servicios, las instituciones y la confianza social. No dejó un modelo; dejó ruinas. Y en esas ruinas, Silva habla solo. No como voz de poder, sino como residuo de un poder que se consumió a sí mismo.

No preguntemos qué hará Trump por Venezuela; preguntémonos qué haremos los venezolanos por nuestro país

Por Braulio Jatar Alonso

Donald Trump volvió a decir sobre Venezuela una frase que, más que indignación, debería invitarnos a pensar con serenidad política: “tenemos una gran relación con ese país y con las personas que dirigen el país”. No es un comentario aislado. Desde el 3 de enero viene dejando ver una misma línea: para Washington, Venezuela también es un asunto de intereses, equilibrios y prioridades.

Eso no debe sorprendernos. Las grandes potencias actúan casi siempre desde sus propios cálculos. Estados Unidos no es la excepción. Su política exterior combina valores, seguridad, economía, migración, energía y estrategia regional. Por eso, los venezolanos debemos leer esas señales sin ingenuidad, pero también sin resentimiento ni desesperanza.

La causa democrática venezolana necesita aliados internacionales. Los ha tenido y los seguirá necesitando. Ningún país que enfrenta una crisis tan profunda puede aislarse del mundo ni despreciar apoyos externos. Pero una cosa es valorar esos apoyos y otra muy distinta es entregarles la conducción emocional y política de nuestro destino.

Venezuela tiene derecho a democracia, instituciones libres, alternancia, justicia independiente, prensa sin miedo y ciudadanos que puedan vivir sin persecución ni exilio. Cuba también tiene derecho a lo mismo. No se trata de imponer modelos ajenos, sino de recordar que la libertad, la dignidad humana y el respeto al individuo no deberían depender del lugar donde uno nace.

Los valores que han hecho grande a Estados Unidos —la libertad, el mérito, la ley, la iniciativa individual y la defensa de la democracia— también son aspiraciones legítimas para nuestros pueblos. Por eso, cuando una voz influyente en Washington parece normalizar una relación amable con quienes hoy gobiernan Venezuela, es razonable que muchos venezolanos sientan preocupación.

Pero esa preocupación debe convertirse en estrategia, no en rabia. Debe ayudarnos a madurar políticamente. John F. Kennedy, otro expresidente de Estados Unidos, dejó una frase que atravesó generaciones: “No preguntes qué puede hacer tu país por ti; pregunta qué puedes hacer tú por tu país”. Parafraseada para nuestro drama nacional, la idea sería esta: no preguntemos solamente qué hará Trump por Venezuela; preguntémonos también qué haremos los venezolanos por nuestro país.

Cambiar el libreto no significa rechazar a Estados Unidos ni negar la importancia de la comunidad internacional. Significa comprender que los apoyos externos son valiosos cuando acompañan una causa nacional clara, no cuando sustituyen la responsabilidad de quienes la protagonizan.

Venezuela necesita aliados, sí. Pero también necesita voz propia. Necesita una dirigencia capaz de hablarle al mundo sin complejos y de recordarle, con respeto y firmeza, que la democracia venezolana no es una ficha secundaria en una negociación regional.

No se trata de cerrar puertas. Se trata de abrir los ojos. Venezuela debe relacionarse con el mundo, buscar apoyos y construir alianzas. Pero su libertad, su dignidad y su futuro tienen que seguir teniendo un centro irrenunciable: los venezolanos.

O ahora o nunca

Por Braulio Jatar Alonso

Mientras en el Caribe se instala una isla mecánica de poderío militar sin precedentes en este hemisferio, muchos —lejanos al ahogo diario de la tiranía en Venezuela— se permiten el lujo de practicar una curiosa gimnasia moral: lucir más benévolos que el Espíritu Santo, más inteligentes que Dios y más equilibrados que un libro perfectamente centrado sobre una mesa.

Personas, ONG, organismos internacionales y todo tipo de entidades se posicionan en ese espacio cómodo donde nada se resuelve, pero que luce sospechosamente correcto. Desde ahí buscan anotarse puntos sin asumir riesgos, y aprovechan ese pedestal para criticar a quienes sí están dispuestos a actuar. Prefieren observar, opinar y moralizar antes que involucrarse. Y en ese mirar desde lejos, terminan sosteniendo —por omisión o conveniencia— al mismo sistema que dicen repudiar.

La dicotomía del poder es simple: podemos hacer solo aquello que controlamos. Cuando la decisión está en manos del otro, ese margen desaparece. Aceptable. Pero hay una frontera peligrosa entre la limitación y la ambivalencia. Y hoy, cuando finalmente se ha configurado una amenaza real para quienes llevan años sometiendo a millones de venezolanos, esa ambivalencia se convierte en indiferencia… o algo peor: la intención subconsciente de apostar al fracaso del que actúa para justificar la propia pasividad.

Estamos en un momento definitorio. O se logra el cambio o se perpetúa la garra que ha violado derechos humanos, politizado todas las instituciones —incluyendo a los militares—, eliminado la separación de poderes y pulverizado el Estado de derecho. No hay matices. No hay zona gris. No hay espacio para la tibieza.

Esta vez, el destino inmediato de Venezuela no está en nuestras manos. Todo indica que la decisión final recae en quienes poseen un poder que nosotros no tenemos. Pero lo que sí podemos decidir —y debemos decidir— es si nuestros egos, nuestros cálculos mezquinos, la envidia, las rencillas internas y el debate por el “nuevo liderazgo” pesan más que Venezuela misma.

El país no puede seguir atrapado en discusiones de salón mientras su gente vive entre el miedo, el exilio y la pobreza. No podemos seguir dándole prioridad a la vanidad personal sobre la urgencia nacional. Sabemos muy bien cuál es la verdad que nadie se atreve a decir en voz alta, pero que todos reconocemos por dentro:

O es ahora, o será nunca.

El Senado en Chile debe corregir retroceso de diputados en DDHH Principio del formulario

Por Braulio Jatar

Como chileno-venezolano y preso político bajo el régimen de Maduro, comprendo íntimamente las tragedias humanas detrás de la migración y el desplazamiento forzado. Mi experiencia personal en la crisis venezolana, marcada por la represión y la pérdida de libertades, ilustra la causa de un vasto éxodo que afecta a toda la región, incluyendo a Chile.

En este contexto, es crucial que el Senado chileno asuma una posición firme para revertir el retroceso en derechos humanos que implica el proyecto de ley 15.261-25, promulgado por la Cámara de Diputados. Este proyecto, que criminaliza el ingreso clandestino a Chile, no solo es un golpe a los valores de humanidad y justicia, sino también una respuesta equivocada a una crisis humanitaria compleja.  

Reconocemos en la ley,  la exclusión de ciertos grupos vulnerables, como refugiados y menores, si bien es un paso positivo, no aborda completamente el problema de fondo. La criminalización de la migración irregular puede dificultar la integración social y económica de los migrantes, alimentando ciclos de exclusión y xenofobia.

En un país donde las cárceles ya están abarrotadas de auténticos delincuentes, no resulta sensato sobrecargarlas aún más con personas cuyo único “delito” es ser sobrevivientes. El populismo anti-migrante, que lleva a un gobierno a considerar la deportación de víctimas de regímenes opresivos, es una práctica cruel que solo sirve para agravar el problema al no atacar la causa, con la consecuente creación de una puerta giratoria.

Mi propia experiencia en las cárceles venezolanas me ha enseñado que criminalizar la supervivencia solo conduce a más injusticia y sufrimiento.

La historia nos enseña que medidas punitivas como estas no logran disuadir la migración irregular. Por el contrario, suelen forzar a los migrantes a tomar rutas más peligrosas, empujándolos frecuentemente hacia las manos de redes criminales.

Organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han enfatizado que la migración irregular no debe ser tratada como un delito.

El Senado chileno tiene ahora la responsabilidad y la oportunidad de enmendar este curso de acción. En lugar de avanzar hacia la criminalización, Chile debería considerar políticas que prioricen la regularización y la protección de los derechos de los migrantes. Ejemplos en la región, como Argentina, Brasil y Uruguay, demuestran que es posible adoptar un enfoque más humano y efectivo, separando las cuestiones de migración y seguridad, y garantizando derechos fundamentales a los migrantes.