Opiniones

PSUV: ni partido ni demócrata

Por Braulio Jatar
NOTIAMERICA

La expulsión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) marca un punto de quiebre histórico en la política regional. No se trata de una decisión impulsiva ni ideológica: es el reconocimiento formal de que el partido de gobierno venezolano ha traicionado los valores democráticos que dicen defender.

La Coordinación General de la COPPPAL ratificó el dictamen que retira la membresía del PSUV por graves violaciones a los principios democráticos: elecciones fraudulentas, persecución política sistemática, retiro arbitrario de tarjetas a partidos opositores, instrumentalización de la justicia, presos políticos y violación de derechos humanos. Hechos documentados no solo por la oposición venezolana, sino por la comunidad internacional.

Alejandro Moreno, presidente de la COPPPAL, fue contundente: “El PSUV dejó de expresar nuestros valores plasmados en la Declaración Fundacional de Oaxaca. Somos una organización de partidos democráticos y rechazamos toda forma de autoritarismo”. Sus palabras resuenan con fuerza en una región que conoce bien el costo de las dictaduras.

La decisión llegó tras múltiples solicitudes de partidos hermanos como Liberación Nacional de Costa Rica, APRA de Perú e Izquierda Democrática de Ecuador, que se negaron a seguir compartiendo espacio con quienes pisotean la democracia. La COPPPAL exigió en repetidas ocasiones al régimen de Maduro transparentar los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024, liberar presos políticos y respetar el Estado de Derecho. Nunca hubo respuesta.

Este silencio es revelador. Un partido verdaderamente democrático habría aprovechado cada oportunidad para demostrar la legitimidad de sus procesos. En cambio, el PSUV optó por la opacidad, la represión y el aislamiento. “En la COPPPAL no hay cabida para nadie que no tenga un claro compromiso con la democracia social”, sentenció Moreno.

Esta expulsión también plantea una pregunta incómoda para otros gobiernos de la región que coquetean con prácticas autoritarias: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar antes de que la comunidad democrática diga basta? La COPPPAL ha trazado una línea clara.

El PSUV pagará un precio por su deriva autoritaria: aislamiento político, pérdida de legitimidad internacional y, sobre todo, el veredicto de la historia. Porque los pueblos no olvidan quiénes defendieron la democracia y quiénes la traicionaron.

La sentencia está dictada: ni partido en el sentido democrático, ni demócrata en sus prácticas. Una organización que optó por el poder absoluto a costa de los valores que decía representar.

La paradoja del silencio y la urgencia de hablar

Por Braulio Jatar Alonso

En tiempos convulsos, el silencio suele disfrazarse de prudencia. Quienes callan se excusan diciendo que “no es el momento” o que “ya otros se pronunciarán”. Sin embargo, la historia enseña que los grandes retrocesos sociales no ocurren por el grito de los tiranos, sino por la pasividad de los que pudieron alzar la voz y no lo hicieron.

Chile y América Latina viven un punto de inflexión. La migración, el deterioro institucional, la desigualdad, la violencia y la precariedad laboral nos atraviesan como una herida abierta. En este escenario, guardar silencio equivale a ser cómplice. No es neutralidad: es permitir que otros decidan por nosotros. La política, muchas veces, se ha convertido en un espectáculo de cálculo pequeño y mezquino, donde las promesas duran lo que un titular en redes sociales. Pero la sociedad exige algo más profundo: exige liderazgo.

Migración: entre el rechazo y la oportunidad

El tema migratorio es uno de los grandes espejos de nuestra época. Hay quienes ven en el migrante una amenaza, un invasor que quita empleos y servicios. Otros —entre quienes me incluyo— vemos en él una oportunidad para renovar fuerzas, talentos y sueños. No es casual que las sociedades más dinámicas y creativas del planeta estén fundadas en la integración de quienes llegaron desde afuera. Chile, con su historia de acogida, no debería olvidar que el extranjero no es el problema: la falta de políticas públicas eficaces sí lo es.

La responsabilidad empresarial y social

Los empresarios también enfrentan una disyuntiva moral: ver en la mano de obra migrante una ocasión para la explotación o entender que en esa fuerza laboral descansa parte de la prosperidad futura. No se trata de filantropía, se trata de visión estratégica. Empresas que respetan derechos, que apuestan por la inclusión, que reconocen la diversidad, estarán mejor preparadas para competir en un mundo globalizado.

El deber de hablar

Hoy más que nunca se necesita opinión pública, ciudadanía activa, medios que no teman incomodar, dirigentes sociales que no se rindan, educadores que no bajen la mirada, abogados que no se refugien en tecnicismos, y políticos que dejen de medir cada palabra según las encuestas.

El silencio de los buenos ha sido siempre el aliado más fiel de los malos. Por eso escribo estas líneas con la convicción de que callar es un lujo que no podemos permitirnos. El país, la región, y el continente enfrentan desafíos que no se resuelven con retórica. Se resuelven con valentía.

Y la valentía empieza por decir lo que muchos piensan y pocos se atreven a declarar: la indiferencia es la más peligrosa de las dictaduras, porque se impone sin tanques, sin cañones, pero con la parálisis de los pueblos.

Hoy, mi invitación es clara: hablemos.

Migración en Chile: oportunidad para crecer y diversificar

Por Braulio Jatar Alonso
Socio Director, TC Abogados
Región Metropolitana, Chile

El debate sobre migración en Chile suele concentrarse en los costos: presión sobre los servicios públicos, informalidad laboral o tensiones sociales. Sin embargo, cuando revisamos los datos oficiales y la investigación internacional, aparece una conclusión distinta: la migración no es una carga inevitable, sino un recurso que puede impulsar el crecimiento, la productividad y la diversificación de nuestra economía.

Según un estudio del Servicio Jesuita a Migrantes, en 2024 la población migrante aportó un 10,3 % del PIB chileno, a pesar de representar solo el 8,7 % de la población. Este “sobreaporte” se explica porque los migrantes son en promedio más jóvenes, están en edad de trabajar en un 82,7 % (frente al 66,6 % de los chilenos) y muestran mayor participación laboral (78,8 % vs. 67,4 %). En otras palabras, se insertan rápidamente en la economía, sostienen sectores donde faltan trabajadores y contribuyen a la base tributaria.

Además, la evidencia no respalda la idea de que los migrantes desplazan a los trabajadores locales o deprimen sus salarios. Estudios en Chile y en la OCDE muestran que, al contrario, su aporte es neto positivo cuando se mide en impuestos, consumo y cotizaciones. El verdadero problema es que muchos de ellos terminan empleados en sectores de baja productividad por trabas en la homologación de títulos, desconocimiento del idioma o discriminación. Allí está la pérdida: no en la migración, sino en la falta de políticas de integración adecuadas.

El economista Ricardo Hausmann ha sido claro en señalar que Chile se ha frenado porque “está lleno de chilenos”, es decir, porque no ha incorporado suficiente talento externo. Su investigación demuestra que las personas llevan consigo “know-how” y que los países que reciben migrantes diversifican sus exportaciones e innovan más rápido. Un ejemplo: si un país recibe un 10 % más de inmigrantes de una nación que exporta cierto producto, la probabilidad de que empiece a producir y exportar ese bien aumenta en un 2 % en la década siguiente. La migración, entonces, cambia la ventaja comparativa de los países.

Chile, con un mercado laboral que envejece y una economía concentrada en recursos naturales, necesita precisamente ese impulso de diversificación y conocimiento. Para aprovecharlo, se requieren políticas claras:

Vías laborales rápidas en sectores estratégicos como salud, tecnología o investigación.

Reconocimiento ágil de credenciales profesionales, para evitar la subutilización de capital humano calificado.

Programas de integración temprana: idioma, inserción cultural y apoyo en redes profesionales.

Estrategia de diáspora, que conecte a los migrantes con sus países de origen y abra mercados para empresas chilenas.

En este marco, la migración debe dejar de entenderse como un “problema social” y asumirse como una política de desarrollo. El aporte de los migrantes ya está presente en cifras de PIB, empleo y consumo. Falta dar el paso institucional que permita multiplicar ese aporte y traducirlo en innovación y crecimiento sostenido.

El verdadero riesgo no es la llegada de migrantes, sino no saber aprovechar su potencial.

Golpear al Cartel de los Soles
Por Braulio Jatar Alonso | Notiamérica

La decisión del presidente Donald Trump de autorizar al Pentágono a usar fuerza militar contra el Cartel de los Soles no es solo una medida contra el narcotráfico: es un mensaje directo al corazón del régimen de Nicolás Maduro. Desde enero de 2025, Trump gobierna y no especula; en este caso ha puesto sobre la mesa una de las pocas cartas que la comunidad internacional ha evitado jugar: el uso de la fuerza.

Conforme a lo señalado por la propia fiscal general de Estados Unidos, no se trata de un cartel independiente que opera a espaldas de las autoridades. Según Washington, el Cartel de los Soles está encabezado por el propio Maduro y por generales que lucen en sus hombros los “soles” que dan nombre a la organización. Esto no es crimen organizado tradicional: es crimen institucionalizado, con las Fuerzas Armadas convertidas en aparato logístico del narcotráfico.

La inclusión del cartel en la lista de organizaciones terroristas globales no es retórica: busca habilitar el marco legal para usar contra ellos la misma fuerza que se empleó contra líderes de Al Qaeda, ISIS y, más recientemente, generales del ejército iraní.

Legalidad y legitimidad
El derecho internacional prohíbe la fuerza armada contra otro Estado, salvo en legítima defensa o por mandato del Consejo de Seguridad. Pero aquí estamos frente a una doctrina que EE. UU. ha aplicado antes: cuando un Estado se convierte en cómplice y motor de amenazas transnacionales, pierde el amparo que tendría un gobierno legítimo. Venezuela no cuenta con un gobierno legítimo. El propio Secretario de Estado Marco Rubio ha señalado que Maduro no es el presidente de Venezuela, ya que usurpa el puesto como producto de un claro y evidente fraude electoral.

En palabras de distintas oficinas federales, el país “es una base de operaciones de un cartel con proyección continental, responsable de inyectar cocaína y, cada vez más, fentanilo en los mercados internacionales”.

Implicaciones regionales
La medida de Trump puede incomodar a gobiernos latinoamericanos celosos de su soberanía, pero plantea una pregunta incómoda: ¿hasta cuándo se tolerará que un régimen ilegítimo de origen desestabilice la región, financie guerrillas y alimente redes de corrupción y violencia? El precedente es claro: si los organismos multilaterales son incapaces de actuar, un Estado que alega estar afectado puede hacerlo de manera unilateral, algo nada nuevo en la historia reciente.

Maduro y el escudo de la “soberanía”
El chavismo, experto en victimizarse, intentará usar cualquier acción militar para reforzar su propaganda de “patria sitiada” y de “antiimperialismo” . Pero, para muchos en el mismo hemisferio, se hace difícil hablar de soberanía cuando quien ostenta el poder lo hace sin presentar las actas electorales ni demostrar el sustento de su fraudulenta victoria.

Conclusión
La legalidad de una acción militar será debatida por juristas, pero su legitimidad se medirá en función de la pregunta: ¿cuánta fuerza es necesaria para obligar a un país a regresar a un Estado democrático y de derecho, en defensa de todos los pueblos del hemisferio?