Decenas de miles de procesados por el chavismo esperan amnistía de sus verdugos

Por Braulio Jatar / NOTIAMERICA

El anuncio de una amnistía con alcance retroactivo desde 1999 reabre uno de los debates jurídicos más sensibles del constitucionalismo venezolano: ¿puede el mismo poder que diseñó y ejecutó la persecución política erigirse ahora en árbitro de su propio perdón? La pregunta no es retórica. Se apoya en cifras verificables, en obligaciones internacionales y en un contexto político excepcional.

De acuerdo con los registros sistemáticos de la ONG Foro Penal, solo entre 2014 y finales de 2025 se documentaron alrededor de 18.000 detenciones por motivos políticos.

Esta serie —la más robusta y citada por organismos internacionales— no incluye los años previos ni el universo de personas sometidas a procesos sin prisión efectiva: medidas cautelares, presentaciones periódicas, inhabilitaciones políticas o prohibiciones de salida del país.

Por ello, el número de personas procesadas por razones políticas desde 1999 se proyecta razonablemente en decenas de miles. Al último corte previo al anuncio, más de 700 personas permanecían privadas de libertad por razones políticas.

La propuesta de amnistía, formulada por Delcy Rodríguez desde el poder efectivo, pretende abarcar todo el ciclo político iniciado en 1999, es decir, el período completo del chavismo como proyecto de gobierno.

Desde una perspectiva jurídica, ello obliga a distinguir con claridad qué conductas pueden ser amnistiadas y cuáles no. La amnistía —a diferencia del indulto— extingue la acción penal respecto de hechos determinados; no declara inocencias ni implica, por sí sola, reparación integral.

Su validez constitucional exige tipicidad clara, criterios objetivos y exclusiones compatibles con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente frente a crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles e inamnistiables.

El contexto en el que surge este anuncio es determinante. La detención de Nicolás Maduro a comienzos de enero de 2026 alteró abruptamente el equilibrio interno del poder y aceleró una reconfiguración política.

En ese escenario, los hermanos Rodríguez pasaron del discurso de confrontación a una estrategia de acomodamiento a las pautas fijadas desde Washington, particularmente bajo la administración Trump: liberaciones verificables, cierre de causas políticas y señales de apertura institucional. En ese marco, la amnistía aparece menos como un gesto espontáneo de reconciliación y más como respuesta pragmática a presiones geopolíticas externas.

Desde el prisma del bloque de constitucionalidad, el debate es ineludible. Venezuela sigue obligada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la jurisprudencia interamericana, que exige verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Una amnistía que se limite a cerrar expedientes sin mecanismos de verdad ni reparación efectiva corre el riesgo de convertirse en un instrumento de impunidad administrativa, o incluso en moneda de negociación política.

“Existe además un problema de legitimación. Cuando la persecución fue política de Estado, el perdón no puede ser auto-otorgado sin controles externos”

Un diseño normativo serio debe contemplar órganos independientes de verificación, participación efectiva de las víctimas, publicidad de listados, plazos claros y recursos judiciales eficaces. Sin esas garantías, la amnistía será selectiva y discrecional, vulnerando el principio de igualdad ante la ley.

Las cifras no admiten maquillaje: Venezuela arrastra un pasivo estructural de persecución política que no se cancela con un decreto ni con una ley exprés. La justicia transicional exige algo más que clemencia; exige verdad, responsabilidad y garantías de no repetición. Solo entonces dejará de ser el perdón de los verdugos para convertirse en reparación efectiva para las víctimas.

Braulio Jatar
Abogado, editor, escritor y profesor.
Activista de derechos humanos (DDHH) y de la causa migrante.
Ex preso político (2016–2021).

Constitución en mano: no existe el “encargo eterno” en Venezuela

Por Braulio Jatar

En Venezuela se ha intentado instalar una peligrosa ficción jurídica: que la vicepresidenta ejecutiva puede permanecer indefinidamente como presidenta “encargada” mientras la Asamblea Nacional —de mayoría chavista— así lo decida. Sin embargo, la Constitución no ampara ese artificio. El texto constitucional es claro, taxativo y no admite interpretaciones políticas acomodaticias.

El artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela regula la falta temporal del Presidente de la República. Establece un plazo preciso: el Vicepresidente Ejecutivo asume hasta por noventa (90) días, prorrogables una sola vez por otros noventa (90) días con autorización de la Asamblea Nacional. El límite máximo es, por tanto, 180 días. No más.

Este plazo no es una sugerencia ni una orientación política. Es un límite constitucional objetivo, diseñado precisamente para impedir que una ausencia temporal se transforme, por la vía de los hechos, en una sustitución permanente del Presidente sin elecciones. La Constitución no contempla una tercera prórroga, ni otorga a la Asamblea Nacional la facultad de extender indefinidamente el encargo.

Aquí surge el punto central que el oficialismo intenta distorsionar: el artículo 234 señala que, si la falta temporal se prolonga, corresponde a la Asamblea Nacional decidir si existe falta absoluta. Pero esa frase no otorga discrecionalidad política ilimitada. La Asamblea no “elige” si le conviene o no declarar la falta absoluta; lo que hace es constatar una situación jurídica objetiva.

Cuando se cumplen simultáneamente tres condiciones —(i) vencimiento de los 180 días, (ii) persistencia de la ausencia y (iii) no reincorporación efectiva del Presidente—, la falta deja de ser temporal por mandato constitucional. En ese momento, la falta absoluta se configura de pleno derecho, y la función de la Asamblea es meramente declarativa, no constitutiva.

Negarse a reconocer esa consecuencia no es una interpretación alternativa: es una violación directa de la Constitución. La Asamblea Nacional no puede, ni siquiera por unanimidad, crear una nueva categoría de “ausencia prolongada indefinida”, porque eso equivaldría a reformar la Constitución por vía política, algo expresamente prohibido.

Una vez configurada la falta absoluta, entra en vigor el artículo 233, que obliga a convocar elecciones presidenciales dentro de los treinta (30) días consecutivos siguientes. Durante ese lapso, el Vicepresidente Ejecutivo asume únicamente como autoridad transitoria, con el mandato limitado de garantizar la continuidad institucional hasta que el pueblo elija a un nuevo Presidente.

Si la Asamblea chavista decide ignorar este mandato y prolongar artificialmente el encargo, podrá hacerlo de facto, pero no de iure. Tal actuación constituye un fraude constitucional, una usurpación del orden sucesorio y una ruptura abierta del principio de soberanía popular.

En una república constitucional no existen presidencias interinas eternas ni encargos sin plazo. La Constitución fue escrita precisamente para que el poder no se perpetúe por conveniencia política, sino que regrese, siempre, al único titular legítimo: el pueblo.

Por Braulio Jatar Alonso
Columna de opinión – NotiAmérica

Hay silencios que gritan. Y hay olvidos que avergüenzan. El caso de Ovidio Carrasco es ambos.

Desde el 30 de enero de 2019, Ovidio Carrasco —teniente coronel, chileno-venezolano, hijo de chileno de varias generaciones— permanece privado de libertad en Venezuela. Este mes se cumplen siete años de prisión política. Siete años sin juicio justo, sin debido proceso, con denuncias consistentes de torturas y tratos crueles. Siete años de abandono institucional. Siete años de una pregunta incómoda: ¿por qué Chile ha mirado hacia otro lado?

Conversé recientemente con su hija, Nicole Carrasco. Su testimonio es devastador y, al mismo tiempo, tristemente familiar para quienes conocemos el funcionamiento del aparato represivo venezolano. Ovidio fue detenido en su propio hogar por agentes vestidos de negro. A la familia se le dijo que se trataba de “un trabajo”, una excusa habitual para ganar tiempo y desactivar el pánico. Horas después, la verdad: lo acusaban de participar en un supuesto atentado contra Nicolás Maduro.

Durante días estuvo desaparecido. Cuando finalmente pudo llamar, fue desde un hospital. Tenía lesiones visibles: muñecas marcadas y infectadas por esposas mantenidas durante días, golpes, signos claros de maltrato. Fue dejado en un lugar oscuro, pateado, sometido a métodos de tortura que quienes hemos sido presos políticos reconocemos de inmediato. No es un relato aislado: es un patrón.

Lo que hace este caso particularmente grave no es solo la condición de preso político, sino su nacionalidad chilena. Ovidio Carrasco tiene partida de nacimiento chilena por derecho de sangre. Su padre —chileno “pura cepa”, nacido en Valparaíso, criado en Playa Ancha— fue militar y emigró a Venezuela durante la dictadura, por temor a represalias. Allí formó familia. Allí nació Ovidio. Allí hoy se consuma esta injusticia.

Su esposa tiene estatus migratorio derivado de estar casada con un chileno. Su hija, Nicole, es chilena. Sin embargo, ni el Parlamento, ni la Cancillería, ni los grandes medios han levantado una campaña sostenida por su libertad. El consulado chileno, según relata la familia, respondió una y otra vez: “No podemos hacer nada porque está detenido en Venezuela”. Una frase burocrática que, en la práctica, equivale a la renuncia a la protección consular.

Conozco esa respuesta. También fui chileno-venezolano preso político. También sufrí el abandono del Estado chileno. La diferencia es que, en mi caso, hubo presión mediática y política que terminó abriendo caminos. En el caso de Ovidio, no.

¿Por qué? La pregunta es incómoda, pero legítima. ¿Influye que sea militar? ¿Influye que no haya nacido en territorio chileno, aun siendo chileno por sangre? ¿Influye el color de piel, el origen caribeño, la ausencia de padrinos políticos? No afirmo nada. Pero el silencio obliga a sospechar.

Hoy, cuando en Venezuela se anuncian liberaciones selectivas, este es el momento de actuar. Ovidio Carrasco debe venir a Chile. Debe recibir protección, atención médica, justicia. No es un favor: es un deber del Estado con uno de los suyos.

Este no es solo el clamor de una hija. Es una prueba moral para Chile. Y el tiempo corre. Siete años ya son demasiados.

Marco, si Maduro era ilegítimo, Delcy también

Marco, si Maduro era ilegítimo, Delcy también
Por Braulio Jatar Alonso
Artículo de opinión – El Tiempo Latino (Washington)

En Derecho existe un principio elemental que atraviesa sistemas jurídicos, culturas y épocas: nadie puede transmitir un derecho mejor del que posee. De esa máxima deriva la conocida teoría del fruto del árbol envenenado (fruit of the poisonous tree), desarrollada tanto en el derecho constitucional como en el procesal comparado. Si el acto originario es ilegítimo, todos los actos que de él se desprenden nacen jurídicamente contaminados y carecen de validez.

Este principio resulta clave para analizar la coyuntura venezolana actual y, en particular, la posición que comienza a perfilarse desde Washington bajo la conducción del actual Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Durante años —bajo distintas administraciones estadounidenses— se sostuvo de forma reiterada que Nicolás Maduro ejercía el poder de manera ilegítima. Esa tesis fue expresada mediante sanciones, comunicados oficiales, resoluciones del Congreso y pronunciamientos en foros multilaterales.

Hoy, tras la captura, traslado e internamiento de Maduro y su esposa Cilia Flores en una cárcel de Nueva York, surge una propuesta que, desde el punto de vista jurídico, resulta profundamente contradictoria: permitir que Delcy Rodríguez encabece el proceso de transición en Venezuela.

La pregunta es inevitable: ¿cómo puede el Departamento de Estado revestir de legitimidad a una figura cuyo origen político y jurídico emana del mismo poder que durante años fue calificado como ilegítimo? Si el “árbol” estaba viciado —el régimen de Maduro—, su fruto no puede ser presentado como sano ni válido para conducir una transición democrática.

La ficción de la “temporalidad”

El 3 de enero de 2026, el mismo día en que se produjo la captura de Maduro y Flores, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una decisión mediante la cual obliga a Delcy Rodríguez a asumir la Vicepresidencia, calificando dicha situación como “temporal”. Esa palabra no es casual ni neutra: es una válvula de escape constitucional.

La Constitución venezolana es clara: ante una falta absoluta del Presidente, debe activarse un mecanismo que conduce a elecciones presidenciales en un plazo aproximado de 30 días, convocadas por quien ejerza la presidencia encargada. Al calificar la situación como “temporal”, el Tribunal evita deliberadamente esa consecuencia constitucional y bloquea la activación del mandato popular, manteniendo la continuidad del mismo tronco de poder ilegítimo.

No se trata, por tanto, de una interpretación jurídica razonable, sino de una ingeniería de supervivencia política, diseñada para impedir elecciones inmediatas y transferir el poder de un ilegítimo a otro ilegítimo, sin ruptura real con el origen viciado.

La línea legítima ignorada

Frente a esa línea contaminada, existe otra línea de legitimidad democrática incuestionable: las elecciones del 28 de julio de 2024, reconocidas como limpias y transparentes por amplios sectores de la comunidad internacional. En ellas resultó electo Edmundo González, con María Corina Machado anunciada como su vicepresidenta.

Las actas electorales se encuentran resguardadas en la bóveda del Banco Central de Panamá, y el propio presidente panameño ha expresado públicamente su voluntad de ver a Edmundo González participando en próximas instancias multilaterales del hemisferio. A esta posición se han sumado líderes como Emmanuel Macron, y es previsible que otros gobiernos europeos sigan el mismo camino. Incluso dentro de Estados Unidos, senadores y representantes del Congreso han comenzado a cuestionar el carácter unilateral de una transición basada en un “fruto envenenado”.

Eficacia jurídica y costo político

Desde el punto de vista de la eficacia jurídica, una transición conducida por Delcy Rodríguez no puede producir efectos legítimos duraderos, porque su fuente es inválida. Desde el punto de vista político y diplomático, el riesgo es aún mayor.

Marco Rubio ha construido una trayectoria sólida frente a los regímenes autoritarios del hemisferio, con un capital simbólico importante ante la comunidad hispana —incluida la venezolana— en Estados Unidos. Persistir en una fórmula que contradice los propios fundamentos jurídicos sostenidos durante años puede erosionar esa credibilidad y generar un error de cálculo político de alto costo.

El Derecho no admite atajos: lo ilegítimo no puede engendrar legitimidad. Transferir el poder desde un origen viciado hacia una autoridad derivada del mismo tronco no es transición democrática; es continuidad maquillada.

Si Estados Unidos —y en particular su Secretaría de Estado— aspira a una salida estable, pacífica y jurídicamente eficaz para Venezuela, debe romper con el árbol envenenado y reconocer la única fuente limpia disponible: la voluntad popular expresada en las urnas.

Cualquier otra vía no solo vulnera principios elementales del Derecho constitucional, sino que condena el proceso a la fragilidad, la impugnación permanente y, finalmente, al fracaso.

Diosdado Cabello: el eterno número dos con destino final

Por Braulio Jatar Alonso | Notiamérica

A Diosdado Cabello muchos lo llaman —yo no lo comparto— el número dos del chavismo. Lo fue con Hugo Chávez, lo fue con Nicolás Maduro y hoy pretende seguir siéndolo con Delcy Rodríguez. Más que un número, Cabello es una constante: siempre está, siempre sobrevive, siempre se queda.

Su permanencia no responde a liderazgo moral, ni a resultados, ni a visión de país. Responde al control del miedo, al ruido, a la intimidación y a la administración del ala más dura —y más resentida— de la izquierda extrema venezolana. Esa es su apuesta: quedarse con el capital político residual de los sectores más radicalizados, aun cuando el país entero está exhausto.

El problema es que el contexto cambió de forma brutal. El ataque militar que sacudió al régimen no solo desarticuló estructuras: dejó a sus copartidarios aterrados, capitulando, sin ánimo ni discurso. Lo que vino después fue silencio, desorientación y obediencia por supervivencia. No hubo épica. Hubo miedo.

En ese escenario, resulta éticamente insostenible que funcionarios responsables de la seguridad del Estado —defensa, inteligencia, orden interno— sigan aferrados a sus cargos como si nada hubiese ocurrido, luego de permitir con irresponsabilidad absoluta la muerte de más de un centenar de subordinados, simpatizantes y personal contratado. No hubo renuncias. No hubo asunción de responsabilidades. Solo continuidad.

Las fuerzas armadas y de seguridad venezolanas han sufrido el mayor desprestigio, derrota y humillación de su historia republicana. Sin embargo, continúan desfilando con uniformes impecables y condecoraciones que ya no representan honor, sino negación. La forma sin fondo. El ritual sin dignidad.

En medio de ese derrumbe, Diosdado Cabello —el más parlanchín, el más agrio, el más agresivo— busca una nueva careta para sobrevivir. Habla, amenaza, gesticula. Pero todos saben que su margen se agotó. El escenario es binario: o renuncia, o lo remueven; o se va, o lo capturan. Basta una filtración, un soplo, un error más.

Su destino final ya no depende de su verbo, sino de la realidad que lo rodea. Y esa realidad es implacable: Venezuela no necesita eternos números dos. Necesita cerrar ciclos.

Y el de Diosdado Cabello está cerrado.

LOS INDOCUMENTADOS TIENEN MUCHOS DOCUMENTOS

Por Braulio Jatar Alonso

“¿Qué queremos decir exactamente con ‘indocumentados’?” Esta pregunta del drama televisivo Boston Lega (2004- 2008)l resuena con ironía devastadora. La verdad es que estas personas tienen documentos rebosando de sus bolsillos:  En aquel Esta presentan declaraciones de impuestos, poseen licencias de conducir, abren cuentas bancarias, obtienen préstamos e hipotecas de Bank of America y Citigroup, contratan seguros médicos y servicios de telefonía.

Contrario al mito de que son un lastre económico, son vitales para la economía. Cada uno de nosotros tiene al menos un inmigrante indocumentado en su vida: personas que nos importan, de las que dependemos, personas que amamos.

LOS NÚMEROS QUE NADIE QUIERE VER

Según el Instituto sobre Tributación y Política Económica (ITEP), los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos contribuyeron $96.700 millones en impuestos en 2022 y la tendencia se mantiene en el 2025. Esto equivale a $8.889 por persona. Su contribución tributaria alcanzó el 26,1% de sus ingresos, prácticamente igual al 26,4% que paga la población general.

Pero aquí está lo revelador: si se les otorgara autorización de trabajo, sus contribuciones aumentarían en $40.200 millones anuales. No es un gasto, es una inversión perdida.

En Chile, la paradoja se replica con contundencia. Según la Fundación porCausa, la población migrante contribuyó con un 10,3% del PIB chileno, superior a su peso poblacional del 8,7%. En 2023, aportaron $921 millones de dólares netos al Estado. Cada migrante aporta en promedio $604 dólares netos, comparado con $184 de los nativos. Los migrantes aportan 3,6 veces más per cápita que los chilenos.

¿Por qué? Porque consumen menos recursos públicos, especialmente en pensiones y subsidios.

LA INJUSTICIA PREVISIONAL CHILENA

Aquí surge una de las mayores crueldades del sistema: todo trabajador extranjero debe cotizar en el Sistema de Pensiones chileno, pero según la Ley 18.156, miles pierden sus ahorros previsionales cuando regresan a sus países. Si un trabajador cotizó durante 20 años y no cumple requisitos técnicos específicos, sus fondos quedan atrapados en Chile.

Esto viola la Convención Internacional sobre Protección de Trabajadores Migratorios. Peor aún: Chile tiene convenios con 28 países, pero no con Haití ni Venezuela, de donde provienen la mayoría de los migrantes recientes.

Los migrantes tienen contratos laborales, certificados de AFP, liquidaciones de sueldo, RUT provisorio, comprobantes de FONASA. Tienen documentos fiscales, laborales, previsionales. Lo que no tienen es un estatus migratorio regular que les permita recuperar lo que es suyo.

LA VERDADERA INDOCUMENTACIÓN

Los “indocumentados” tienen documentos que prueban que pagan impuestos para escuelas a las que sus hijos a veces no pueden asistir. Tienen certificados de aportes a pensiones de las que tal vez nunca se beneficiarán. Tienen contratos que demuestran que construyeron edificios, cosecharon alimentos, cuidaron a nuestros ancianos.

Tienen todos los documentos que prueban que son parte esencial de nuestras economías. Lo único que no tienen es el documento que los haría plenamente humanos ante la ley.

Esa es la verdadera indocumentación de nuestro tiempo: la falta de un documento legal que reconozca una realidad económica y humana que ya existe. Una realidad documentada en millones de formularios fiscales y certificados previsionales que nadie quiere ver.

Porque verlos nos obligaría a reconocer la verdad más incómoda: que hemos construido nuestras economías sobre la contribución de personas a las que negamos el derecho a existir plenamente en ellas.

Braulio Jatar Alonso es abogado especializado en inmigración, presidente de ILC Consultores en Chile, y fundador de la Fundación Derechos X todos para Todos.