Author: Braulio jatar

EN CHILE, CONDUCTORA EBRIA MATA A REPARTIDOR VENEZOLANO Y TERMINA EN SU CASA CON ARRESTO DOMICILIARIO

Josmar José Barboza Rincones tenía 41 años, era venezolano y trabajaba como repartidor de PedidosYa en Chile. La noche del 10 de octubre, cerca de las 23:50 horas, transitaba en su motocicleta por el puente Lo Gallardo, entre San Antonio y Santo Domingo, cuando una camioneta lo impactó por detrás. Murió en el lugar. La conductora registró 1,56 gramos de alcohol por litro de sangre.

Braulio Jatar Alonso | Artículo de opinión

Josmar José Barboza Rincones tenía 41 años, era venezolano y trabajaba como repartidor de PedidosYa en Chile. La noche del 10 de octubre, cerca de las 23:50 horas, transitaba en su motocicleta por el puente Lo Gallardo, entre San Antonio y Santo Domingo, cuando una camioneta lo impactó por detrás. Murió en el lugar. La conductora registró 1,56 gramos de alcohol por litro de sangre.

La Fiscalía solicitó prisión preventiva. El tribunal decidió arresto domiciliario total, considerando que la imputada no tenía antecedentes penales y debía cuidar a sus hijos menores. Es importante aclarar que no fue absuelta ni condenada: enfrenta un proceso penal. Pero también debemos preguntarnos por qué la situación familiar de quien causa una muerte puede pesar tanto al decidir su cautelar, mientras una familia perdió definitivamente a uno de sus integrantes.

Chile cuenta desde 2014 con la Ley Emilia, que endureció las sanciones contra quienes conducen ebrios. El artículo 196 de la Ley de Tránsito contempla penas de tres años y un día hasta diez años cuando se causa la muerte, inhabilitación perpetua para conducir y, en determinados supuestos de penas sustitutivas, al menos un año de privación efectiva de libertad.

¿Es suficiente? Considero que debemos avanzar hacia una nueva legislación.

En Estados Unidos encontramos antecedentes importantes. Texas tipifica específicamente el Intoxication Manslaughter, homicidio causado por intoxicación al conducir, castigado ordinariamente como delito grave de segundo grado, con penas de dos a veinte años. Nueva York también contempla figuras específicas de homicidio vehicular agravado.

Propongo una Ley Josmar que establezca el homicidio vial por conducción en estado de ebriedad como delito autónomo, diferenciado expresamente de los restantes delitos de tránsito y con un régimen de penas proporcional a la gravedad de la conducta.

Mi propuesta contempla penas de cinco años y un día a diez años de presidio para el tipo básico y de diez años y un día a quince años cuando concurran agravantes como alcoholemia igual o superior a 1,5 gramos por litro, reincidencia, conducción con licencia cancelada o abandono de la víctima. También propongo revisar las reglas sobre penas sustitutivas y medidas cautelares, respetando la presunción de inocencia y la necesaria evaluación judicial de cada caso.

Debemos, además, incorporar mecanismos de prevención, fiscalización permanente y dispositivos que impidan arrancar vehículos cuando el conductor presente alcohol en su organismo.

No desconozco la importancia de la Ley Emilia. Precisamente porque constituyó un avance, corresponde examinar sus resultados y corregir sus insuficiencias. Tampoco sostengo que toda muerte ocasionada por un conductor ebrio sea jurídicamente un homicidio intencional. La responsabilidad penal exige acreditar los elementos del delito, incluida la relación causal entre la conducción y el fallecimiento.

Josmar estaba trabajando, procurando ganarse la vida honestamente en un país distinto al que lo vio nacer.

Su muerte merece justicia y una reparación integral para sus familiares. Pero también puede impulsar una reforma que proteja a todos, chilenos y extranjeros.

La Ley Josmar debe llevar su nombre para que cada conductor comprenda las consecuencias de una decisión que puede terminar con la vida de otra persona.

Cinco años después: por qué el ingreso por un paso no habilitado no puede perseguir a un migrante para siempre (EEUU /Chile)

Miles de personas viven hoy en Chile después de haber entrado por un paso no habilitado. Muchas llegaron hace más de cinco años, en la ola migratoria venezolana. Trabajan, arriendan, cotizan y tienen hijos en colegios chilenos. Y cada cierto tiempo reciben una carta del Servicio Nacional de Migraciones que les ordena salir del país.

Cinco años después: por qué el ingreso por un paso no habilitado no puede perseguir a un migrante para siempre (EEUU /Chile)

Por Braulio Jatar Alonso

Miles de personas viven hoy en Chile después de haber entrado por un paso no habilitado. Muchas llegaron hace más de cinco años, en la ola migratoria venezolana. Trabajan, arriendan, cotizan y tienen hijos en colegios chilenos. Y cada cierto tiempo reciben una carta del Servicio Nacional de Migraciones que les ordena salir del país.

La pregunta jurídica es simple: ¿puede el Estado sancionar indefinidamente un hecho ocurrido hace años? Como abogado internacional, mi respuesta es que no. Y no es una opinión sentimental. Es lo que dice nuestra ley, y es también lo que ha resuelto un país que castiga la entrada irregular con mucha más dureza que Chile.

Lo que dice la ley chilena

Desde febrero de 2022, entrar a Chile por un paso no habilitado no es un delito. La Ley 21.325 lo trata como una infracción administrativa, que puede terminar en expulsión.

Pero esa misma ley le puso un límite de tiempo. Su artículo 32 N° 3 prohíbe el ingreso a quienes hayan entrado por un paso no habilitado «en los cinco años anteriores». Y el artículo 127 N° 1 solo permite expulsar por esa causa cuando la prohibición se configura.

La consecuencia es lógica. Si pasaron más de cinco años desde el ingreso, la causal ya no existe. Sin causal, no hay base legal para expulsar ni para rechazar una residencia por ese motivo. Así lo entendió la Corte de Apelaciones de Santiago en un fallo de 2025, que impidió al Servicio declarar inadmisible una solicitud de residencia por un ingreso clandestino de más de cinco años.

Hay un argumento adicional. La propia Corte Suprema ha calificado la expulsión por ingreso clandestino como ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado. Y en nuestro derecho, las sanciones no son eternas: prescriben.

La lección de Estados Unidos

En Estados Unidos, entrar por un lugar no autorizado sí es un delito federal. Es una falta penal menor, con hasta seis meses de cárcel. Y aun así, los tribunales de ese país han fijado un principio que vale la pena traer a Chile: la entrada irregular se consuma en el momento de cruzar, no después.

El caso más claro es Rincon-Jiménez, de 1979. Un mexicano había cruzado de noche por la playa entre Tijuana y San Ysidro casi nueve años antes de ser acusado. El juez de primera instancia dijo que el delito seguía cometiéndose mientras él permaneciera en el país. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito lo corrigió: el plazo de prescripción de cinco años corre desde la entrada, y estaba vencido. No podía ser juzgado.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado dos razones de fondo. Primero, que la palabra «entrada» se refiere a un lugar y a un momento, y no sugiere continuidad. Segundo, que los delitos que «se siguen cometiendo» deben ser una excepción, porque la prescripción protege a las personas de responder por hechos de un pasado lejano.

El contraste lo confirma. Cuando el Congreso estadounidense quiso castigar la permanencia, lo dijo con todas sus letras. El delito de reingreso tras una deportación sanciona al extranjero que es «encontrado» en el país, y ese sí se considera continuado. El legislador chileno, en cambio, usó el verbo «ingresar» y le fijó un plazo de cinco años.

El razonamiento es sencillo. Si un país que trata la entrada irregular como delito reconoce que el reloj corre desde el cruce, con mayor razón debe reconocerlo Chile, que la trata como infracción administrativa y que escribió el plazo en la ley.

Lo que dirán quienes piensan distinto

Un buen argumento jurídico se mide también por sus objeciones. Estas son las principales, y mi respuesta a cada una.

«Eso premia la clandestinidad.» El plazo no lo inventó un juez ni un abogado: lo escribió el Congreso en 2021. Si el legislador hubiera querido una sanción sin límite de tiempo, no habría escrito «en los cinco años anteriores». Respetar la ley no es premiar a nadie.

«La Corte Suprema ha confirmado expulsiones por paso no habilitado.» Es cierto. Pero en los casos conocidos el ingreso estaba dentro de los cinco años, o la fecha no se discutió. Ninguno ha rechazado la tesis de los cinco años.

«En Estados Unidos igual deportan.» También es cierto. Allá la prescripción impide el juicio penal, pero no la deportación civil, que no tiene plazo. Y desde 2025 el Departamento de Justicia sostiene que «eludir la inspección» sí es un delito continuado, aunque esa es una opinión del gobierno, no una sentencia. Precisamente por eso el ejemplo favorece a Chile: nuestro legislador, a diferencia del estadounidense, sí le puso un plazo expreso a la causal administrativa.

«Se viene el nuevo delito de ingreso clandestino.» El Senado aprobó en general ese proyecto en mayo de 2026, y su discusión continúa. Pero aunque se apruebe, la Constitución impide aplicarlo a ingresos ocurridos antes de su vigencia. Ninguna ley penal puede castigar hacia atrás.

Si usted está en esta situación

El argumento existe, pero se gana o se pierde con pruebas. Cuatro consejos:

1. Pruebe su fecha de ingreso. Es el punto decisivo. Reúna todo lo que demuestre desde cuándo vive en Chile: contratos de trabajo, cotizaciones, arriendos, matrículas escolares de sus hijos, atenciones de salud, transferencias bancarias. Un informe policial o una autodenuncia con una fecha equivocada puede costarle el caso.

2. No deje pasar los plazos. Si le notifican una expulsión, tiene solo 10 días corridos para reclamar ante la Corte de Apelaciones. Esa reclamación suspende la expulsión.

3. No salga ni vuelva a entrar de forma irregular. Un nuevo ingreso por paso no habilitado reinicia el plazo de cinco años.

4. Acredite su arraigo. Aunque el argumento de los cinco años no prospere, la ley obliga al Servicio a considerar su familia, sus hijos, su trabajo y sus aportes antes de expulsarlo. La Corte Suprema ha anulado expulsiones por no hacerlo.

El tiempo también es derecho

La prescripción no es un regalo para el infractor. Es una garantía para todos: impide que el Estado mantenga a una persona bajo amenaza indefinida por un hecho que ya quedó atrás. Nuestro derecho la reconoce como regla general. No hay razón para negarla a quien cruzó una frontera hace más de cinco años y desde entonces construyó aquí su vida.

La ley chilena ya lo dice. Estados Unidos, con un sistema mucho más duro, reconoce que la entrada se consuma al cruzar y que desde ese día corre el plazo. Lo que falta es que la autoridad migratoria la aplique y que la Corte Suprema la consolide.

No basta con defenderte, tengo que fortalecerte.


Braulio Jatar Alonso es abogado, editor, escritor y profesor. Presidente de ILC Consultores (Chile / Venezuela) y fundador del Colegio Pablo Romero Millán.

EL ÍNDICE JATAR DE MOVIMIENTO MIGRATORIO: LOS PAÍSES TAMBIÉN SE MIDEN CON LOS PIES

Los países se miden por su economía, empleo, seguridad, educación, salud, libertades y calidad institucional. También pueden medirse observando hacia dónde caminan las personas.

Por Braulio Jatar Alonso | El Tiempo Latino, Washington

Los países se miden por su economía, empleo, seguridad, educación, salud, libertades y calidad institucional. También pueden medirse observando hacia dónde caminan las personas. Millones de seres humanos califican a los países con sus pies cuando deciden entrar, permanecer, marcharse o regresar.

De esa observación nace el Índice Jatar del Movimiento Migratorio Mundial. Su propósito es comparar la capacidad demostrada de cada país para atraer población y conservar a sus nacionales. La prueba inicial comprende 228 países y territorios, utilizando las últimas cifras mundiales comparables de Naciones Unidas, acumuladas hasta 2024.

No afirmamos que toda emigración demuestra pobreza, dictadura o ausencia de Estado de derecho. Las personas migran por razones económicas, familiares, religiosas, educativas, culturales, ambientales o porque otro país ofrece mayores oportunidades. El índice mide primero el movimiento humano; las causas se investigan después, sin presumirlas.

La fórmula piloto combina atracción de inmigrantes, retención de nacionales, balance migratorio y tendencia. Conserva las cantidades absolutas como contexto, pero calcula las posiciones principalmente mediante proporciones respecto de la población. Estados Unidos puede recibir millones de personas, mientras un país pequeño puede recibir muchas menos y representar un porcentaje mayor de sus habitantes.

El resultado va de menos 100 a más 100. Los países situados arriba muestran mayor capacidad relativa para atraer y retener población. Los ubicados abajo pierden nacionales, reciben pocos inmigrantes o presentan ambas situaciones. El número no constituye una sentencia definitiva, pero ofrece una señal que merece ser estudiada.

El proyecto encontró una dificultad importante: las cifras acumuladas conservan la memoria del pasado. El Salvador mantiene una enorme diáspora formada por la guerra civil, la violencia, las diferencias salariales y las redes familiares establecidas en Estados Unidos. Aunque actualmente mejore su seguridad, esas redes pueden seguir facilitando nuevas migraciones. A este fenómeno lo denominamos efecto de persistencia de la diáspora.

Por eso el diseño debe ofrecer dos resultados. El índice estructural mostrará la realidad acumulada durante décadas. El índice dinámico medirá si las salidas recientes aumentan, disminuyen o comienzan a convertirse en retorno sostenible. Venezuela puede registrar un resultado estructural profundamente negativo por sus más de ocho millones de emigrantes acumulados, mientras otro país podría conservar una diáspora histórica y mostrar recuperación reciente.

Nuestro trabajo requiere revisión de matemáticos, demógrafos, economistas, abogados, sociólogos y especialistas migratorios. También necesita fuentes auditables, pruebas de sensibilidad y reglas especiales para territorios, países pequeños y de otras variables.

El Índice Jatar convierte millones de decisiones humanas en una nueva medida para comprender a los países. Nos permite preguntar qué están diciendo las personas cuando deciden permanecer, marcharse en busca de oportunidades o escapar porque ya no encuentran seguridad para criar a sus hijos y construir su futuro.

Esos movimientos no explican por sí solos toda la realidad de una nación, pero revelan algo que ningún gobierno puede ocultar fácilmente: dónde las personas encuentran razones para llegar, quedarse o regresar, y de cuáles sienten la necesidad de salir.

Braulio Jatar Alonso
Abogado, comunicador, escritor, fundador y profesor en colegio  y creador del Índice Jatar del Movimiento Migratorio Mundial

ICE: una cronología de muertos y heridos que exige respuestas

Wilber Rafael Garcés Pérez tiene 28 años, es venezolano y trabajaba haciendo entregas de comida en Austin, Texas. El 20 de septiembre un agente de ICE le disparó por la espalda durante un operativo vehicular. La bala permaneció alojada cerca de su columna durante once días. El 1 de octubre tuvieron finalmente que operarlo para retirársela.

ICE: una cronología de muertos y heridos que exige respuestas

Por Braulio Jatar Alonso (NotiAmerica)

Wilber Rafael Garcés Pérez tiene 28 años, es venezolano y trabajaba haciendo entregas de comida en Austin, Texas. El 20 de septiembre un agente de ICE le disparó por la espalda durante un operativo vehicular. La bala permaneció alojada cerca de su columna durante once días. El 1 de octubre tuvieron finalmente que operarlo para retirársela.

ICE sostiene que Garcés intentó huir y que utilizó su vehículo contra los agentes. Él afirma que intentaba detenerse y que un vehículo federal chocó el suyo antes del disparo. El agente que disparó no llevaba una cámara corporal activa. Garcés apareció después ante un juez en silla de ruedas y con un brazo inmovilizado. Sigue detenido y enfrenta cargos federales.

El 7 de enero, en Minneapolis, la ciudadana estadounidense Renée Good, de 37 años y madre de tres hijos, murió después de que un agente de ICE disparara tres veces contra su vehículo. El Gobierno sostuvo inicialmente que había intentado atropellar al funcionario. Un análisis de videos realizado por Reuters mostró que el primer disparo ocurrió cuando el automóvil comenzaba a pasar junto al agente.

Una semana después, el venezolano Julio César Sosa-Celis recibió un disparo de un agente de ICE en Minneapolis. DHS informó inicialmente que el funcionario había disparado para defenderse de un ataque. Posteriormente, documentos del FBI indicaron que los hombres involucrados habían soltado una escoba y una pala y se alejaban cuando el agente disparó. Meses después, un agente de ICE fue acusado de realizar declaraciones falsas sobre aquel episodio.

El 24 de enero murió Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos y ciudadano estadounidense. En este caso los disparos provinieron de agentes de Border Patrol y CBP, no de ICE. DHS presentó inicialmente a Pretti como una amenaza armada. Videos revisados por Reuters mostraron que tenía un teléfono en la mano cuando comenzó el forcejeo y que un agente había retirado su arma antes de los primeros disparos.

El 7 de julio, un agente de ICE mató en Houston al mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años. ICE afirmó que intentó atropellar a un agente. Tres pasajeros que viajaban con él declararon posteriormente que Salgado se había detenido y que ningún funcionario estaba frente al vehículo cuando comenzaron los disparos.

Seis días después, el 13 de julio, un agente de ICE mató en Biddeford, Maine, al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero. Tenía permiso de trabajo y, según autoridades y familiares, ni siquiera era la persona que los agentes estaban buscando.

Después de esas dos muertes ICE suspendió temporalmente los controles vehiculares. Al día siguiente Trump ordenó reanudarlos.

Ahora ICE acaba de prohibir las persecuciones a alta velocidad y exige mayores controles, cámaras corporales y vehículos debidamente identificados para determinados operativos. La decisión llega después de muertos, heridos y versiones oficiales que en varios casos terminaron confrontadas por videos, testigos o documentos judiciales.

Aplicar la ley migratoria es una facultad del Estado. Disparar contra personas durante operativos migratorios obliga a algo igualmente elemental: investigar cada caso, conocer quién disparó, disponer de cámaras, entregar las imágenes y determinar responsabilidades.

Wilber Garcés sobrevivió. Durante once días llevó en su espalda la bala disparada por un agente del Estado. Su caso no comenzó esta historia. Es simplemente el último capítulo conocido.

¿Quién es Trump para decidir cuándo votan los venezolanos?

Donald Trump acaba de decir que todavía es “demasiado pronto” para celebrar elecciones en Venezuela.

¿Quién es Trump para decidir cuándo votan los venezolanos?

Por Braulio Jatar Alonso  (El Tiempo Latino Washington)

Donald Trump acaba de decir que todavía es “demasiado pronto” para celebrar elecciones en Venezuela. En los últimos meses ha vinculado repetidamente el futuro venezolano con la llegada de las grandes compañías petroleras estadounidenses y con la recuperación de la producción de crudo.

Las exportaciones venezolanas de petróleo cayeron casi 9% en septiembre, hasta unos 1,08 millones de barriles diarios. Sin embargo, mientras Venezuela vendió menos petróleo al mundo, las exportaciones hacia Estados Unidos aumentaron de 553.000 a 629.000 barriles diarios. Chevron, por su parte, mantuvo unos 283.000 barriles diarios desde sus empresas mixtas.

Estados Unidos tuvo un papel decisivo en la salida de Maduro y sería absurdo desconocerlo. También sería ingenuo desconocer que Washington tiene intereses estratégicos legítimos en Venezuela, como los tienen China, Rusia, Europa y cualquier potencia que observa las mayores reservas petroleras del planeta.  

María Corina Machado ha sostenido precisamente que solo un gobierno democrático puede ofrecer seguridad duradera a quienes quieran invertir en el petróleo venezolano. También ha cuestionado la transparencia de los acuerdos petroleros y continúa reclamando elecciones.  .

Trump pide tiempo para las elecciones venezolanas justamente cuando él se prepara para enfrentar el juicio electoral de los estadounidenses en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Su aprobación cayó a 32% en la encuesta Reuters/Ipsos de septiembre y los demócratas aparecían con ocho puntos de ventaja sobre los republicanos en intención nacional de voto para el Congreso.  

La mayoría republicana actual es además muy estrecha. Al 1 de octubre había 218 republicanos, 214 demócratas, un independiente y dos vacantes en la Cámara de Representantes. En el Senado la relación era 53 republicanos frente a 45 demócratas y dos independientes junto con ellos.

¿Qué ocurriría si los republicanos pierden la Cámara? No significa que Trump será destituido. Significa que una nueva mayoría tendría capacidad para investigar a su gobierno, emitir citaciones y, si existieran fundamentos suficientes, iniciar un nuevo impeachment.

La Cámara puede acusar por mayoría simple, pero una destitución requeriría después el voto de dos tercios del Senado, algo mucho más difícil con la actual composición política.

Dentro de pocas semanas, Trump tendrá que aceptar lo que decidan los ciudadanos estadounidenses sobre el Congreso que deberá gobernar con él. Esa misma regla elemental debe valer para Venezuela.

Los venezolanos podemos necesitar aliados. Podemos requerir inversiones, mercados, seguridad y apoyo internacional. Lo que no necesitamos es cambiar un poder que decidió durante años cuándo podíamos votar por otro poder extranjero que ahora pretenda decidir exactamente lo mismo.

María Corina Machado y todos los dirigentes venezolanos tienen delante una responsabilidad histórica: poner los intereses nacionales por encima de cualquier gobierno extranjero, sea amigo, aliado o adversario.

Washington puede negociar petróleo con Venezuela y puede defender sus propios intereses y los venezolanos debemos defender los nuestros. Entre esos intereses está uno que no debería estar sujeto a negociación: decidir mediante el voto quién gobierna Venezuela.

Venezuela necesitará un ministro de la diáspora

VENEZUELA MINISTRO DE LA DIASPORA 1

Venezuela necesitará un ministro de la diáspora

Por Braulio Jatar Alonso ( NOTIAMERICA)

Venezuela tiene casi 7,9 millones de ciudadanos fuera de sus fronteras y más de 6,9 millones permanecen en América Latina y el Caribe. Es una realidad demasiado grande para seguir tratándola simplemente como emigración. Una parte importante del país vive hoy fuera del territorio nacional.

Mi propuesta es que la nueva Venezuela tenga un ministro de la diáspora, con competencias reales, presupuesto, capacidad de representación internacional y responsabilidad directa frente a esos millones de venezolanos. La magnitud del fenómeno ya justifica una institución del más alto nivel del Estado.

Durante años, millones de venezolanos han estado en una situación especialmente difícil. Salieron de un país que los empujó a buscar futuro fuera de sus fronteras y llegaron a otros donde muchas veces encontraron restricciones migratorias, dificultades para obtener documentos, empleos precarios, discriminación, xenofobia y problemas para acceder a salud, educación y vivienda.

El Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes de R4V estimó que 4,18 millones de venezolanos en los países de destino necesitaban algún tipo de asistencia. Cerca del 68 % había obtenido un estatus migratorio regular o reconocimiento como refugiado, mientras unos 2,2 millones permanecían en situación irregular.

Durante demasiado tiempo esta situación ha sido atendida principalmente por los países receptores, ACNUR, la OIM, organizaciones sociales y los propios migrantes. La nueva Venezuela también tiene responsabilidades con esos ciudadanos y deberá asumirlas, independientemente del lugar donde hayan establecido su residencia.

Un Ministerio de la Diáspora debería atender asuntos concretos: pasaportes, registros civiles, protección consular, reunificación familiar, reconocimiento de títulos, seguridad social, situación de los hijos nacidos en el extranjero, inversiones, emprendimientos y relaciones permanentes con los gobiernos de los países donde existen grandes comunidades venezolanas.

El retorno también tendría que formar parte de sus competencias. Quien decida regresar necesitará respuestas sobre reconocimiento de estudios, documentos, incorporación de sus hijos al sistema educativo, inversiones, empleo, seguridad social y traslado de patrimonio. Después de una emigración de estas dimensiones, regresar tampoco es simplemente comprar un pasaje.

Venezuela debe entender igualmente que millones probablemente no regresarán. Han formado familias, adquirido otras nacionalidades, comprado viviendas, creado empresas y educado a sus hijos fuera del país. Esa decisión no los convierte en menos venezolanos ni elimina la posibilidad de mantener una relación económica, profesional y cultural con Venezuela.

Entre esos millones hay médicos, ingenieros, abogados, científicos, empresarios, profesores, técnicos, trabajadores y emprendedores que han acumulado experiencia en decenas de países. Ese capital humano puede participar en la reconstrucción y el desarrollo de Venezuela sin que necesariamente tenga que regresar de manera permanente.

La persona que ocupe ese ministerio deberá tener conocimiento directo de la realidad migratoria, capacidad técnica y credibilidad. También deberá ser respetada por la diáspora y tener interlocución ante gobiernos, organismos internacionales y organizaciones vinculadas con migración y derechos humanos.

La diáspora venezolana lleva años resolviendo individualmente problemas que deberían tener respuesta institucional. Consulados cerrados o deficientes, documentos vencidos, familias separadas, títulos sin reconocimiento, procesos migratorios complejos y ausencia de protección efectiva han sido parte de la vida cotidiana de millones de compatriotas.

Casi ocho millones de venezolanos viviendo fuera del territorio representan una realidad nacional que ningún futuro gobierno podrá ignorar. Venezuela tendrá que reconstruir sus instituciones, pero también tendrá que reconstruir la relación con los ciudadanos que se fueron.

Por esa razón propongo para la nueva Venezuela la creación de un Ministerio de la Diáspora, dirigido por una persona que tenga legitimidad ante los venezolanos en el exterior y respeto ante la comunidad internacional. Millones de ciudadanos dispersos por el mundo necesitan una voz propia dentro del Estado venezolano.

Braulio Jatar Alonso

El Tren de Aragua habló y Chile estaba escuchando

El Tren de Aragua hablo y Chile estaba escuchando

El Tren de Aragua habló y Chile estaba escuchando

Por Braulio Jatar Alonso (NotiAmerica)

Durante años se habló del Tren de Aragua como si fuera una sombra imposible de tocar: una organización nacida en Venezuela, extendida por varios países y capaz de dirigir delitos a miles de kilómetros de distancia. Hoy sabemos algo más importante. Chile consiguió entrar en sus comunicaciones, reconstruir parte de su estructura y seguir el camino del dinero.

Reportajes de Teletrece reveló audios inéditos entre Héctor “Niño Guerrero”, máximo jefe de la organización, y Gabriel Acosta, alias “Pure Cartier”, quien dirigía desde Colombia una facción que operaba en Chile. En esas conversaciones no aparecen discursos ni consignas.

Uno de los aspectos más reveladores es la forma en que el dinero salía de Chile. La investigación policial estableció un flujo aproximado de 13 millones de dólares hacia cuentas vinculadas al Niño Guerrero. Parte de esos recursos eran enviados mediante criptomonedas. En una de las conversaciones, Guerrero indica directamente cómo recibir USDT y pide que el dinero llegue hasta él.  

El dato confirma algo que Chile comenzó a comprender hace tiempo: para enfrentar al crimen organizado no basta con detener al hombre que aprieta el gatillo. Hay que seguir al que da la orden, al que recibe el dinero, al que presta una cuenta, al que crea una sociedad de fachada y al que convierte el producto del delito en activos aparentemente limpios.

La Fiscalía y la PDI ya habían dado un golpe importante en 2025 contra la estructura financiera vinculada a los Hermanos Cartier. Aquella investigación permitió detener a 52 personas y detectar mecanismos utilizados para sacar del país más de 13,5 millones de dólares mediante una sofisticada red de lavado de activos.  

Hay también una lección que no debemos permitir que se pierda entre titulares. El Tren de Aragua es una organización criminal, no una nacionalidad. Sus víctimas también han sido venezolanas y miles de venezolanos llegaron a Chile precisamente escapando de la violencia, la corrupción y el deterioro institucional que permitieron crecer a grupos como este.

Combatir seriamente al Tren de Aragua significa perseguir delincuentes, no perseguir pasaportes. Significa inteligencia financiera, cooperación internacional, extradiciones, investigación policial y tribunales funcionando. Cuando el Estado hace bien su trabajo, no necesita convertir al inmigrante en sospechoso colectivo para demostrar autoridad.

El crimen transnacional perdió hace tiempo el respeto por las fronteras. La justicia debe aprender a hacer exactamente lo mismo, pero siempre con la ley en la mano.

Diosdado Cabello preso en Chile

Diosdado Cabello no está preso en Chile, pero si hoy pisara territorio chileno su situación podría cambiar de manera inmediata. Eso es, en términos simples, lo que ha señalado el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien dirige la investigación por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Diosdado Cabello preso en Chile

Por Braulio Jatar Alonso (ETL)

Diosdado Cabello no está preso en Chile, pero si hoy pisara territorio chileno su situación podría cambiar de manera inmediata. Eso es, en términos simples, lo que ha señalado el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien dirige la investigación por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Según Barros, si Cabello estuviera en Chile, “lo más probable” es que ya existiera una orden de detención en su contra. La Fiscalía lo sitúa como presunto autor intelectual del crimen y sostiene que habría encargado al Tren de Aragua el secuestro y posterior asesinato de Ojeda, una acusación que lleva el caso mucho más allá de quienes participaron materialmente en los hechos.

Ronald Ojeda fue secuestrado en Santiago en febrero de 2024 por sujetos que se hicieron pasar por funcionarios policiales. Días después, su cuerpo fue encontrado enterrado en Maipú. Desde entonces, la investigación ha avanzado mediante detenciones, extradiciones, declaraciones de testigos y nuevos antecedentes que han permitido reconstruir una estructura criminal mucho más amplia.

La Fiscalía ya no busca solamente determinar quiénes ejecutaron el secuestro y homicidio, sino también quién dio la orden, quién financió la operación y quién tuvo responsabilidad dentro de la cadena de decisiones. Es precisamente en ese nivel donde aparece el nombre de Diosdado Cabello.

El fiscal Barros ha señalado que los antecedentes reunidos permiten actualmente llegar hasta él y que la persecución penal debe alcanzar a todos los responsables, sin importar dónde se encuentren. Cabello conserva su presunción de inocencia y corresponderá a los tribunales determinar si existen pruebas suficientes para establecer responsabilidad penal. Una investigación fiscal no equivale a una condena, pero la presunción de inocencia tampoco puede confundirse con inmunidad política.

Si la tesis de la Fiscalía logra acreditarse, el caso Ojeda adquiriría una dimensión mucho más grave. No estaríamos únicamente frente a un homicidio cometido por una organización criminal, sino ante la eventual utilización de una banda transnacional para ejecutar en Chile una operación ordenada desde Venezuela contra un adversario político.

Por eso el título de esta columna no anuncia una detención inexistente. Resume la consecuencia jurídica que el propio fiscal ha planteado: si Diosdado Cabello estuviera hoy en Chile, podría ser detenido y obligado a responder ante la justicia por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda.

Cabello, sobre quien Estados Unidos mantiene una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena, sigue ejerciendo como ministro del Interior dentro del régimen que hoy encabeza Delcy Rodríguez.

 La paradoja resulta difícil de ignorar: mientras la justicia estadounidense lo persigue y la Fiscalía chilena lo señala como presunto autor intelectual del crimen de Ojeda, la administración Trump, con Marco Rubio al frente de su política exterior, hace negocios petroleros con el mismo poder político del cual Cabello forma parte.

La indecencia y el crimen parecen haberse instalado también en la política internacional.

La factura falsa: Venezuela no le debe petróleo a Trump (Braulio Jatar Alonso)

Venezuela no le debe petroleo a Trumo Braulio Jatar Alonso

La factura falsa: Venezuela no le debe petróleo a Trump 

Por Braulio Jatar Alonso

Antes de la captura de Nicolás Maduro, Marco Rubio repitió una justificación que parecía jurídicamente sencilla: Estados Unidos perseguía a una persona acusada por su propia justicia. El 4 de septiembre de 2025, en Quito, afirmó que Maduro había sido acusado por un gran jurado y era “un fugitivo de la justicia estadounidense”. El 15 de septiembre insistió en que un gran jurado había emitido la acusación. Y el 19 de diciembre sostuvo que la caracterización del régimen como organización narcoterrorista se apoyaba en una acusación federal y en pruebas presentadas ante un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York.[1][2][3]

Ese argumento importa hoy porque fue el que acompañó la escalada previa al operativo. No se decía entonces que Venezuela hubiera contratado a Estados Unidos para liberarla, ni que los venezolanos debieran pagar una factura por la eventual captura. Se decía que existía una causa penal estadounidense, una acusación formal y un prófugo de la justicia de Estados Unidos.

Cuando llegó el operativo del 3 de enero de 2026, la propia administración mantuvo inicialmente esa explicación. En la comunicación que Donald Trump remitió al Congreso el 5 de enero señaló que las Fuerzas Armadas actuaron “pursuant to a request from the Attorney General” y que un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York había emitido órdenes de arresto contra Maduro y Cilia Flores basadas en acusaciones de un gran jurado.[4]

Rubio fue todavía más categórico al día siguiente de la captura: “This was an arrest operation. This was a law enforcement operation”. Añadió que Maduro había sido arrestado en territorio venezolano por agentes federales, informado de sus derechos y trasladado a Estados Unidos.[5] Una versión de la Casa Blanca difundida el propio 3 de enero describió igualmente la misión como una operación de aplicación de la ley ejecutada a solicitud del Departamento de Justicia, con participación de fuerzas militares y agentes antidrogas.[6]

Es decir, el relato oficial era inequívoco en su núcleo: Estados Unidos estaba ejecutando órdenes de su propia justicia contra acusados de delitos perseguibles ante sus tribunales. La fuerza militar fue presentada como el instrumento que permitió realizar esa captura, no como un servicio contratado por la República de Venezuela.

Por eso resulta jurídicamente insostenible fabricar después una deuda de los venezolanos por el hecho de que Estados Unidos haya decidido cumplir órdenes judiciales estadounidenses. Hacer justicia no genera, por sí solo, un crédito contra el pueblo en cuyo territorio se encuentra el acusado. Ni la acusación del gran jurado, ni las órdenes de arresto, ni la carta de Trump al Congreso establecen que Venezuela deba indemnizar a Washington por ejecutar esas decisiones.

Sin embargo, apenas consumado el operativo apareció otro discurso. El 3 de enero Trump afirmó que la presencia estadounidense “no nos costará nada” porque había mucho dinero saliendo del subsuelo venezolano. Agregó: “We’re going to get reimbursed for everything that we spend”, y habló de “recuperar” petróleo que, según él, Estados Unidos debió haber recuperado mucho antes.[7]

Tres días después anunció que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado para ser vendidos a precio de mercado, con los ingresos bajo control estadounidense.[8] Lo que había sido presentado como cumplimiento de una orden judicial comenzó a confundirse con una lógica de reembolso, control económico y aprovechamiento petrolero.

Hay, además, un documento de la propia administración Trump que dificulta todavía más esa narrativa. El 9 de enero, una orden ejecutiva sobre los ingresos derivados del petróleo venezolano depositados en cuentas del Tesoro declaró expresamente que esos fondos constituyen propiedad del Gobierno de Venezuela y que Estados Unidos los mantiene en condición de custodio, “not as the property of the United States”.[9]

La contradicción alcanza hoy una dimensión mucho mayor. El 28 de agosto Trump anunció lo que llamó “THE BIGGEST OIL DEAL IN WORLD HISTORY”: un entendimiento que, según su versión, otorgaría control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas. Reuters y Associated Press han informado que el acuerdo fue negociado por Rubio y Pete Hegseth con el gobierno de Delcy Rodríguez, pero su texto completo y aspectos esenciales de su estructura jurídica y financiera todavía no han sido divulgados públicamente.[10][11]

Mientras tanto, buena parte del aparato que Washington identificó durante años como integrante o soporte del llamado Cartel de los Soles continúa instalada en el poder. El Departamento de Justicia acusó formalmente a Diosdado Cabello junto a Maduro por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos vinculados con armas. El Departamento de Estado mantiene una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.[12][13]

Cabello, sin embargo, sigue siendo ministro del Interior y una de las principales figuras del poder venezolano. Reuters describió en enero que, pese a la extracción de Maduro, el núcleo político, militar y de seguridad que había gobernado Venezuela permanecía esencialmente intacto.[14] En agosto, Cabello continúa apareciendo públicamente como ministro del Interior y secretario general del PSUV.[15]

La pregunta entonces es inevitable. Si el objetivo era desmantelar una organización narcoterrorista, ¿por qué sus figuras centrales permanecen gobernando y negociando con Washington? Y si el objetivo era simplemente ejecutar una orden judicial contra Maduro y Cilia Flores, ¿de dónde nace ahora la idea de que Venezuela debe pagar con su riqueza petrolera el costo de esa operación?

No se trata de negar la importancia de que Maduro comparezca ante un tribunal y tenga que responder por las acusaciones formuladas contra él. Precisamente porque se trataba de justicia, no puede convertirse retrospectivamente en una factura inmoral. La justicia se administra; no se cobra en barriles.

Puede discutirse por separado la conveniencia de abrir la industria petrolera venezolana a capital estadounidense. Puede incluso defenderse un gran acuerdo energético si es transparente, constitucional, aprobado por autoridades legítimas y beneficioso para Venezuela. Pero eso sería un negocio entre Estados y empresas, no el pago de un rescate, ni la compensación por una captura ordenada por tribunales estadounidenses.

Venezuela no le debe un barril de petróleo a Donald Trump, tampoco a Rubio ni a Pete Hegseth,  por haber capturado a Nicolás Maduro. Estados Unidos cumplió una decisión de su propia justicia y Maduro y Cilia Flores están hoy sometidos a esa misma justicia. Convertir ahora aquella operación judicial en el fundamento moral de una apropiación económica es cambiar la historia después de los hechos.

La paradoja es demasiado grande para ignorarla: los venezolanos son presentados como deudores de quienes dicen haberlos liberado, mientras sus riquezas se negocian con buena parte de quienes los mantienen sometidos. Los carceleros continúan en el poder, los libertadores hacen negocios con ellos y al pueblo se le pretende presentar la factura.

FUENTES :

1. U.S. Department of State. “Secretary of State Marco Rubio and Ecuadorian Foreign Minister Gabriela Sommerfeld at a Joint Press Availability”. Quito, 4 de septiembre de 2025. Rubio: Maduro había sido acusado por un gran jurado y era “a fugitive of American justice”.

2. U.S. Department of State. “Secretary of State Marco Rubio with Gillian Turner of Fox News”. 15 de septiembre de 2025. Rubio reiteró que un gran jurado había devuelto una acusación contra Maduro y lo describió como fugitivo de la justicia estadounidense.

3. U.S. Department of State. “Secretary of State Marco Rubio Remarks to the Press”. Washington, 19 de diciembre de 2025. Rubio afirmó que la posición estadounidense se basaba en una acusación federal y una acusación sustitutiva, sustentadas en evidencia presentada ante un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York.

4. The White House / U.S. Government Publishing Office. Carta del presidente Donald J. Trump al Speaker de la Cámara de Representantes, 5 de enero de 2026, House Document 119-124. Señala que la operación del 3 de enero se realizó a solicitud de la Fiscal General y que el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York había emitido órdenes de arresto basadas en acusaciones de un gran jurado.

5. ABC News. “‘This Week’ Transcript 1-4-26: Secretary of State Marco Rubio”. 4 de enero de 2026. Rubio: “This was an arrest operation. This was a law enforcement operation”; afirmó que Maduro fue arrestado en Venezuela por agentes del FBI, informado de sus derechos y trasladado a Estados Unidos.

6. Roll Call. John T. Bennett. “Trump: US will ‘run’ Venezuela after military mission to nab Maduro”. 3 de enero de 2026. La Casa Blanca describió la misión como una “law enforcement operation” realizada por el Departamento de Guerra y la DEA a solicitud del Departamento de Justicia; indicó que agentes de la DEA practicaron los arrestos. Esta versión difiere en el detalle de la agencia actuante de la declaración posterior de Rubio, pero ambas coinciden en caracterizar la captura como una operación de aplicación de la ley.

7. Reuters. “Trump says US will take Venezuelan oil, be reimbursed for costs”. Palm Beach, 3 de enero de 2026. Trump: “We’re going to get reimbursed for everything that we spend” y afirmó que Estados Unidos recuperaría petróleo venezolano.

8. Reuters. “Trump says Venezuela to turn over 30 to 50 million barrels of oil to US”. 6 de enero de 2026. Trump anunció la transferencia de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado para venta a precio de mercado bajo control estadounidense.

9. The White House. Executive Order 14373, “Safeguarding Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People”. 9 de enero de 2026. La orden declara que los fondos derivados del petróleo son propiedad del Gobierno de Venezuela y que Estados Unidos los mantiene en capacidad custodial y no como propiedad estadounidense.

10. Reuters. Jarrett Renshaw. “Trump says US is taking partial control of Venezuela’s vast oil reserves”. 28 de agosto de 2026. Trump anunció control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas; Reuters señaló que los detalles jurídicos y financieros seguían sin estar claros.

11. Associated Press. Aamer Madhani y Collin Binkley. “What we know about Trump’s deal giving US access to vast oil reserves in Venezuela”. 30 de agosto de 2026. AP informó sobre una estructura de participación estadounidense y señaló que seguían sin conocerse detalles esenciales de financiamiento, implementación y términos completos.

12. U.S. Department of Justice, Southern District of New York. “Manhattan U.S. Attorney Announces Narco-Terrorism Charges Against Nicolas Maduro, Current and Former Venezuelan Officials…”. 26 de marzo de 2020. Incluye a Diosdado Cabello en la acusación por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos de armas.

13. U.S. Department of State. “Diosdado Cabello Rondón – Narcotics Rewards Program: Wanted”. Actualización del 10 de enero de 2025. Recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena; la ficha lo vincula con el Cartel de los Soles.

14. Reuters. David Brunnstrom. “Who’s really running Venezuela?”. 13 de enero de 2026. Reuters informó que el sistema de poder político, militar y de seguridad permanecía intacto después de la captura de Maduro. 15. Agencia EFE. “Diosdado Cabello niega que se esté discutiendo la liberación de presos políticos en la mesa de diálogo con la oposición”. 25 de agosto de 2026. Identifica a Cabello como ministro del Interior y secretario general del PSUV

De Irene Sáez, Miss Universe, al Maduro de Trump

De Irene Sáez, Miss Universe, al Maduro bajo custodia de la administración Trump, la cuestión de fondo sigue siendo la misma: ningún parlamento, ningún tribunal y mucho menos Donald Trump o Marco Rubio pueden colocarse por encima de la Constitución venezolana. Washington puede presionar o negociar, pero no decidir quién gobierna Venezuela ni sustituir su soberanía constitucional.

De Irene Sáez, Miss Universe, al Maduro de Trump

Por Braulio Jatar Alonso ETL

Gonzalo Oliveros Navarro publicó recientemente en Barra Plural una interesante reflexión que me hizo regresar a un episodio del cual no fui simplemente testigo. Fui abogado: la declaratoria de vacante de la Gobernación de Nueva Esparta durante el mandato de Irene Sáez.

Eustacio Aguilera, entonces presidente del parlamento regional, y Leopoldo Espinoza Prieto acudieron a mi oficina en Porlamar. Estudiamos el caso y concluimos que correspondía al órgano legislativo calificar la ausencia de la gobernadora. La controversia llegó finalmente al Tribunal Supremo de Justicia y prevaleció aquella tesis.

Oliveros trae ahora ese precedente al caso de Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos el pasado enero y actualmente fuera de Venezuela, mientras Delcy Rodríguez ejerce la Presidencia interina. La comparación es jurídicamente provocadora, pero existe una diferencia que merece examinarse.

El artículo 233 de la Constitución incluye entre las faltas absolutas el abandono del cargo, pero exige que sea declarado por la Asamblea Nacional. Hasta allí podría sostenerse que mientras el Parlamento no actúe, no existe jurídicamente abandono.

Pero la Constitución no termina en el artículo 233. El 234 dispone que las faltas temporales serán suplidas hasta por 90 días, prorrogables por otros 90, y establece que, prolongada la falta por más de 90 días, la Asamblea Nacional decidirá si debe considerarse absoluta.  

Aquí aparece una cuestión decisiva: ¿puede la Asamblea burlar la Constitución simplemente negándose a decidir? Claro que no.

La propia Constitución creó el remedio. Su artículo 336.7 atribuye a la Sala Constitucional la facultad de declarar inconstitucionales las omisiones del Poder Legislativo cuando este deje de adoptar las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, pudiendo establecer incluso el plazo para corregirlas.

Por tanto, la competencia de la Asamblea no puede transformarse en derecho al silencio. Tampoco significa que el Tribunal Supremo pueda sustituir al Parlamento y declarar por sí mismo el abandono. Eso sería igualmente peligroso: combatir una omisión constitucional mediante otra usurpación constitucional.

La salida correcta sería otra: declarar inconstitucional la omisión y obligar a la Asamblea Nacional a pronunciarse.

De Irene Sáez, Miss Universe, al Maduro bajo custodia de la administración Trump, la cuestión de fondo sigue siendo la misma: ningún parlamento, ningún tribunal y mucho menos Donald Trump o Marco Rubio pueden colocarse por encima de la Constitución venezolana. Washington puede presionar o negociar, pero no decidir quién gobierna Venezuela ni sustituir su soberanía constitucional.

Porque también se viola una Constitución cuando, teniendo el deber de aplicarla, se decide simplemente no hacerlo.