Author: Braulio jatar

El Censo 2024 registró 1.608.650 personas nacidas fuera del país, equivalentes al 8,8% de la población residente. Es decir, casi uno de cada once habitantes. Chile ya cambió, aunque parte de sus instituciones, su política y sus medios continúe hablando como si la migración fuera una visita incómoda que algún día desaparecerá.  

Se ha repetido que Chile es el país más xenófobo del hemisferio en las redes sociales. No encontré una medición comparativa seria que permita sostener ese ranking. No necesitamos exagerar.

Lo comprobable ya es brutal: un estudio de ACNUR y la Universidad Carlos III determinó que el 57,7% de las publicaciones sobre personas en movilidad originadas en Chile transmitía una percepción negativa, mientras apenas el 4% expresaba una valoración positiva.  

La calle puede ser distinta. Allí también existen vecinos solidarios, empleadores decentes, funcionarios conscientes y chilenos que entienden que nadie abandona su patria por deporte.

Pero el lenguaje antimigrante se reproduce con especial fuerza en los centros de poder, en discursos políticos, en titulares que convierten la nacionalidad en antecedente penal y en redes donde la crueldad recibe aplausos, alcance y rentabilidad.

De esa realidad nace No nos van a expulsar de la justicia. No será un tratado escrito desde la comodidad de una biblioteca. Será la memoria de madres a quienes se negaron licencias maternales después de cotizar; trabajadores despedidos porque sus documentos no avanzaron; familias casadas pero separadas; personas que aportaron durante años a las AFP y luego descubrieron que su dinero tenía más derechos que ellas.

También estarán la madre asesinada de un escopetazo, el taxista abofeteado, la persona baleada por agentes del Estado, el hombre amputado porque no pudo pagar a tiempo y los hermanos atrapados por un doble asesinato y una vida sin salida. Estarán los niños haitianos convertidos en sospechosos por su color de piel y las familias sometidas a una persecución pública antes de que los hechos fueran establecidos.

Cada historia será tratada con nombres, antecedentes, responsabilidades y documentos. No buscamos fabricar víctimas ni declarar inocencias por nacionalidad.

Libertad, igualdad y fraternidad no pueden ser palabras reservadas para discursos solemnes. La igualdad desaparece cuando el pasaporte determina cuánto vale una vida. La libertad se degrada cuando el miedo político convierte al extranjero en enemigo. La fraternidad muere cuando una sociedad acepta la humillación como política pública.

Este libro permanecerá en construcción porque cada nuevo abuso abre un capítulo y cada victoria judicial demuestra que la batalla tiene sentido. Chile aún puede construir una convivencia firme, ordenada y humana.

La tarea sigue pendiente, y nosotros seguiremos allí, defendiendo a quienes algunos quisieran expulsar incluso de la justicia o pretender deportarnos de nuestros derechos.

Tren de Aragua, Diosdado Cabello y el dinero que salió de Chile

Por Braulio Jatar Alonso
ETL

La Operación Tokio, desarrollada por la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI, reveló una estructura de lavado que habría sacado de Chile más de $78 mil millones de pesos, cerca de 86,5 millones de dólares. El dinero se habría movido mediante criptomonedas, empresas de fachada, cuentas bancarias y transferencias internacionales.

El fiscal Héctor Barros, el mismo que vinculó a Diosdado Cabello con el asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile, calificó el caso como uno de los mayores lavados de dinero detectados en el país.

Según los antecedentes conocidos, el dinero provenía de delitos graves: extorsiones, contrabando, tráfico de drogas, explotación sexual, secuestros y otras actividades asociadas al Tren de Aragua. La investigación apunta a que parte de esos fondos salían de Chile hacia otros países, incluso mediante empresas de criptomonedas y sociedades que funcionaban como vehículos para ingresar dinero ilícito al sistema formal.

La organización no operaba como una banda callejera. Operaba como una empresa criminal transnacional. Tenía recaudación, operadores financieros, contactos bancarios, sociedades instrumentales, uso de criptoactivos y capacidad para mover millones fuera del país. Entre los detenidos apareció incluso un ejecutivo bancario, investigado por facilitar cuentas y operaciones para el traslado de fondos.

El Tren de Aragua nació en Venezuela, se expandió desde estructuras carcelarias y terminó instalado en varios países de la región. En Chile, las autoridades lo han vinculado, tal y como señalamos, con homicidios, secuestros, trata de personas, extorsiones y con el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

A ese cuadro se suma ahora la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, máximo jefe del Tren de Aragua, anunciada por Donald Trump tras una operación militar de Estados Unidos en Venezuela, coordinada con autoridades venezolanas.

Su muerte golpea el vértice de la organización, pero no desmonta por sí sola sus operadores, sus rutas, sus recaudadores ni su estructura financiera. El Tren de Aragua no dependía solo de un jefe. Dependía de una red. Y esa red, como acaba de mostrar la Operación Tokio, también funcionaba con dinero, empresas, bancos, criptomonedas y contactos.

En todo el circuito investigativo aparece Diosdado Cabello. La fiscalía chilena ha señalado públicamente que existen antecedentes que apuntan hacia él en el caso del exteniente venezolano, y el Tren de Aragua en encargado de ejecutar la orden que vino desde Caracas.

Además, el expediente norteamericano contra Nicolás Maduro y otros jerarcas venezolanos menciona a Diosdado Cabello y al “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, dentro de una acusación sobre narcotráfico, armas y cooperación con organizaciones criminales.

La Operación Tokio muestra que el Tren de Aragua no se combate solo con controles de identidad ni discursos electorales. Porque si más de $78 mil millones de pesos chilenos pudieron salir de Chile, el problema no fue únicamente la banda. También fallaron filtros, alertas, bancos, controles y sistemas de prevención.

 Chile descubrió el dinero. Estados Unidos anuncia la muerte del jefe máximo. Ahora falta lo esencial: perseguir a quienes protegieron, financiaron y permitieron que la banda criminal más peligrosa del hemisferio creciera bajo el amparo del poder venezolano. El “Niño Guerrero” cayó. La red que lo hizo posible sigue pendiente.

Durante dos noches, grupos violentos salieron a las calles. Incendiaron vehículos, atacaron viviendas, enfrentaron a la policía y dirigieron su rabia contra comunidades migrantes. La acusación contra una persona terminó convertida en sospecha contra todos los extranjeros.

Un delito individual no puede transformarse en una condena colectiva. Si un extranjero mata, viola, roba o agrede, debe ser detenido, juzgado y sancionado, igual que a cualquier delincuente.

Pero de allí no se puede pasar a quemar casas, perseguir familias, atacar comercios o convertir a todo migrante en enemigo público. Eso no es justicia. Es barbarie.

La criminalización del extranjero empieza siempre con una frase aparentemente simple: “todos son iguales”. Luego viene la sospecha general, después la persecución administrativa, más tarde la violencia social y finalmente la ruptura del Estado de Derecho.

La rabia legítima frente a un crimen brutal fue utilizada para encender una violencia contra personas que no habían cometido delito alguno. Familias enteras fueron amenazadas no por lo que hicieron, sino por su origen, su color de piel, su acento o su condición migratoria.

Chile y América Latina deben aprender de ese espejo. La seguridad pública es una obligación del Estado. El crimen organizado debe ser perseguido. Las bandas extranjeras deben ser desarticuladas. Las expulsiones deben aplicarse cuando correspondan. Pero nada de eso autoriza a convertir al migrante común en sospechoso permanente.

Cuando una sociedad pierde esa diferencia, la justicia deja de mirar hechos y comienza a mirar rostros. Ya no importa quién cometió el delito. Importa de dónde viene, cómo habla, cómo se viste o qué documento tiene.

Belfast no demuestra que los extranjeros sean peligrosos. Demuestra lo peligroso que puede ser un país cuando deja que el miedo reemplace a la justicia.

El delito tiene autor. La responsabilidad penal es personal. La nacionalidad no es una condena.

Por Braulio Jatar Alonso (ETL)

La sentencia de la Sala Constitucional que ordenó a Delcy Rodríguez asumir la Presidencia encargada no es una sentencia. Es un ardid político vestido de toga. Un movimiento preparado para darle apariencia jurídica a una operación que ya venía cocinada antes del 3 de enero de 2026.

La Sala Constitucional, vinculada al oficialismo, ordenó a Delcy Rodríguez asumir y ejercer “en condición de encargada” las atribuciones de la Presidencia, bajo el argumento del secuestro del presidente usurpador Nicolás Maduro. Ese tribunal no resolvió un problema constitucional. Construyó una salida política.

La sentencia pretende crear una vacante que no existe. La Constitución venezolana regula las faltas presidenciales en los artículos 233 y 234. Son faltas absolutas o temporales. No hay una tercera categoría.

El artículo 233 enumera las faltas absolutas: muerte, renuncia, destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental permanente, abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional o revocatoria popular.

El artículo 234 regula las faltas temporales. En ese caso, el vicepresidente ejecutivo puede suplir al Presidente hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional hasta por noventa días más.

Ese plazo tiene fecha. Si la ausencia comenzó el 3 de enero, los primeros noventa días se cumplieron el 3 de abril. La eventual prórroga de otros noventa días deja al 3 de julio como el punto constitucional de quiebre.

A partir de allí, la encargaduría deja de tener incluso la débil excusa formal que usaron para imponerla.

La Sala se inventó otra figura. No la llamó así, pero la produjo: una ausencia forzada, política, indefinida, administrada por el propio aparato de poder.

Si Maduro estaba secuestrado, como dijo el oficialismo, no había falta absoluta. Si se trataba de una falta temporal, tenía límite. Noventa días. Eventualmente noventa días más. Lo que hicieron fue convertir esa temporalidad en una encargaduría política sin control real.

Delcy quedaba al frente hasta que la estructura que la puso desde afuera y dentro de Venezuela decidiera otra cosa.

No fue una transición constitucional. Fue una sustitución pactada dentro del mismo poder con fuerzas extranjeras. Sacaron al jefe visible del régimen y dejaron a la administradora del mismo sistema.

Si Maduro era ilegítimo, Delcy también lo era. El principio jurídico es simple: lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y el fruto del árbol envenenado también queda contaminado. Los que mueven los hilos desde del extranjero lo saben.

Delcy Rodríguez no podía nacer legítima de una vicepresidencia ilegítima. No podía convertirse en presidenta encargada por una sentencia que torció los artículos 233 y 234. No podía ser continuidad constitucional de un poder que ya había roto la Constitución.

Lo que hicieron fue darle vida política a lo nonato. Inventaron una falta presidencial que no existe. Usaron una sentencia para fabricar una encargaduría sin base constitucional suficiente. Y presentaron como estabilidad lo que en realidad era continuidad del mismo aparato represivo, ilegal, inconstitucional y arbitrario.

El 3 de julio vence el artificio constitucional. Ese día ya no bastará decir que Delcy está encargada. Habrá que reconocer lo que siempre fue: una presidencia impuesta, sin origen legítimo, sin límite real y sin mandato popular.

Delcy Rodríguez en la Presidencia es inconstitucional,

Quien no lo quiera ver sufre el síndrome de Antón: está ciego, pero no quiere reconocerlo o el cinismo se ocupa de su disonancia cognitiva.

En diplomacia, un “puente dorado” es la salida que se le ofrece al adversario para que pueda retroceder sin aparecer derrotado. No es generosidad. Es cálculo. Se le permite abandonar una posición extrema, conservar una parte del poder y vender su retirada como una victoria.

Eso parece estar ocurriendo con Delcy Rodríguez.

Marco Rubio no necesita presentarla como demócrata. Tampoco necesita limpiar su historia dentro del chavismo. Le basta convertirla en interlocutora útil para administrar una transición controlada después de Maduro, evitar una ruptura total del aparato de poder y mantener bajo control los intereses de Estados Unidos en Venezuela.

Después de la captura de Nicolás Maduro, Rubio dijo que Washington estaba dispuesto a trabajar con los nuevos líderes venezolanos si tomaban “la decisión correcta”. Esa frase no fue inocente. No reconocía legitimidad democrática, pero abría una puerta política. En los hechos, colocaba a Delcy Rodríguez dentro del mapa de negociación de Estados Unidos.

La operación también produjo ruido en Washington. Las senadoras Jeanne Shaheen y Elizabeth Warren pidieron explicaciones a Rubio y al secretario del Tesoro por el alivio de sanciones a Delcy Rodríguez, recordando su papel dentro del régimen venezolano y en la represión. Esa carta muestra que hay sectores en Estados Unidos que entienden el riesgo: una salida negociada puede terminar salvando políticamente a una figura central del madurismo.

El problema para Venezuela no es que exista negociación. El problema es que esa negociación pretenda sustituir la voluntad popular. Delcy Rodríguez no llegó al poder por una elección libre. Viene del mismo sistema que destruyó la institucionalidad, persiguió opositores, cerró espacios democráticos y convirtió al Estado en aparato de dominación.

Un puente dorado puede servir para desmontar una dictadura. También puede servir para reciclarla. Si Delcy cruza ese puente sin voto, sin Constitución efectiva y sin rendición de cuentas, no habrá transición democrática. Habrá transferencia pactada de poder.

Rubio puede construir el puente. Delcy puede cruzarlo. Pero la legitimidad venezolana no la otorga Washington. La decide el pueblo venezolano.

EL LARGO PUENTE DORADO QUE RUBIO CONSTRUYE A DELCY RODRÍGUEZ

En diplomacia, un “puente dorado” es la salida que se le ofrece al adversario para que pueda retroceder sin aparecer derrotado. No es generosidad. Es cálculo. Se le permite abandonar una posición extrema, conservar una parte del poder y vender su retirada como una victoria.

Eso parece estar ocurriendo con Delcy Rodríguez.

Marco Rubio no necesita presentarla como demócrata. Tampoco necesita limpiar su historia dentro del chavismo. Le basta convertirla en interlocutora útil para administrar una transición controlada después de Maduro, evitar una ruptura total del aparato de poder y mantener bajo control los intereses de Estados Unidos en Venezuela.

Después de la captura de Nicolás Maduro, Rubio dijo que Washington estaba dispuesto a trabajar con los nuevos líderes venezolanos si tomaban “la decisión correcta”. Esa frase no fue inocente. No reconocía legitimidad democrática, pero abría una puerta política. En los hechos, colocaba a Delcy Rodríguez dentro del mapa de negociación de Estados Unidos.

La operación también produjo ruido en Washington. Las senadoras Jeanne Shaheen y Elizabeth Warren pidieron explicaciones a Rubio y al secretario del Tesoro por el alivio de sanciones a Delcy Rodríguez, recordando su papel dentro del régimen venezolano y en la represión. Esa carta muestra que hay sectores en Estados Unidos que entienden el riesgo: una salida negociada puede terminar salvando políticamente a una figura central del madurismo.

El problema para Venezuela no es que exista negociación. El problema es que esa negociación pretenda sustituir la voluntad popular. Delcy Rodríguez no llegó al poder por una elección libre. Viene del mismo sistema que destruyó la institucionalidad, persiguió opositores, cerró espacios democráticos y convirtió al Estado en aparato de dominación.

Un puente dorado puede servir para desmontar una dictadura. También puede servir para reciclarla. Si Delcy cruza ese puente sin voto, sin Constitución efectiva y sin rendición de cuentas, no habrá transición democrática. Habrá transferencia pactada de poder.

Rubio puede construir el puente. Delcy puede cruzarlo. Pero la legitimidad venezolana no la otorga Washington. La decide el pueblo venezolano.

Vuelven a Venezuela: ¿a cambiar el poder o a convalidarlo?

Por: Braulio Jatar Alonso

En Venezuela empiezan a regresar algunos disidentes. Pero no vuelven juntos, no vuelven con una hoja de ruta, no vuelven con un programa nacional y no vuelven alrededor de una fecha electoral clara.

Vuelven a cuentagotas, cada quien por su cuenta, en medio de un país donde todavía no hay cronograma electoral confiable, ni calendario público, ni reglas claras para saber cuándo y cómo el pueblo podrá decidir.

La disidencia, en la historia, no vuelve al vacío. Vuelve cuando hay una elección, cuando hay una negociación seria o cuando el poder necesita mostrar una apertura controlada. Si no hay fecha, si no hay garantías y si no hay programa común, la pregunta es inevitable: ¿vuelven para cambiar el poder o vuelven porque el poder les abrió una puerta bajo condiciones que todavía no conocemos?

Lo que ocurre con Estados Unidos también debe leerse con cuidado. La administración Trump ha dado señales de acercamiento práctico a Delcy Rodríguez. Reportes recientes señalan que Washington ordenó frenar investigaciones contra ella y que el trato hacia su figura cambió en función de estabilidad, petróleo y recomposición de relaciones.

En ese contexto, el regreso disperso de disidentes no necesariamente anuncia una transición. Puede anunciar una normalización. Y normalizar no es democratizar.

No se trata de acusar a todo el que regresa. Muchos pueden volver por razones humanas, familiares, políticas o personales. El exilio cansa. La distancia desgasta. Nadie tiene derecho a exigir heroísmo eterno a quien ha pagado costos reales.  

La pregunta política es otra: ¿con qué mandato vuelven?, ¿a quién representan?, ¿qué condiciones exigieron?, ¿qué garantías tienen?, ¿cuál es el calendario?, ¿cuál es el plan?

Porque una disidencia que vuelve sin programa puede terminar siendo usada como decoración de apertura. Una oposición que regresa sin unidad puede terminar validando un arreglo donde otros ya decidieron el futuro. Y un país que confunde permiso con libertad corre el riesgo de celebrar una transición que todavía no existe.

Venezuela no necesita fotos de retorno. Necesita reglas. No necesita regresos simbólicos. Necesita fecha electoral, garantías, presos liberados, instituciones recuperadas y voto real.

Vuelven a Venezuela. La pregunta es si vuelven a cambiar el poder o a convalidarlo.

Derechos Humanos, Qatar, Fútbol y el plan de EE.UU. para Venezuela: cuando la democracia queda para la final

Braulio Jatar (NotiAmerica)

El Mundial de Qatar 2022 dejó una imagen incómoda para el mundo. Mientras la pelota rodaba, también se hablaba de trabajadores migrantes, abusos laborales, muertes no aclaradas, salarios retenidos y condiciones de vida indignas.

Qatar fue señalado durante años por organizaciones internacionales por el trato dado a trabajadores extranjeros que levantaron buena parte de la infraestructura del Mundial. La FIFA defendió el torneo, los gobiernos miraron de lado y las grandes marcas siguieron adelante. Esa historia vuelve a tener sentido cuando se mira a Venezuela. No porque Qatar sea igual a Venezuela, sino porque Qatar también aparece ahora como lugar de conversaciones políticas sobre nuestro país.

Según reportes periodísticos, representantes de Estados Unidos y Delcy Rodríguez se reunieron en Qatar desde el 2024, con la mediación de ese país, para explorar una salida al problema venezolano. No se trata de comparar el Mundial con la política. Es entender que el mismo país cuestionado por derechos humanos en el fútbol terminó sirviendo como sala reservada para discutir el futuro de Venezuela.

A Venezuela le hablan de estabilidad como si los venezolanos no supiéramos lo que significa vivir en desorden. Claro que el país necesita orden, inversión, petróleo produciendo, servicios funcionando y una economía que deje de castigar a la gente. Pero nada de eso puede ponerse por encima del derecho de los ciudadanos a escoger libremente su destino.

Lo peligroso es que esa fórmula se parezca demasiado a los valores de otros gobiernos: primero el negocio, luego la gobernabilidad, y al final la libertad.  Este no puede ser el proyecto de una nación que ha pagado con cárcel, exilio, hambre y muertos su deseo de vivir en democracia.

Venezuela necesita reconstrucción, sí. Necesita estabilidad, también. Pero necesita primero respeto a la voluntad popular. Porque cuando la democracia queda para el final, casi siempre el final ya fue escrito por otros.