Author: Braulio jatar

El terrorismo estocástico contra los inmigrantes en Chile

Por Braulio Jatar Alonso (NotiAmerica)

Hay una expresión que Chile debería comenzar a conocer: terrorismo estocástico. No es una figura penal. Es un concepto utilizado para describir cómo determinados discursos públicos, repetidos de manera constante contra un grupo, pueden aumentar la probabilidad de que alguien termine actuando violentamente contra sus integrantes.

No hace falta ordenar una agresión. Basta construir un enemigo, atribuirle los problemas de la sociedad y repetir suficientemente el mensaje. No sabemos quién actuará ni cuándo, pero se crea el ambiente para que ocurra.

Eso me preocupa cuando observo parte del debate migratorio chileno.

Un reciente proyecto de ley ingresado por los senadores Iván Flores, Danisa Astudillo, Paulina Núñez y Paulina Vodanovic busca sancionar penalmente los matrimonios y acuerdos de unión civil celebrados con fines migratorios.

La iniciativa aparece después de conocerse que los AUC entre chilenos y extranjeros aumentaron significativamente entre 2024 y 2025. Sus promotores sostienen que podrían existir personas que utilicen estos vínculos para obtener beneficios migratorios e incluso redes que intermedian, a cambio de dinero, para producir uniones ficticias.

Si existe fraude, que se investigue y se sancione. Esa discusión es perfectamente legítima.

El problema comienza cuando una estadística se utiliza para sembrar sospechas sobre las relaciones entre chilenos y extranjeros. Que aumenten los matrimonios o los acuerdos de unión civil interculturales no demuestra que exista fraude.

He dicho públicamente que este tipo de iniciativas forma parte de una estrategia que termina dificultando y estigmatizando los vínculos entre personas de distintas culturas. Ni los números conocidos ni los casos efectivamente comprobados parecen suficientes para sostener semejante sospecha generalizada.

Cuando la condición de extranjero comienza a convertirse por sí misma en motivo de desconfianza, estamos entrando en un terreno peligroso. Eso es, derechamente, racismo.

Primero se construyó la imagen del inmigrante como responsable de la delincuencia. Después llegó el “irregular” presentado como amenaza. Ahora incluso el matrimonio o la unión civil pueden ser observados desde la sospecha.

Así funciona el terrorismo estocástico.

Cuando dirigentes políticos, medios y comunicadores repiten constantemente que determinado grupo es peligroso, fraudulento o indeseable, contribuyen a crear un clima social donde la discriminación y eventualmente la violencia se vuelven más probables.

Chile tiene todo el derecho a combatir el fraude migratorio.

Lo que no tiene derecho es a convertir al inmigrante en sospechoso permanente.

Porque las palabras pronunciadas desde posiciones de poder tienen consecuencias. Y quien siembra sistemáticamente miedo contra un grupo humano nunca puede saber quién terminará convirtiendo ese miedo en odio, ni quién finalmente decidirá actuar.

En Chile hay personas que han cumplido cada exigencia del Estado y, aun así, continúan condenadas a no existir. Se presentaron ante la policía, entregaron sus huellas, fueron empadronadas, acreditaron domicilio, consiguieron trabajo, cotizaron, formaron familias y tuvieron hijos chilenos. Después de todo eso, el mismo Estado les responde que nada es suficiente.

La causa de esa condena suele estar en un hecho ocurrido años atrás: haber ingresado por un paso no habilitado. Esa infracción se transforma en una especie de pecado original que nunca se perdona. No importa cuánto tiempo haya transcurrido, qué vida construyeron, cuánto aportaron o cuántos vínculos familiares tengan. Permanecen tatuados administrativamente como “irregulares”.

La contradicción es brutal. La propia Ley de Migración y Extranjería chilena establece que la migración irregular no constituye delito y obliga al Estado a respetar los derechos humanos de las personas extranjeras, sin importar su condición migratoria. Sin embargo, el discurso público y numerosas prácticas institucionales continúan tratando al migrante irregular como si fuera un delincuente.

No los contratan formalmente porque no tienen documentos vigentes, pero después se les reprocha no tener contrato ni cotizaciones. Trabajan en condiciones precarias, expuestos al abuso y sin herramientas reales para defenderse. Enfrentan obstáculos para otorgar poderes de representación, realizar trámites notariales, abrir cuentas o acreditar su identidad ante distintas instituciones.

También hemos conocido parejas que llevan años viviendo juntas, algunas casadas en sus países de origen, pero que permanecen separadas jurídicamente porque uno de sus integrantes nunca ha podido regularizarse. Otras enfrentan dificultades incluso para celebrar el matrimonio o un acuerdo de unión civil debido a exigencias documentales que convierten un derecho fundamental en una carrera de obstáculos.

Hay madres y padres de niños chilenos que continúan atrapados en la irregularidad. La familia existe para el trabajo, para el arriendo, para pagar impuestos, para criar a los hijos y sostener el hogar, pero desaparece cuando llega el momento de decidir sobre la residencia.

No se trata de negar el derecho del Estado a controlar sus fronteras. Tampoco defendemos que toda persona deba ser regularizada sin revisar sus antecedentes. No fabricamos víctimas ni declaramos inocencias por nacionalidad. Exigimos que cada caso sea examinado individualmente, considerando la conducta, el arraigo, la familia, el trabajo y las razones que provocaron el desplazamiento.

La Política Nacional de Migración reconoce que los mecanismos de regularización pueden considerar el tiempo de permanencia, los vínculos familiares y laborales, la contribución realizada al país, las labores de cuidado y la inexistencia de antecedentes penales. Las herramientas existen. Lo que ha faltado es la voluntad de utilizarlas con humanidad, proporcionalidad y justicia.

Desde nuestro trabajo jurídico y social hemos llevado estas historias ante autoridades administrativas y tribunales. Hemos defendido a madres a quienes se negaron licencias maternales, trabajadores despedidos por no obtener sus documentos, familias amenazadas con ser separadas y personas detenidas como si la irregularidad migratoria fuera una orden de captura.

Ahora, desde la Fundación Derechos por Siempre, hemos creado una plataforma para recibir, preservar y documentar estas denuncias. Cada testimonio podrá mantenerse confidencial o hacerse público. Buscamos reunir nombres, antecedentes, documentos y responsabilidades. Romper el silencio, conservar las pruebas y convertir el dolor en memoria, denuncia y justicia.

En este proceso hemos hecho nuestra la consigna francesa “La honte doit changer de camp”: la vergüenza debe cambiar de bando.

La frase alcanzó dimensión mundial cuando Gisèle Pelicot se negó a que el juicio contra quienes abusaron de ella se desarrollara en secreto. Pero su antecedente se encuentra en otra gran mujer francesa: la abogada Gisèle Halimi, quien en el histórico juicio de Aix-en-Provence de 1978 defendió que las víctimas no tenían nada que ocultar y que eran los agresores quienes debían quedar expuestos.

Hoy trasladamos esa idea a la defensa de las personas migrantes. La vergüenza no pertenece a quien cruzó una frontera huyendo del hambre, la violencia o la desesperación. Tampoco a quien trabaja, cotiza, forma una familia y espera durante años una respuesta.

La vergüenza pertenece a quienes humillan, discriminan, explotan o utilizan el poder para privar a otros de sus derechos fundamentales. Pertenece también a quienes ven la injusticia, tienen la facultad de corregirla y prefieren guardar silencio.

La vergüenza debe cambiar de bando. Y en Chile, esa batalla apenas comienza.

Diversas corrientes filosóficas y espirituales coinciden en una advertencia: el ego descontrolado termina convirtiéndose en fuente de sufrimiento. No hablamos de la autoestima necesaria para competir, crear o defender una causa, sino de esa construcción interior que necesita sentirse superior, tener siempre la razón y transformar cada derrota en una humillación intolerable.

El budismo identifica el apego y el deseo insaciable como causas del sufrimiento. El estoicismo enseña que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino los juicios desordenados que construimos sobre ellos. La tradición cristiana coloca la soberbia entre los vicios que deforman nuestra relación con los demás. Las tres miradas, desde caminos diferentes, describen el mismo peligro: cuando el yo ocupa todo el espacio, desaparecen la serenidad, la justicia y el respeto.

La final del Mundial de fútbol disputada el 19 de julio de 2026 dejó una lección que va mucho más allá del resultado. España venció 1-0 a Argentina en la prórroga y conquistó legítimamente la Copa. La selección argentina llegaba como campeona defensora, impulsada por el sueño de repetir el título de Qatar y sumar una cuarta estrella. Era una aspiración comprensible. El problema comienza cuando el deseo de ganar deja de ser una meta y se convierte en una obligación emocional que no admite otro desenlace.  

Argentina no perdió por falta de entrega. Llegó nuevamente a una final y mantuvo durante años uno de los ciclos más exitosos de su historia. Pero algunos integrantes de su delegación parecieron no comprender que el deber deportivo no termina con el último silbato. También incluye reconocer la derrota, felicitar al adversario y permitir que el triunfador celebre sin agresiones ni gestos de desprecio.

Después del partido se produjo una pelea en el terreno. Leandro Paredes fue señalado por iniciar un enfrentamiento con jugadores españoles, otros futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos intervinieron, y la FIFA abrió una investigación disciplinaria. Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, terminó ofreciendo disculpas por su participación. El seleccionador español, Luis de la Fuente, calificó lo ocurrido como intolerable e inaceptable.  

También circularon imágenes de jugadores argentinos dando la espalda mientras España levantaba la Copa. Algunos medios lo interpretaron como un boicot a la premiación; otros señalaron que los futbolistas permanecían orientados hacia sus aficionados. Esa imagen aislada puede admitir diferentes explicaciones. La pelea posterior, en cambio, constituye un hecho mucho más difícil de justificar.  

Sería injusto convertir estos episodios en una condena contra Argentina. Buena parte de la prensa de ese país reconoció que España había sido superior y merecía el campeonato. Juan Román Riquelme felicitó al vencedor y consideró justo el resultado. Hubo, por tanto, argentinos capaces de sentir el dolor de la derrota sin negar el mérito ajeno.

Precisamente allí aparece la diferencia entre identidad y ego. La identidad permite amar una camiseta sin odiar la ajena. El ego, por el contrario, interpreta el triunfo del otro como una disminución propia. Necesita buscar conspiraciones, culpables o provocaciones porque aceptar la realidad significaría reconocer que, por una noche, alguien fue mejor.

Argentina ya había ganado el respeto del mundo por su fútbol, su resistencia y su capacidad para levantarse. Ninguna derrota podía borrar los títulos obtenidos ni la grandeza de sus jugadores. Sin embargo, algunos comportamientos posteriores a la final amenazaron con dañar aquello que una Copa no puede comprar: la admiración de quienes saben distinguir entre un gran campeón y alguien que simplemente ha ganado muchas veces.

El deporte no forma únicamente vencedores. Forma seres humanos capaces de controlar la frustración, respetar reglas y estrechar la mano del rival. Ganar demuestra talento. Saber perder demuestra carácter.

España levantó la Copa. Argentina conservó una historia extraordinaria, pero algunos de sus representantes dejaron escapar la oportunidad de engrandecerla. Porque el verdadero campeón no es solamente quien sabe subir al podio. También es quien, cuando le corresponde mirar desde abajo, permanece de pie, reconoce al vencedor y lo aplaude.

El Censo 2024 registró 1.608.650 personas nacidas fuera del país, equivalentes al 8,8% de la población residente. Es decir, casi uno de cada once habitantes. Chile ya cambió, aunque parte de sus instituciones, su política y sus medios continúe hablando como si la migración fuera una visita incómoda que algún día desaparecerá.  

Se ha repetido que Chile es el país más xenófobo del hemisferio en las redes sociales. No encontré una medición comparativa seria que permita sostener ese ranking. No necesitamos exagerar.

Lo comprobable ya es brutal: un estudio de ACNUR y la Universidad Carlos III determinó que el 57,7% de las publicaciones sobre personas en movilidad originadas en Chile transmitía una percepción negativa, mientras apenas el 4% expresaba una valoración positiva.  

La calle puede ser distinta. Allí también existen vecinos solidarios, empleadores decentes, funcionarios conscientes y chilenos que entienden que nadie abandona su patria por deporte.

Pero el lenguaje antimigrante se reproduce con especial fuerza en los centros de poder, en discursos políticos, en titulares que convierten la nacionalidad en antecedente penal y en redes donde la crueldad recibe aplausos, alcance y rentabilidad.

De esa realidad nace No nos van a expulsar de la justicia. No será un tratado escrito desde la comodidad de una biblioteca. Será la memoria de madres a quienes se negaron licencias maternales después de cotizar; trabajadores despedidos porque sus documentos no avanzaron; familias casadas pero separadas; personas que aportaron durante años a las AFP y luego descubrieron que su dinero tenía más derechos que ellas.

También estarán la madre asesinada de un escopetazo, el taxista abofeteado, la persona baleada por agentes del Estado, el hombre amputado porque no pudo pagar a tiempo y los hermanos atrapados por un doble asesinato y una vida sin salida. Estarán los niños haitianos convertidos en sospechosos por su color de piel y las familias sometidas a una persecución pública antes de que los hechos fueran establecidos.

Cada historia será tratada con nombres, antecedentes, responsabilidades y documentos. No buscamos fabricar víctimas ni declarar inocencias por nacionalidad.

Libertad, igualdad y fraternidad no pueden ser palabras reservadas para discursos solemnes. La igualdad desaparece cuando el pasaporte determina cuánto vale una vida. La libertad se degrada cuando el miedo político convierte al extranjero en enemigo. La fraternidad muere cuando una sociedad acepta la humillación como política pública.

Este libro permanecerá en construcción porque cada nuevo abuso abre un capítulo y cada victoria judicial demuestra que la batalla tiene sentido. Chile aún puede construir una convivencia firme, ordenada y humana.

La tarea sigue pendiente, y nosotros seguiremos allí, defendiendo a quienes algunos quisieran expulsar incluso de la justicia o pretender deportarnos de nuestros derechos.