Author: Braulio jatar

Consideraciones jurídicas sobre detención de extranjeros en Chile La decisión de la Fiscalía de Chile de «solicitar la medida cautelar de prisión preventiva para imputados extranjeros» que no cuenten con el Registro Único Nacional (RUN) provisorio es objeto de análisis desde diversas perspectivas legales, por lo que se procederá a realizar una evaluación desde las ópticas de un abogado penalista, un abogado constitucionalista y un defensor de derechos humanos.

Por Braulio Jatar Alonso

Abogado Penalista:

Desde la perspectiva de un abogado penalista, la medida cautelar de prisión preventiva como herramienta que busca asegurar la realización y obtención del RUN provisorio y la plena identificación del imputado, es una sanción no prevista en la ley.

Según el artículo 140 del CPP, la prisión preventiva puede ser decretada cuando, taxativamente, existen motivos fundados para estimar que el imputado ha participado en la comisión de un delito y, existen razones para presumir que podría eludir la acción de la justicia. La privativa de libertad debe ser utilizada de manera excepcional y bajo estrictas condiciones establecidas específicamente en la legislación nacional. Es decir se le restringe su libertad por razones penales no migratorias.

“La migración irregular no es constitutiva de delito”

Artículo 9° ley de extranjería e inmigración (21.325)

Es importante destacar que un extranjero no puede ser retenido por la autoridad migratoria chilena ,solo por el hecho de ser de nacionalidad extranjera, aún si lo hizo por paso no habilitado o por solo poseer documentos de identificación de su país de origen que le permitieron el ingreso al territorio nacional. Esto incluye aquellos casos en que la autoridad migratoria no haya respondido a la solicitud de identificación del extranjero.

Abogado Constitucionalista

Desde la perspectiva de un abogado constitucionalista, la decisión de la Fiscalía podría resultar contraria a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Chile y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país.

El artículo 19 de la Constitución Política de Chile señala que toda persona tiene derecho a la libertad personal y seguridad individual, y que la privación de libertad debe estar basada en la existencia de una ley previa que autorice dicha medida y que establezca los procedimientos necesarios para su aplicación.

Chile ha ratificado los tratados internacionales relacionados con el tema de DDHH e inmigrantes: 1.- La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990 y ratificada por Chile en 2005. 2.- La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967 fueron ratificados por Chile en 1954 y 1992, respectivamente 3-La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) fue ratificada por Chile en 1990. 4.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado por Chile en 1972.

Estos tratados establecen las obligaciones del Estado chileno en materia de protección de los derechos humanos de los inmigrantes, y establecen estándares internacionales que deben respetarse en la aplicación de las leyes y políticas migratorias.

Defensor de Derechos Humanos

Por último, desde la perspectiva de un defensor de derechos humanos, la decisión de la Fiscalía podría resultar preocupante, dado que se trata de una medida que podría afectar los derechos de los imputados extranjeros y que podría generar discriminación y estigmatización hacia esta población.
La situación de los extranjeros está regulada por la Ley de Extranjería y Migración (Ley 21.325). La precitada normativa establece en su artículo 3°: «El Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria». En su in fine: “El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación”- Por otra parte, su artículo 9 advierte “La migración irregular no es constitutiva de delito”

Según el artículo 24 los extranjeros que ingresen a Chile deben contar con los documentos de identificación y los visados que exige la ley. El referido instrumento legal señala que tiene el carácter de documentos de viaje: “la documentación que determinen los acuerdos o convenios suscritos sobre la materia por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes, que puedan ser utilizados por el titular para viajes internacionales”. Esto quiere decir que un extranjero con los documentos expedidos por su país de origen, está plenamente identificado.

Derecho Penal Enemigo

Igualmente, defensores han advertido que la decisión de la Fiscalía conduce a lo que se denomina como “Derecho Penal del enemigo” El derecho penal del enemigo es un concepto creado por el alemán Gunter Jakobs en 19991. Según Jakobs, para efectos penales, no todos los ciudadanos deben ser considerados personas, ya que existen otros individuos que merecen la calificación de enemigos. Esta teoría sostiene que el Estado debe combatir a los enemigos del orden social y jurídico con medidas más severas que las aplicables a los ciudadanos comunes

Tribunal TEDH

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado varias decisiones en relación a la detención provisional de inmigrantes sin identificación.

Una de las decisiones más importantes en este ámbito es el caso de la Sentencia Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga contra Bélgica, emitida por el TEDH en 2008. En este caso, los demandantes son dos ciudadanos congoleños que habían sido detenidos por la policía belga debido a que no portaban documentos de identificación en el momento de su arresto En su sentencia, el TEDH estableció que la detención sólo se justificaría en casos excepcionales, y que la falta de documentos de identificación por sí sola no podía ser una justificación suficiente para la detención.

«Si detienen a un turista norteamericano por cualquier falta, ¿lo van a retener teniendo su pasaporte al día?»

Braulio Jatar Alonso

Otro caso relevante es el de la sentencia Amuur contra Francia, emitida por el TEDH en 1996. En este caso, el demandante, un ciudadano mauritano que había sido detenido por la policía francesa. La sentencia estableció que la falta de documentos de identificación no podía ser una justificación suficiente para la detención. Además, el tribunal señaló que la detención debería ser proporcionada y estar basada en pruebas concretas de que el demandante representa un peligro para la sociedad o de que existe un riesgo de fuga. En lugar de recurrir a medidas tan drásticas, se deberían buscar alternativas que permitan identificar y registrar a los imputados extranjeros de manera efectiva y respetando sus derechos humanos.

Chile tiene la obligación de garantizar el derecho a la identidad de todas las personas, incluyendo a los extranjeros que se encuentran en el país.

Tambien Leer
¿Necesita Chile una ley contra el odio?

¿Necesita Chile una ley contra el odio? Por Braulio Jatar

¿Necesita Chile una ley contra el odio? Por Braulio Jatar

La violencia verbal y los ataques por redes sociales y otros medios contra personas o grupos vulnerables, como los inmigrantes, son una preocupación importante en muchos países, incluyendo Chile. En este sentido, es común que se plantee la necesidad de adoptar medidas para prevenir y sancionar la violencia verbal y el discurso de odio en todas sus formas.

Es posible encontrar diversas posturas en relación con la necesidad o no de adoptar leyes específicas para prevenir y sancionar la violencia verbal y el discurso de odio.

Mientras algunos consideran que estas leyes son necesarias para fortalecer la protección contra la discriminación y la violencia, otros argumentan que pueden limitar la libertad de expresión y ser contraproducentes para la prevención y sanción de estas conductas.

El artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece la obligación de los Estados Parte de prohibir la propaganda a favor de la guerra y la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, pero no establece una obligación expresa de criminalización de estas conductas.

Sobre este asunto, existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que la protección contra el discurso de odio no implica necesariamente la criminalización de dicho discurso.

En la Opinión Consultiva OC-5/85, la Corte señaló que la protección contra esta conducta debe ser compatible con la libertad de expresión, y que su criminalización solo debe ser considerada como una medida extrema en casos graves y excepcionales.

En todo caso, es importante destacar que los Estados tienen la obligación de prevenir y sancionar la discriminación, y la violencia en todas sus formas, incluyendo la violencia verbal y los ataques por redes sociales. Es posible que se requieran medidas específicas, como campañas de concientización, programas de formación para la ciudadanía y medidas punitivas, para abordar este problema de manera efectiva.

Sin embargo, cualquier medida que se adopte para prevenir y sancionar la violencia verbal y el discurso de odio debe respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión.

Estatus jurídico de los partidos venezolanos en Chile.

Por: Braulio Jatar Alonso  

En una reciente comunicación dirigida a una oficina publica en Chile, aparecen cuatro organizaciones políticas que hacen vida en Venezuela.

Al pie del documento se insertan los nombres de los partidos, sin que aparezca ninguna persona natural como responsable de la entidad.

Si bien es cierto que en Chile la ley 20500 establece la posibilidad de conformar una asociación sin personalidad jurídica, lo que se conoce como sociedades irregulares o de hecho, también es irrefutable que las mismas requieren tener un representante que asuma de forma personal las obligaciones y derechos derivados de su interacción con el mundo jurídico.

El artículo 2053 del código civil chileno señala que “la sociedad se reputa constituida desde que se haya firmado el contrato y desde que se haya inscrito en el Registro de Comercio. Desde esta inscripción adquiere personalidad jurídica y se regula por las leyes de la materia.”

Las organizaciones políticas venezolanas, no son partidos en Chile, tampoco son asociaciones civiles, por lo que su existencia depende de las personas naturales que la conforman, de otra forma son inexistentes.

El artículo 7º de la Ley de Asociaciones (20.500) permite la constitución de agrupaciones sin personalidad jurídica, es decir, que no tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en su propio nombre.

A pesar de ello, el artículo señala que en procura de los fines de tales agrupaciones podrán actuar otras personas, jurídicas o naturales, quienes responderán ante terceros de las obligaciones contraídas en interés de los fines de la agrupación.

En la jurisprudencia y la doctrina chilena se ha interpretado que esta disposición significa que las personas que actúan en nombre de una agrupación sin personalidad jurídica: son responsables de las obligaciones contraídas en interés de la agrupación, por lo que deben responder por ellas ante terceros.

Esto implica que estas personas actúan como representantes o mandatarios de la agrupación, y que la responsabilidad por las obligaciones contraídas recae sobre ellos en lugar de la agrupación (de hecho o irregular) en sí misma.

En la sentencia del caso “Corporación Pueblo Mágico de Isla Negra c/ Municipalidad de El Quisco”, rol N° C-6238-2017, la Corte Suprema de Chile señala que “las agrupaciones sin personalidad jurídica pueden actuar por medio de personas, naturales o jurídicas, que las representen y contraten en su nombre, quienes serán responsables ante terceros por las obligaciones contraídas”.

En la doctrina también chilena, algunos autores han señalado que la interpretación del artículo 7º de la Ley de Asociaciones implica “que las agrupaciones sin personalidad jurídica deben actuar por medio de personas que las representen y que cuenten con el poder suficiente para contratar en su nombre”.

Dicho esto, es claro que la ley 20500 habla de sociedades, es decir entidades distintas a los partidos políticos, por lo que pretender fusionar ambas no es jurídicamente válido.

Según la legislación chilena, los partidos políticos y las sociedades son entidades diferentes y reguladas por distintas leyes. Los partidos políticos están regulados por la Ley Nº 18.603, la cual establece las normas para la organización y funcionamiento de los partidos políticos en Chile.

Por otro lado, las sociedades están reguladas por la Ley Nº 20.500, la cual establece normas sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.

La Ley Nº 18.603 establece que los partidos políticos son organizaciones con personalidad jurídica y patrimonio propio, creados con el fin de participar en la vida política del país y contribuir a la formación y expresión de la voluntad popular. Los partidos políticos tienen una serie de obligaciones y derechos, entre los que destacan la obligación de llevar registros actualizados de sus afiliados y el derecho a recibir financiamiento estatal para su funcionamiento.

Por su parte, la Ley Nº 20.500 establece las normas para la creación y funcionamiento de las sociedades civiles, fundaciones y otras formas de organización de la sociedad civil. Estas organizaciones también tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, pero su objetivo no es participar en la vida política del país, sino desarrollar actividades de interés social, cultural, educativo, deportivo, entre otros.

Braulio Jatar Alonso