Escritos Jurídicos

EN CHILE, CONDUCTORA EBRIA MATA A REPARTIDOR VENEZOLANO Y TERMINA EN SU CASA CON ARRESTO DOMICILIARIO

Josmar José Barboza Rincones tenía 41 años, era venezolano y trabajaba como repartidor de PedidosYa en Chile. La noche del 10 de octubre, cerca de las 23:50 horas, transitaba en su motocicleta por el puente Lo Gallardo, entre San Antonio y Santo Domingo, cuando una camioneta lo impactó por detrás. Murió en el lugar. La conductora registró 1,56 gramos de alcohol por litro de sangre.

Braulio Jatar Alonso | Artículo de opinión

Josmar José Barboza Rincones tenía 41 años, era venezolano y trabajaba como repartidor de PedidosYa en Chile. La noche del 10 de octubre, cerca de las 23:50 horas, transitaba en su motocicleta por el puente Lo Gallardo, entre San Antonio y Santo Domingo, cuando una camioneta lo impactó por detrás. Murió en el lugar. La conductora registró 1,56 gramos de alcohol por litro de sangre.

La Fiscalía solicitó prisión preventiva. El tribunal decidió arresto domiciliario total, considerando que la imputada no tenía antecedentes penales y debía cuidar a sus hijos menores. Es importante aclarar que no fue absuelta ni condenada: enfrenta un proceso penal. Pero también debemos preguntarnos por qué la situación familiar de quien causa una muerte puede pesar tanto al decidir su cautelar, mientras una familia perdió definitivamente a uno de sus integrantes.

Chile cuenta desde 2014 con la Ley Emilia, que endureció las sanciones contra quienes conducen ebrios. El artículo 196 de la Ley de Tránsito contempla penas de tres años y un día hasta diez años cuando se causa la muerte, inhabilitación perpetua para conducir y, en determinados supuestos de penas sustitutivas, al menos un año de privación efectiva de libertad.

¿Es suficiente? Considero que debemos avanzar hacia una nueva legislación.

En Estados Unidos encontramos antecedentes importantes. Texas tipifica específicamente el Intoxication Manslaughter, homicidio causado por intoxicación al conducir, castigado ordinariamente como delito grave de segundo grado, con penas de dos a veinte años. Nueva York también contempla figuras específicas de homicidio vehicular agravado.

Propongo una Ley Josmar que establezca el homicidio vial por conducción en estado de ebriedad como delito autónomo, diferenciado expresamente de los restantes delitos de tránsito y con un régimen de penas proporcional a la gravedad de la conducta.

Mi propuesta contempla penas de cinco años y un día a diez años de presidio para el tipo básico y de diez años y un día a quince años cuando concurran agravantes como alcoholemia igual o superior a 1,5 gramos por litro, reincidencia, conducción con licencia cancelada o abandono de la víctima. También propongo revisar las reglas sobre penas sustitutivas y medidas cautelares, respetando la presunción de inocencia y la necesaria evaluación judicial de cada caso.

Debemos, además, incorporar mecanismos de prevención, fiscalización permanente y dispositivos que impidan arrancar vehículos cuando el conductor presente alcohol en su organismo.

No desconozco la importancia de la Ley Emilia. Precisamente porque constituyó un avance, corresponde examinar sus resultados y corregir sus insuficiencias. Tampoco sostengo que toda muerte ocasionada por un conductor ebrio sea jurídicamente un homicidio intencional. La responsabilidad penal exige acreditar los elementos del delito, incluida la relación causal entre la conducción y el fallecimiento.

Josmar estaba trabajando, procurando ganarse la vida honestamente en un país distinto al que lo vio nacer.

Su muerte merece justicia y una reparación integral para sus familiares. Pero también puede impulsar una reforma que proteja a todos, chilenos y extranjeros.

La Ley Josmar debe llevar su nombre para que cada conductor comprenda las consecuencias de una decisión que puede terminar con la vida de otra persona.

Cinco años después: por qué el ingreso por un paso no habilitado no puede perseguir a un migrante para siempre (EEUU /Chile)

Miles de personas viven hoy en Chile después de haber entrado por un paso no habilitado. Muchas llegaron hace más de cinco años, en la ola migratoria venezolana. Trabajan, arriendan, cotizan y tienen hijos en colegios chilenos. Y cada cierto tiempo reciben una carta del Servicio Nacional de Migraciones que les ordena salir del país.

Cinco años después: por qué el ingreso por un paso no habilitado no puede perseguir a un migrante para siempre (EEUU /Chile)

Por Braulio Jatar Alonso

Miles de personas viven hoy en Chile después de haber entrado por un paso no habilitado. Muchas llegaron hace más de cinco años, en la ola migratoria venezolana. Trabajan, arriendan, cotizan y tienen hijos en colegios chilenos. Y cada cierto tiempo reciben una carta del Servicio Nacional de Migraciones que les ordena salir del país.

La pregunta jurídica es simple: ¿puede el Estado sancionar indefinidamente un hecho ocurrido hace años? Como abogado internacional, mi respuesta es que no. Y no es una opinión sentimental. Es lo que dice nuestra ley, y es también lo que ha resuelto un país que castiga la entrada irregular con mucha más dureza que Chile.

Lo que dice la ley chilena

Desde febrero de 2022, entrar a Chile por un paso no habilitado no es un delito. La Ley 21.325 lo trata como una infracción administrativa, que puede terminar en expulsión.

Pero esa misma ley le puso un límite de tiempo. Su artículo 32 N° 3 prohíbe el ingreso a quienes hayan entrado por un paso no habilitado «en los cinco años anteriores». Y el artículo 127 N° 1 solo permite expulsar por esa causa cuando la prohibición se configura.

La consecuencia es lógica. Si pasaron más de cinco años desde el ingreso, la causal ya no existe. Sin causal, no hay base legal para expulsar ni para rechazar una residencia por ese motivo. Así lo entendió la Corte de Apelaciones de Santiago en un fallo de 2025, que impidió al Servicio declarar inadmisible una solicitud de residencia por un ingreso clandestino de más de cinco años.

Hay un argumento adicional. La propia Corte Suprema ha calificado la expulsión por ingreso clandestino como ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado. Y en nuestro derecho, las sanciones no son eternas: prescriben.

La lección de Estados Unidos

En Estados Unidos, entrar por un lugar no autorizado sí es un delito federal. Es una falta penal menor, con hasta seis meses de cárcel. Y aun así, los tribunales de ese país han fijado un principio que vale la pena traer a Chile: la entrada irregular se consuma en el momento de cruzar, no después.

El caso más claro es Rincon-Jiménez, de 1979. Un mexicano había cruzado de noche por la playa entre Tijuana y San Ysidro casi nueve años antes de ser acusado. El juez de primera instancia dijo que el delito seguía cometiéndose mientras él permaneciera en el país. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito lo corrigió: el plazo de prescripción de cinco años corre desde la entrada, y estaba vencido. No podía ser juzgado.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado dos razones de fondo. Primero, que la palabra «entrada» se refiere a un lugar y a un momento, y no sugiere continuidad. Segundo, que los delitos que «se siguen cometiendo» deben ser una excepción, porque la prescripción protege a las personas de responder por hechos de un pasado lejano.

El contraste lo confirma. Cuando el Congreso estadounidense quiso castigar la permanencia, lo dijo con todas sus letras. El delito de reingreso tras una deportación sanciona al extranjero que es «encontrado» en el país, y ese sí se considera continuado. El legislador chileno, en cambio, usó el verbo «ingresar» y le fijó un plazo de cinco años.

El razonamiento es sencillo. Si un país que trata la entrada irregular como delito reconoce que el reloj corre desde el cruce, con mayor razón debe reconocerlo Chile, que la trata como infracción administrativa y que escribió el plazo en la ley.

Lo que dirán quienes piensan distinto

Un buen argumento jurídico se mide también por sus objeciones. Estas son las principales, y mi respuesta a cada una.

«Eso premia la clandestinidad.» El plazo no lo inventó un juez ni un abogado: lo escribió el Congreso en 2021. Si el legislador hubiera querido una sanción sin límite de tiempo, no habría escrito «en los cinco años anteriores». Respetar la ley no es premiar a nadie.

«La Corte Suprema ha confirmado expulsiones por paso no habilitado.» Es cierto. Pero en los casos conocidos el ingreso estaba dentro de los cinco años, o la fecha no se discutió. Ninguno ha rechazado la tesis de los cinco años.

«En Estados Unidos igual deportan.» También es cierto. Allá la prescripción impide el juicio penal, pero no la deportación civil, que no tiene plazo. Y desde 2025 el Departamento de Justicia sostiene que «eludir la inspección» sí es un delito continuado, aunque esa es una opinión del gobierno, no una sentencia. Precisamente por eso el ejemplo favorece a Chile: nuestro legislador, a diferencia del estadounidense, sí le puso un plazo expreso a la causal administrativa.

«Se viene el nuevo delito de ingreso clandestino.» El Senado aprobó en general ese proyecto en mayo de 2026, y su discusión continúa. Pero aunque se apruebe, la Constitución impide aplicarlo a ingresos ocurridos antes de su vigencia. Ninguna ley penal puede castigar hacia atrás.

Si usted está en esta situación

El argumento existe, pero se gana o se pierde con pruebas. Cuatro consejos:

1. Pruebe su fecha de ingreso. Es el punto decisivo. Reúna todo lo que demuestre desde cuándo vive en Chile: contratos de trabajo, cotizaciones, arriendos, matrículas escolares de sus hijos, atenciones de salud, transferencias bancarias. Un informe policial o una autodenuncia con una fecha equivocada puede costarle el caso.

2. No deje pasar los plazos. Si le notifican una expulsión, tiene solo 10 días corridos para reclamar ante la Corte de Apelaciones. Esa reclamación suspende la expulsión.

3. No salga ni vuelva a entrar de forma irregular. Un nuevo ingreso por paso no habilitado reinicia el plazo de cinco años.

4. Acredite su arraigo. Aunque el argumento de los cinco años no prospere, la ley obliga al Servicio a considerar su familia, sus hijos, su trabajo y sus aportes antes de expulsarlo. La Corte Suprema ha anulado expulsiones por no hacerlo.

El tiempo también es derecho

La prescripción no es un regalo para el infractor. Es una garantía para todos: impide que el Estado mantenga a una persona bajo amenaza indefinida por un hecho que ya quedó atrás. Nuestro derecho la reconoce como regla general. No hay razón para negarla a quien cruzó una frontera hace más de cinco años y desde entonces construyó aquí su vida.

La ley chilena ya lo dice. Estados Unidos, con un sistema mucho más duro, reconoce que la entrada se consuma al cruzar y que desde ese día corre el plazo. Lo que falta es que la autoridad migratoria la aplique y que la Corte Suprema la consolide.

No basta con defenderte, tengo que fortalecerte.


Braulio Jatar Alonso es abogado, editor, escritor y profesor. Presidente de ILC Consultores (Chile / Venezuela) y fundador del Colegio Pablo Romero Millán.

ICE: una cronología de muertos y heridos que exige respuestas

Wilber Rafael Garcés Pérez tiene 28 años, es venezolano y trabajaba haciendo entregas de comida en Austin, Texas. El 20 de septiembre un agente de ICE le disparó por la espalda durante un operativo vehicular. La bala permaneció alojada cerca de su columna durante once días. El 1 de octubre tuvieron finalmente que operarlo para retirársela.

ICE: una cronología de muertos y heridos que exige respuestas

Por Braulio Jatar Alonso (NotiAmerica)

Wilber Rafael Garcés Pérez tiene 28 años, es venezolano y trabajaba haciendo entregas de comida en Austin, Texas. El 20 de septiembre un agente de ICE le disparó por la espalda durante un operativo vehicular. La bala permaneció alojada cerca de su columna durante once días. El 1 de octubre tuvieron finalmente que operarlo para retirársela.

ICE sostiene que Garcés intentó huir y que utilizó su vehículo contra los agentes. Él afirma que intentaba detenerse y que un vehículo federal chocó el suyo antes del disparo. El agente que disparó no llevaba una cámara corporal activa. Garcés apareció después ante un juez en silla de ruedas y con un brazo inmovilizado. Sigue detenido y enfrenta cargos federales.

El 7 de enero, en Minneapolis, la ciudadana estadounidense Renée Good, de 37 años y madre de tres hijos, murió después de que un agente de ICE disparara tres veces contra su vehículo. El Gobierno sostuvo inicialmente que había intentado atropellar al funcionario. Un análisis de videos realizado por Reuters mostró que el primer disparo ocurrió cuando el automóvil comenzaba a pasar junto al agente.

Una semana después, el venezolano Julio César Sosa-Celis recibió un disparo de un agente de ICE en Minneapolis. DHS informó inicialmente que el funcionario había disparado para defenderse de un ataque. Posteriormente, documentos del FBI indicaron que los hombres involucrados habían soltado una escoba y una pala y se alejaban cuando el agente disparó. Meses después, un agente de ICE fue acusado de realizar declaraciones falsas sobre aquel episodio.

El 24 de enero murió Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos y ciudadano estadounidense. En este caso los disparos provinieron de agentes de Border Patrol y CBP, no de ICE. DHS presentó inicialmente a Pretti como una amenaza armada. Videos revisados por Reuters mostraron que tenía un teléfono en la mano cuando comenzó el forcejeo y que un agente había retirado su arma antes de los primeros disparos.

El 7 de julio, un agente de ICE mató en Houston al mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años. ICE afirmó que intentó atropellar a un agente. Tres pasajeros que viajaban con él declararon posteriormente que Salgado se había detenido y que ningún funcionario estaba frente al vehículo cuando comenzaron los disparos.

Seis días después, el 13 de julio, un agente de ICE mató en Biddeford, Maine, al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero. Tenía permiso de trabajo y, según autoridades y familiares, ni siquiera era la persona que los agentes estaban buscando.

Después de esas dos muertes ICE suspendió temporalmente los controles vehiculares. Al día siguiente Trump ordenó reanudarlos.

Ahora ICE acaba de prohibir las persecuciones a alta velocidad y exige mayores controles, cámaras corporales y vehículos debidamente identificados para determinados operativos. La decisión llega después de muertos, heridos y versiones oficiales que en varios casos terminaron confrontadas por videos, testigos o documentos judiciales.

Aplicar la ley migratoria es una facultad del Estado. Disparar contra personas durante operativos migratorios obliga a algo igualmente elemental: investigar cada caso, conocer quién disparó, disponer de cámaras, entregar las imágenes y determinar responsabilidades.

Wilber Garcés sobrevivió. Durante once días llevó en su espalda la bala disparada por un agente del Estado. Su caso no comenzó esta historia. Es simplemente el último capítulo conocido.

¿Quién es Trump para decidir cuándo votan los venezolanos?

Donald Trump acaba de decir que todavía es “demasiado pronto” para celebrar elecciones en Venezuela.

¿Quién es Trump para decidir cuándo votan los venezolanos?

Por Braulio Jatar Alonso  (El Tiempo Latino Washington)

Donald Trump acaba de decir que todavía es “demasiado pronto” para celebrar elecciones en Venezuela. En los últimos meses ha vinculado repetidamente el futuro venezolano con la llegada de las grandes compañías petroleras estadounidenses y con la recuperación de la producción de crudo.

Las exportaciones venezolanas de petróleo cayeron casi 9% en septiembre, hasta unos 1,08 millones de barriles diarios. Sin embargo, mientras Venezuela vendió menos petróleo al mundo, las exportaciones hacia Estados Unidos aumentaron de 553.000 a 629.000 barriles diarios. Chevron, por su parte, mantuvo unos 283.000 barriles diarios desde sus empresas mixtas.

Estados Unidos tuvo un papel decisivo en la salida de Maduro y sería absurdo desconocerlo. También sería ingenuo desconocer que Washington tiene intereses estratégicos legítimos en Venezuela, como los tienen China, Rusia, Europa y cualquier potencia que observa las mayores reservas petroleras del planeta.  

María Corina Machado ha sostenido precisamente que solo un gobierno democrático puede ofrecer seguridad duradera a quienes quieran invertir en el petróleo venezolano. También ha cuestionado la transparencia de los acuerdos petroleros y continúa reclamando elecciones.  .

Trump pide tiempo para las elecciones venezolanas justamente cuando él se prepara para enfrentar el juicio electoral de los estadounidenses en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Su aprobación cayó a 32% en la encuesta Reuters/Ipsos de septiembre y los demócratas aparecían con ocho puntos de ventaja sobre los republicanos en intención nacional de voto para el Congreso.  

La mayoría republicana actual es además muy estrecha. Al 1 de octubre había 218 republicanos, 214 demócratas, un independiente y dos vacantes en la Cámara de Representantes. En el Senado la relación era 53 republicanos frente a 45 demócratas y dos independientes junto con ellos.

¿Qué ocurriría si los republicanos pierden la Cámara? No significa que Trump será destituido. Significa que una nueva mayoría tendría capacidad para investigar a su gobierno, emitir citaciones y, si existieran fundamentos suficientes, iniciar un nuevo impeachment.

La Cámara puede acusar por mayoría simple, pero una destitución requeriría después el voto de dos tercios del Senado, algo mucho más difícil con la actual composición política.

Dentro de pocas semanas, Trump tendrá que aceptar lo que decidan los ciudadanos estadounidenses sobre el Congreso que deberá gobernar con él. Esa misma regla elemental debe valer para Venezuela.

Los venezolanos podemos necesitar aliados. Podemos requerir inversiones, mercados, seguridad y apoyo internacional. Lo que no necesitamos es cambiar un poder que decidió durante años cuándo podíamos votar por otro poder extranjero que ahora pretenda decidir exactamente lo mismo.

María Corina Machado y todos los dirigentes venezolanos tienen delante una responsabilidad histórica: poner los intereses nacionales por encima de cualquier gobierno extranjero, sea amigo, aliado o adversario.

Washington puede negociar petróleo con Venezuela y puede defender sus propios intereses y los venezolanos debemos defender los nuestros. Entre esos intereses está uno que no debería estar sujeto a negociación: decidir mediante el voto quién gobierna Venezuela.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes no son coyotes: el riesgo del artículo 112 de la Ley 21.325

El problema se vuelve más delicado porque la propia Ley 21.325 dice que la migración irregular no constituye delito. Además, obliga al Estado a informar de manera íntegra y oportuna sobre derechos, requisitos y procedimientos. Cuesta entender, entonces, cómo podría sostenerse seriamente que orientar a una persona sobre refugio, regularización o recursos administrativos equivalga a promover un ingreso ilegal. Son cosas distintas y mezclarlas solo favorece la arbitrariedad.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes no son coyotes: el riesgo del artículo 112 de la Ley 21.325

El artículo 112 de la Ley 21.325 merece atención seria porque está redactado de una manera que permite demasiado margen. Sanciona a quienes “faciliten o promuevan” el ingreso o egreso ilegal de extranjeros y, tratándose de particulares, ni siquiera exige ánimo de lucro. Ahí aparece el problema de fondo: la norma no dibuja con nitidez la frontera entre el tráfico de migrantes y la labor de acompañamiento, orientación o defensa.

En el tráfico ilícito de migrantes, la imagen que todos tenemos es la del negocio montado sobre la desesperación ajena. Hay cobro, traslado clandestino, aprovechamiento económico y redes que operan en la sombra. El artículo 112, en cambio, quedó escrito con verbos tan amplios que una interpretación abusiva podría intentar alcanzar conductas muy distintas, incluso cuando no existe lucro ni organización criminal.

Ese riesgo no es inventado. La discusión académica ya ha advertido que una redacción así puede terminar rozando actividades humanitarias o de apoyo. Y en la práctica, el Servicio Jesuita a Migrantes ha sentido la necesidad de aclarar públicamente que asesora en regularización y defensa de derechos, pero que no facilita ni promueve ingresos o egresos ilegales. Cuando una institución de esa trayectoria se protege con esa advertencia, es porque sabe que la confusión puede ser usada en su contra.

El problema se vuelve más delicado porque la propia Ley 21.325 dice que la migración irregular no constituye delito. Además, obliga al Estado a informar de manera íntegra y oportuna sobre derechos, requisitos y procedimientos. Cuesta entender, entonces, cómo podría sostenerse seriamente que orientar a una persona sobre refugio, regularización o recursos administrativos equivalga a promover un ingreso ilegal. Son cosas distintas y mezclarlas solo favorece la arbitrariedad.

La Corte Suprema dio una señal importante en 2023 cuando corrigió la interpretación que impedía tramitar adecuadamente solicitudes de refugio de personas que habían ingresado irregularmente. Ese fallo recordó algo básico: el ingreso irregular no borra la condición humana ni elimina el acceso a procedimientos de protección. Quien exige que el Estado reciba una solicitud y la tramite conforme a derecho no está haciendo de coyote. Está haciendo valer garantías mínimas.

El ambiente político, sin embargo, empuja hacia lecturas cada vez más duras. En la discusión legislativa reciente aparecieron propuestas para ampliar el alcance de la sanción y acercarla también al transporte o apoyo posterior al ingreso. Amnistía Internacional advirtió que ese tipo de enfoque podía terminar golpeando formas de asistencia humanitaria o de ayuda a personas en situación de vulnerabilidad. Ese es el punto en que una democracia empieza a castigar menos al abuso real y más a quienes intentan contener sus efectos.

Por eso conviene dejarlo dicho sin confusiones. Un coyote lucra con el desamparo. Un defensor de derechos intenta que la ley no se convierta en un arma contra el más débil. Equiparar ambas figuras sería un error jurídico, pero también una señal muy preocupante para cualquiera que hoy acompaña, orienta o defiende inmigrantes en Chile. Porque cuando la solidaridad empieza a mirarse como sospecha, lo que se deteriora no es solo la política migratoria. Se deteriora el Estado de Derecho.

Los inmigrantes desaparecidos en la frontera de Chile

El estudio, construido a partir de revisión de prensa digital, registros públicos, antecedentes de la plataforma Missing Migrants Project de la Organización Internacional para las Migraciones y solicitudes de acceso a la información a organismos estatales, identifica al menos 42 personas migrantes fallecidas en la frontera chilena o en sus cercanías entre 2016 y el 20 de noviembre de 2022, en hechos vinculados al ingreso por paso no habilitado.

Los inmigrantes desaparecidos en la frontera de Chile
Por Braulio Jatar Alonso

En Chile se habla mucho de ingreso irregular, de reconducción, de control fronterizo y de seguridad. Mucho menos se habla, con la seriedad debida, de las personas que han muerto en esa ruta y de la precariedad con que el propio Estado registra esos fallecimientos. Allí está uno de los principales aportes del informe exploratorio elaborado por INFOMIGRA sobre muertes migrantes en la frontera chilena entre 1990 y 2022: llevar el debate desde la consigna hacia los datos.

El estudio, construido a partir de revisión de prensa digital, registros públicos, antecedentes de la plataforma Missing Migrants Project de la Organización Internacional para las Migraciones y solicitudes de acceso a la información a organismos estatales, identifica al menos 42 personas migrantes fallecidas en la frontera chilena o en sus cercanías entre 2016 y el 20 de noviembre de 2022, en hechos vinculados al ingreso por paso no habilitado.

Los datos muestran que la nacionalidad con mayor presencia entre los fallecidos es la venezolana, seguida por la boliviana, la peruana y la dominicana. También aparece un elemento que corrige varios lugares comunes del debate público: las mujeres representan una proporción levemente superior a la de los hombres. No se trata, por tanto, de un fenómeno exclusivamente masculino. Entre los fallecidos hay también niños, lactantes, personas mayores y varios casos sin identificación completa.

La edad promedio de las víctimas se ubica en 47 años, aunque el rango es amplio: desde bebés hasta una persona de 83 años. Esa amplitud confirma que estas rutas no son recorridas por un solo perfil de migrante, sino por grupos humanos muy diversos, todos expuestos a condiciones extremas.

El mapa territorial del informe también es claro. Los casos se concentran por completo en el norte del país, entre Visviri y las cercanías de Antofagasta, con tres puntos especialmente críticos: Colchane, Arica y San Pedro de Atacama. Colchane destaca de manera dramática, concentrando casi el 60 por ciento de los decesos identificados. No es un detalle menor. Indica que la crisis está asociada a rutas y trayectos que el Estado conoce desde hace años.

En el tiempo, los casos se disparan sobre todo en 2021 y 2022. Solo en 2021 se registran 26 fallecimientos y en 2022 otros 12. Los meses con mayor incidencia son octubre, marzo y junio. Esa concentración coincide con el aumento de los flujos regionales posteriores a la pandemia y con el endurecimiento de obstáculos administrativos y fronterizos.

Otro hallazgo clave es la causa de muerte predominante. La principal categoría corresponde a condiciones ambientales adversas, falta de agua, comida y abrigo. En segundo lugar aparecen enfermedad y falta de acceso a atención de salud. Esto desplaza el foco de una lectura exclusivamente policial del problema. La frontera está produciendo muertes por exposición, altura, deshidratación, agotamiento y ausencia de auxilio oportuno.

Pero lo más delicado del informe aparece al comparar estos antecedentes con los registros oficiales. INFOMIGRA hizo cerca de una treintena de solicitudes de acceso a la información a 14 instituciones del Estado. Solo cinco entregaron datos, y aun así las cifras no coinciden entre PDI, Carabineros, Ministerio de Salud y Servicio Médico Legal. Hay respuestas parciales, datos contradictorios y vacíos que impiden construir una contabilidad pública seria.

Ese punto es central. Si el Estado no cuenta con un registro unificado y confiable sobre las muertes migrantes en frontera, tampoco puede diseñar políticas preventivas eficaces ni ofrecer certeza a las familias. En tiempos en que la discusión migratoria suele degradarse en eslóganes, este informe recuerda algo básico: ningún país serio debería resignarse a no saber con claridad quiénes mueren en sus bordes.

La trampa legal que Chile le tendió a cientos de miles de venezolanos: cotizas, trabajas y pierdes tu salario

Hay verdades incomodas que el sistema prefiere que nadie diga en voz alta. Esta es una: cientos de miles de venezolanos que trabajan en Chile de forma irregular, sin título técnico ni universitario, cotizan mes a mes en la AFP tal como lo exige la ley.

La trampa legal que Chile le tendió a cientos de miles de venezolanos: cotizas, trabajas y pierdes tu salario Por: Braulio Jatar Alonso

Hay verdades incomodas que el sistema prefiere que nadie diga en voz alta. Esta es una: cientos de miles de venezolanos que trabajan en Chile de forma irregular, sin título técnico ni universitario, cotizan mes a mes en la AFP tal como lo exige la ley. Pero cuando deciden regresar a su país, descubren que ese dinero no tiene ninguna vía legal real de devolución. El Estado chileno lo recibe, lo retuvo y la ley cerro todas las puertas de salida.

Eso tiene nombre jurídico: enriquecimiento sin causa. Y cuando ocurre a escala masiva sobre la población más vulnerable, adquiere otro nombre: discriminación estructural.

El problema es concreto. La Ley 18.156 establece la figura del afiliado no residente, que permite retirar los fondos AFP al salir definitivamente del país. Pero esa figura tiene un candado: esta diseñada exclusivamente para trabajadores extranjeros con título técnico o profesional. El albañil venezolano, la trabajadora de casa, el operario, el repartidor, todos quedan fuera. Cotizaron igual. Sus derechos, en cambio, no son iguales.

Los obstáculos se acumulan sin escapatoria posible. La Ley 18.156 no aplica sin titulo. No existe convenio bilateral operativo entre Chile y Venezuela, a diferencia de lo que ocurre con Colombia, Peru o Argentina. La apostilla venezolana es materialmente imposible de obtener bajo el régimen actual, como hemos documentado y litigado (Rol 4.383-2026, Corte Suprema). Y si el trabajador retorna definitivamente, la pensión en Chile tampoco aplica. Cuatro muros. Ninguna ventana.

Lo que el sistema ignora es que Chile ratifico tratados internacionales que lo obligan a actuar de otra manera. El Convenio OIT N°143 establece expresamente que el trabajador migrante irregular no pierde sus derechos previsionales adquiridos. El Convenio OIT N°97 exige trato no menos favorable que el dado a los nacionales en materia de seguridad social. El PIDESC prohíbe la discriminación por origen nacional en el ejercicio del derecho a la seguridad social. Todos estos instrumentos tienen aplicación directa en Chile por mandato del artículo 5 inciso 2 de la Constitución. Chile los firmo. Chile está obligado a cumplirlos. No lo esta haciendo.

Hay acciones legales disponibles. La inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional es la mas potente: ataca directamente la Ley 18.156 por producir efectos discriminatorios en el caso concreto. El recurso de protección y la demanda laboral con aplicación directa del Convenio OIT 143 son vías complementarias. Una vez agotadas las instancias internas, la CIDH y el Comité DESC de Naciones Unidas son los pasos siguientes. Chile acepto ambas competencias.

Este no es un caso perdido. Es un caso no litigado sistemáticamente. Y esa diferencia es todo.

El migrante venezolano irregular sin título cumplió con Chile. Trabajo, cotizo y no pidio más que lo justo. El dinero que el sistema tomo tiene dueño. Y ese dueño tiene derechos. Con o sin título.

Braulio Jatar Alonso

Abogado — ILC International Legal Consultants

TPS de venezolanos en EEUU tiene tres lenguas

Esta observación cobra nueva dimensión cuando Estados Unidos despliega simultáneamente la mayor demostración de fuerza naval en décadas mientras extiende protección temporal a los venezolanos que huyen del mismo régimen que amenaza militarmente.

TPS de venezolanos en EEUU tiene tres lenguas

Por Braulio Jatar

Mientras el 5 de septiembre el juez federal Edward Chen restituía el TPS para venezolanos hasta octubre de 2026, ocho buques de guerra estadounidenses con 1,200 misiles navegaban por el Caribe en una operación militar sin precedentes contra el régimen de Maduro “Si Venezuela fuera agredida pasaríamos inmediatamente al período de lucha armada”, dice Maduro.

Esta paradoja ilustra perfectamente por qué el debate migratorio venezolano “tiene tres lenguas” que no se entienden entre sí, creando una contradicción que expone la incoherencia de las políticas estadounidenses.

La contradicción en tiempo real

“Si el mensaje es ‘les vamos a devolver la democracia’, no tengo porqué extender el TPS; o el otro es ‘como no tenemos plan para rescatarles la democracia, los voy a dejar aquí con TPS'”. Esta observación cobra nueva dimensión cuando Estados Unidos despliega simultáneamente la mayor demostración de fuerza naval en décadas mientras extiende protección temporal a los venezolanos que huyen del mismo régimen que amenaza militarmente.

Washington habla de “máxima presión” militar para derrocar a Maduro mientras el sistema judicial estadounidense garantiza que los venezolanos permanezcan indefinidamente en territorio americano. ¿Cuál es el mensaje real? ¿Derrocar el régimen o acomodar permanentemente a sus víctimas?

Las tres lenguas en conflicto abierto

La lengua política promete democratización con recompensas de 50 millones de dólares por la captura de Maduro Estados Unidos desplegó fuerzas militares en el mar Caribe para combatir cárteles de la droga latinoamericanos y retórica sobre restablecer la democracia. Pero después de años de promesas incumplidas, esta narrativa aporrea la credibilidad cuando se enfrenta a la realidad operativa.

La lengua militar habla ahora con claridad inédita. El despliegue incluye destructores clase Arleigh Burke con misiles Tomahawk, submarinos nucleares, y 10 cazas F-35 que se sumaron tras incidentes con aeronaves venezolanas Bajo el Título 50 del Código estadounidense.

 Trump tiene autoridad para ejecutar operaciones militares sin informar previamente al Congreso Despliegue de EEUU en el mar Caribe prepara el terreno para acciones contra el régimen de Maduro. Esta es presión militar real, no retórica.

La lengua judicial, mientras tanto, opera en una realidad paralela. El fallo del juez Chen otorga certeza legal a más de 600,000 venezolanos, ignorando completamente que existe una operación militar activa contra el país de origen de estos mismos beneficiarios.

La incoherencia como política

Esta contradicción no es accidental, es sistémica. Mientras buques estadounidenses interceptan narcotraficantes venezolanos en aguas internacionales el TPS garantiza que los ciudadanos del mismo país permanezcan protegidos en territorio americano. La lógica es insostenible: no se puede simultáneamente preparar una intervención militar para “liberar” Venezuela y mantener un TPS eterno para sus nacionales.

La realidad es que ninguna de las tres lenguas resuelve el problema venezolano. La política promete sin entregar, lo militar amenaza sin actuar decisivamente, y lo judicial protege indefinidamente sin considerar las implicaciones geopolíticas de esa protección permanente.

La pregunta incómoda

Si Estados Unidos tiene capacidad para “terminar con Maduro en un corto tiempo” Despliegue de EEUU en el mar Caribe prepara el terreno para acciones contra el régimen de Maduro según admiten sus propios expertos militares, ¿por qué necesita un TPS eterno? Y si realmente no tiene intención de actuar militarmente, ¿por qué mantiene la retórica de liberación democrática?

Las tres lenguas institucionales no solo hablan idiomas diferentes, sino que se contradicen abiertamente, o chicha o limonada diría una abuela de nuestra Venezuela.

Del Decreto 381 a la Constitución de 2019: la dictadura cubana se escribe en piedra, pero la justifica la candidata de la izquierda chilena

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Del Decreto 381 a la Constitución de 2019: la dictadura cubana se escribe en piedra, pero la justifica la candidata de la izquierda chilena

Por Braulio Jatar Alonso
Abogado, comunicador, expreso político y defensor de derechos humanos

La Constitución cubana de 2019 no es un simple texto jurídico que organiza el poder político. Es, en su esencia, el producto más perfeccionado de una arquitectura legal diseñada desde 1959 para blindar un proyecto de dominación política absoluta.

Su origen se encuentra en el Decreto 381 del gobierno revolucionario de Fidel Castro, un acto fundacional que desmontó la institucionalidad republicana y subordinó el sistema de justicia al poder ejecutivo.

Este instrumento legal, promulgado en 1959 apenas meses después del triunfo de la Revolución, desmanteló el Tribunal Supremo de la República y lo sustituyó por un Tribunal Supremo Revolucionario, cuyos miembros fueron designados directamente por el Ejecutivo

Este decreto, junto a la Ley Fundamental de 1959 que reemplazó la Constitución democrática de 1940, marcó el inicio de una reconfiguración autoritaria del Estado.

La Constitución vigente, aprobada en 2019, no oculta su naturaleza. En su preámbulo, proclama que el orden constitucional cubano se guía por el pensamiento marxistaleninista, el legado de Fidel Castro y la “unidad nacional” bajo el liderazgo indiscutido del Partido Comunista de Cuba (PCC).

El texto afirma estar “identificado con los postulados del concepto de Revolución, expresado por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”. Desde la primera línea, la Constitución establece un marco de obediencia ideológica incompatible con los principios democráticos universales.

“El sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución.” (Artículo 4)

Aquí no se protege un sistema político entre otros posibles, sino que se consagra como eterno e inmodificable. Esta cláusula petrifica el modelo ideológico e impide constitucionalmente cualquier transición democrática. Más aún, legitima la violencia en nombre de la defensa del régimen.

“El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado.” (Artículo 5)

Esta norma convierte al PCC no solo en partido único de facto, sino en órgano supremo del Estado por mandato constitucional. El pluralismo político no solo está ausente: está proscrito.

“El Estado reconoce la libertad de pensamiento… La libertad de prensa se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. Los medios fundamentales… son de propiedad socialista…” (Artículos 54 y 55)

Aunque se reconocen formalmente las libertades de pensamiento y expresión, su ejercicio está condicionado al respeto a los fines del socialismo. En la práctica, se trata de libertades vigiladas, delimitadas por la ideología oficial. No hay prensa independiente, ni propiedad privada de medios, ni protección para la disidencia.

A comienzos de 2025, la candidata presidencial de la izquierda chilena y ganadora de las primarias del sector, Jeannette Jara —militante del Partido Comunista desde los 14 años— declaró que “Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro… hay un partido único, pero no es el único sistema así, y cada pueblo tiene que definir su gobierno”.

Aunque reconoció que Venezuela es un “régimen autoritario”, eximió expresamente a Cuba de esa calificación, atribuyendo su crisis interna exclusivamente a los efectos del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

Aceptar ese modelo como una variante válida del sistema democrático es no solo conceptualmente erróneo, sino moralmente peligroso. La democracia no es un decorado institucional ni un slogan cultural: requiere pluralismo político, derechos garantizados y alternancia en el poder.

Corte Suprema Revoca Sanción A Migrante Venezolano “Penalizado” Por Usar Pasaporte Prorrogado

La reciente decisión de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile, que dejó sin efecto la revocación de la residencia definitiva de un ciudadano venezolano por el solo hecho de haber utilizado un pasaporte prorrogado

Por Braulio Jatar Alonso, director Socio de TC Abogados

La reciente decisión de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile, que dejó sin efecto la revocación de la residencia definitiva de un ciudadano venezolano por el solo hecho de haber utilizado un pasaporte prorrogado, representa no solo una victoria legal, sino también un acto de justicia que llega tras años de incertidumbre y vulnerabilidad.

Nuestro representado vivió en carne propia las consecuencias de una política administrativa rígida, que lo sancionó por una condición que no dependía de él. Su caso encarna la doble indolencia que enfrentan los migrantes forzados: la del régimen autoritario que los expulsa y la de los sistemas migratorios que, lejos de ofrecer acogida, desconfían por defecto de sus documentos y trayectorias.

Gracias al trabajo técnico y humano del abogado chileno Ernesto Manríquez —a quien reconozco y felicito por su profesionalismo ejemplar— logramos demostrar ante los tribunales que la prórroga del pasaporte venezolano es un acto legítimo del Estado venezolano, que no constituye adulteración ni falsificación alguna. Así lo entendieron tanto el Ministerio Público, que cerró la investigación penal sin cargos, como la Corte Suprema, que confirmó lo resuelto en primera instancia y restituyó los derechos de nuestro cliente.

Este fallo reafirma principios fundamentales como la legalidad, la buena fe administrativa y el respeto a los derechos adquiridos. Rechazar o revocar residencias por el uso de un documento prorrogado —cuando esa es la única opción disponible para millones de venezolanos— no solo es jurídicamente insostenible, sino éticamente inaceptable.

Chile debe decidir si su política migratoria se guiará por la empatía y el derecho, o por el temor y la exclusión. Este caso debe ser un punto de inflexión. Como abogado, y como alguien que también ha enfrentado el exilio, no puedo olvidar que detrás de cada pasaporte prorrogado hay una historia de desarraigo, lucha y dignidad.

La Corte ha corregido una injusticia. Ahora es responsabilidad del Estado chileno evitar que se repita.

Corte Suprema Revoca Sanción A Migrante Venezolano “Penalizado” Por Usar Pasaporte Prorrogado

Por Braulio Jatar Alonso, director Socio de TC Abogados

La reciente decisión de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile, que dejó sin efecto la revocación de la residencia definitiva de un ciudadano venezolano por el solo hecho de haber utilizado un pasaporte prorrogado, representa no solo una victoria legal, sino también un acto de justicia que llega tras años de incertidumbre y vulnerabilidad.

Nuestro representado vivió en carne propia las consecuencias de una política administrativa rígida, que lo sancionó por una condición que no dependía de él. Su caso encarna la doble indolencia que enfrentan los migrantes forzados: la del régimen autoritario que los expulsa y la de los sistemas migratorios que, lejos de ofrecer acogida, desconfían por defecto de sus documentos y trayectorias.

Gracias al trabajo técnico y humano del abogado chileno Ernesto Manríquez —a quien reconozco y felicito por su profesionalismo ejemplar— logramos demostrar ante los tribunales que la prórroga del pasaporte venezolano es un acto legítimo del Estado venezolano, que no constituye adulteración ni falsificación alguna. Así lo entendieron tanto el Ministerio Público, que cerró la investigación penal sin cargos, como la Corte Suprema, que confirmó lo resuelto en primera instancia y restituyó los derechos de nuestro cliente.

Este fallo reafirma principios fundamentales como la legalidad, la buena fe administrativa y el respeto a los derechos adquiridos. Rechazar o revocar residencias por el uso de un documento prorrogado —cuando esa es la única opción disponible para millones de venezolanos— no solo es jurídicamente insostenible, sino éticamente inaceptable.

Chile debe decidir si su política migratoria se guiará por la empatía y el derecho, o por el temor y la exclusión. Este caso debe ser un punto de inflexión. Como abogado, y como alguien que también ha enfrentado el exilio, no puedo olvidar que detrás de cada pasaporte prorrogado hay una historia de desarraigo, lucha y dignidad.

La Corte ha corregido una injusticia. Ahora es responsabilidad del Estado chileno evitar que se repita.